El Fiscal General del Estado, Michael Mukasey, pidió hoy al Congreso estadounidense que reafirme la lucha contra el terrorismo y que establezca las normas para la aplicación del derecho de "habeas corpus" a los presos de Guantánamo.

Mukasey urgió al Congreso a que defina el proceso a seguir en los casos de los presos en la base militar de Guantánamo que quieran cuestionar su detención ante un tribunal civil, derecho que reconoció el pasado junio el Tribunal Supremo estadounidense.

La Corte dictaminó que los presuntos terroristas confinados en Guantánamo, que el Gobierno estadounidense califica como "combatientes enemigos", tienen derecho a cuestionar ante los tribunales locales la legalidad de su detención.

Mukasey subrayó que estas normas son necesarias para dar forma al fallo del Tribunal, porque tras su decisión "no detalló cómo se debe llevar a cabo ese derecho de 'hábeas corpus'" y a su juicio son casos que "pueden plantear serias cuestiones de seguridad nacional".

Por eso pidió que sea el Congreso y no los tribunales federales los que determinen estas normas.

"Cualquier legislación tiene que recordar que esta nación tiene abierto un conflicto armado con Al Qaeda, los talibanes y las organizaciones relacionadas, que han proclamado por si mismos una guerra contra nosotros", dijo.

"El Congreso tiene que recordar que durante el conflicto Estados Unidos puede detener, como enemigos combatientes, a aquellos que estén relacionados o den apoyo a Al Qaeda", agregó.

Desde que se conoció la decisión del Tribunal Supremo, los abogados de unos 200 detenidos en Guantánamo han presentado recursos ante la Corte Federal de Washington.

Precisamente hoy se celebra el juicio de Salim Ahmed Hamdan, ex conductor de Osama bin Laden y uno de los primeros detenidos en Guantánamo que intentó acogerse a este "habeas corpus".

Hamdan es acusado de conspiración, apoyo y suministro de material al terrorismo y puede ser condenado a cadena perpetua si es declarado culpable por el tribunal militar que lo juzga.

Los abogados de Hamdan habían pedido que no se celebrara el juicio amparándose en la decisión del Tribunal, pero la semana pasada un juez federal rechazó la petición.

Mukasey señaló que la decisión de la Corte Suprema sólo se centró en el derecho de los detenidos, en lugar de estudiar si la petición se puede llevar a cabo sin invalidar el sistema de comisión militar, como está tratando la defensa de Hamdan.

"Tenemos que recordar que está demostrado que muchos de los más de 200 detenidos que hay en Guantánamo están dispuestos a matar estadounidenses", señaló.