Un fondo de 5.000 millones financiará la reforma laboral

La reforma laboral no saldrá gratis al erario público. Para financiar los cambios en el coste de las indemnizaciones por despido y otras modificaciones, el Gobierno se plantea la creación de un fondo que se nutriría con recursos del Estado. El Gobierno está intentando dedicar a tal fin alrededor de 5.000 millones de euros de recursos del Ministerio de Trabajo que hasta ahora estaban infrautilizados.

En tiempos de austeridad, los técnicos del Gobierno diseñan economía de guerra, y han hecho acopio de fondos para engrasar un acuerdo en la mesa del Diálogo Social. Dos de las fuentes de las que se nutriría el fondo serían las bonificaciones a la contratación y el excedente acumulado por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que depende de Trabajo.

Por un lado, el Gobierno quiere reorientar parte de las bonificaciones a la contratación que tanto partidos políticos como agentes sociales han coincidido en que están desaprovechadas. Cada año, el Estado dedica 2.800 millones de euros a la bonificación de contratos, pero los interlocutores sociales ya han aceptado que esta cifra se reduzca considerablemente para centrarse sólo en los colectivos de peor empleabilidad, como jóvenes o parados de larga duración.

Ese ahorro está por determinar en la negociación, pero podría situarse en torno a 1.400 millones de euros, es decir, la mitad de lo que se destina actualmente a las bonificaciones. Esa cantidad se sumará al excedente de 3.600 millones de euros que tiene acumulado el Fogasa, un organismo financiado con aportaciones de las empresas y que se dedica a compensar los salarios impagados de las empresas en crisis, entre otras actuaciones.

El Gobierno pretende utilizar estos recursos como moneda de cambio en la mesa de negociación para que patronal y sindicatos acepten sus propuestas de cambio en el régimen actual de indemnización por despido. Todo está abierto a la negociación.

¿A qué se destinarán esos 5.000 millones? Por un lado, servirían para costear la reducción del 40% en los costes de la indemnización ofrecida por el Gobierno para los nuevos contratos de fomento del empleo indefinido en los casos de despido colectivo u objetivo de las empresas de más de veinticinco trabajadores. Además, podría ser utilizado para poner en funcionamiento el denomi-nado modelo austriaco de indemnizaciones, que crea un fondo individual para cada trabajador que se va acumulando a lo largo de toda su vida laboral y que puede ser rescatado en caso de despido o de jubilación. Incluso podría financiar la implantación de un sistema que hace compatible la reducción de jornada con el cobro de la prestación por desempleo (lo que se denomina el modelo alemán).

La creación de ese fondo haría inviable una rebaja de las cotizaciones de la Seguridad Social, que es una de las reivindicaciones principales de los empresarios, pero que al mismo tiempo es rechazada de plano por los sindicatos.