El sueño de cambio radical de la ciudad con el que se despertó Alberto Ruiz-Gallardón el día que asumió las riendas del Ayuntamiento de Madrid en 2003 le tiene ahora sumido en una pesadilla. Con una deuda de 7.145 millones de euros, el de Madrid es el consistorio más endeudado del país. La cifra acapara por sí sola el 25% de la deuda de los 8.114 consistorios españoles y es casi calcada a la suma del agujero financiero del resto de capitales de provincia del país.

El dinero que Gallardón debe a los bancos ha ido creciendo progresivamente desde que tomó el testigo de su compañero José María Álvarez del Manzano, que dejó una deuda de 1.455 millones. En el equipo del alcalde admiten las cifras. "La realidad es la que es". Y comentan con ironía "el caché" que da ser el ayuntamiento con mayor endeudamiento de España. Pero prefieren huir de calificativos. "¿Por qué tenemos que escuchar todos los días que nuestra deuda es gigantesca?, se preguntan. "Tenemos deuda, sí. Pero estamos tomando las medidas necesarias para dar un vuelco a los números", precisan.

Pese a este rechazo a poner adjetivos a la deuda, los datos son contundentes. Desde su llegada al consistorio, el endeudamiento se ha disparado un 391%. Y si en 2004 la deuda per cápita de los madrileños era de 685 euros, hoy supera los 2.000. Para el equipo del alcalde, este es el "peaje" que han tenido que pagar para dar un giro a la ciudad en un momento en el que "nadie podía prever la brutal crisis económica que vendría después".

Sin embargo, en Barcelona ha ocurrido lo contrario, por citar un ejemplo de ciudad similar a Madrid. En 2004 su deuda era de 1.207 millones de euros y desde esta fecha ha ido recortándose poco a poco y ha logrado incluso capear la crisis, instalándose en 794 millones.

Imposible comparar

Este tipo de comparaciones no sirven para el equipo de Juan Bravo, responsable de Hacienda del consistorio. En su departamento esgrimen que Madrid, por su población y por la cantidad de dinero que gestiona, no puede compararse a otros ayuntamientos. "No se pueden hacer ese tipo de extrapolaciones porque sólo tres comunidades autónomas [Andalucía, Catalunya y País Valencià] tienen más población que el municipio de Madrid [3.200.000 habitantes]. Tenemos la deuda que tenemos en función de nuestro volumen", argumentan en el equipo económico.

La oposición, sin embargo, contempla las cuentas municipales y lo primero que se les viene a la cabeza es citar la fábula de la cigarra y la hormiga. David Lucas, portavoz de los socialistas en el consistorio, considera que Gallardón se ha dedicado en los últimos años a "derrochar" el dinero sin tener en cuenta que podían venir horas más bajas. "¿Y quién pierde?", se pregunta. "El ciudadano, con peores servicios y más impuestos", responde Lucas. Para el dirigente socialista, el regidor es un ejemplo de "mala gestión de lo público".

Para los socialistas, el regidor es un ejemplo de "mala gestión de lo público"

El último intento del Ayuntamiento de Madrid de dar una vuelta a los números ha sido solicitar al Gobierno la refinanciación de su deuda, argumentando una discriminación respecto a las comunidades autónomas y al propio Estado, a quienes sí se les permite recurrir a este instrumento. Gallardón recibió un sonoro no en la Moncloa. Entendió el Gobierno que acceder a la petición del alcalde supondría, además de lanzar un mensaje contradictorio a los mercados, hacer discriminaciones de trato respecto al resto de ayuntamientos españoles que sí han hecho sus deberes.

Si a los 7.145 millones de deuda actual se restan los 1.440 millones que heredó de Álvarez del Manzano, el actual regidor es responsable de 5.705 millones de euros. O sea, una media anual de 815 millones. ¿Qué consecuencias tiene esa política para los madrileños?¿Cuáles han sido los proyectos que más han contribuido a que el ayuntamiento viva la mayor crisis de su historia? Los principales se resumen a continuación.

Soterramiento de la M-30: 3.000 millones

La construcción de los túneles de la M-30, la principal vía de circunvalación de la capital, no sólo ha supuesto para los madrileños el caos circulatorio y de obras que implica una construcción de estas características. Ha generado, además, el peor lastre para las cuentas del consistorio. De hecho, de los 7.145 millones de deuda, 2.325 corresponden a este proyecto del año 2004 que fue inaugurado por tramos, el último de ellos el 8 de mayo de 2007. Faltaban poco más de dos semanas para las últimas elecciones locales.

Según datos del ayuntamiento, la inversión de Madrid Calle 30, la sociedad creada para construir túneles en algunos tramos de esta carretera, ha supuesto una inversión total de más de 3.200 millones de euros. A ello habría que sumar las inversiones de las infraestructuras ligadas a este proyecto y resultarían los 4.300 millones que calculan los socialistas.

En el equipo municipal consideran que esta obra ha sido "fundamental". Argumentan que el coste total de la obra se desvió un 20% respecto a lo inicialmente presupuestado, una cifra "que está dentro de los límites" que permite la Ley de Contratos. Y que esta variación se debe a la "complejidad" del proyecto. ¿Qué han ganado los madrileños? "Los atascos se han reducido, no ha habido ni un solo accidente mortal en los túneles y se ha reducido la siniestralidad", resumen en la sede del Gobierno municipal.

Los socialistas no tienen tan claro que el soterramiento haya supuesto la transformación que pretendía el alcalde. "Se han perdido muchas oportunidades, se han dejado de cubrir múltiples necesidades de los distritos, por ejemplo los del sur y del este. Por no hablar de lo innecesario de algunas de las obras ligadas a la del soterramiento de la M-30", se lamenta Lucas, mientras insiste en suspender a Gallardón en lo que a gestión de los servicios públicos se refiere.

Una vez culminado el soterramiento, "el mayor esfuerzo inversor" del ayuntamiento, Gallardón se vio obligado en septiembre de 2008 a renunciar a cumplir el resto de compromisos de su programa electoral que implicaban inversiones. Se cumplían 16 meses de su segunda legislatura.

El "obrón" de Cibeles: 500 millones

No fue ningún dirigente socialista el que calificó de "obrón" la transformación que está experimentando el Palacio de Cibeles, sede de la alcaldía. La inventora del término ha sido Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las principales rivales con las que Gallardón cuenta dentro del PP. El "obrón" del que habla Aguirre se encuentra ubicado en una de las plazas más céntricas de la capital, está a punto de concluirse y responde al deseo del regidor municipal de trasladar su despacho desde la plaza de la Villa hasta Cibeles.

La remodelación costará a los madrileños más de 500 millones de euros. Cuatrocientos del coste del edificio, que se sufragaron con cesiones de inmuebles del ayuntamiento al Estado, y otros 125 de las obras de remodelación.

La oposición ha demandando insistentemente a Gallardón que paralice este proyecto, que ha sobrevivido sin problema a otros recortes puestos en marcha por el consistorio. Pero no va a ser así. Pese a que en el entorno del alcalde reconocen que si tuviesen que tomar hoy una decisión como esta, muy probablemente no se habría llevado a cabo, lo ciertos es que no están dispuestos a dar marcha atrás.

Y es que, además, en el equipo de Juan Bravo no comparten que las obras en Cibeles vayan a suponer 500 millones de euros para el bolsillo de los madrileños. Hacen otro cálculo: la remodelación ha supuesto a las arcas municipales 125 millones, de los que 100 están destinados a convertir parte del edificio en un enorme espacio cultural. Y no contabilizan los 400 millones del inmueble. "Es el valor por el que se permutó el edificio. El ayuntamiento ganó metros cuadrados. Y, además, el patrimonio municipal es igual antes y después de esta operación".

Alquiler de inmuebles: 52 millones

La resaca de la negativa del Gobierno a que el ayuntamiento refinancie su deuda se tradujo en un cruce de acusaciones en el que la presidenta madrileña no se mantuvo al margen. A la misma hora que Gallardón se lamentaba del "trato discriminatorio" recibido por Zapatero, Aguirre le hacía una recomendación al alcalde para que sus cuentas cuadrasen: que pusiera a la venta parte de su patrimonio inmobiliario, más de 800 edificios, muchos de ellos vacíos o infrautilizados, como han denunciado los socialistas.

La idea cayó como un jarro de agua fría en el consistorio y Bravo salió inmediatamente a descalificar la receta de la presidenta: "No es el momento para vender patrimonio público, no hay mercado a precios razonables y no tendríamos ningún beneficio para atajar el principal problema", respondió.

Pero este panorama es aún más complejo si se tiene en cuenta que el ayuntamiento destinó el pasado año 52 millones de euros al pago de alquileres. "Esto demuestra una pésima utilización del espacio público. Por un lado, tienes inmuebles prácticamente vacíos, como la Plaza de la Villa y la casas de la Panadería y de la Carnicería en la Plaza Mayor. Por no hablar de Cibeles. Y por otro, el gasto en alquileres supera los 50 millones", se lamenta David Lucas.

El nuevo plan de ajuste del municipio ha impulsado la revisión de parte de los contratos de arrendamiento. Para 2011, el departamento de Hacienda prevé un recorte de 5,3 millones por este concepto.

Gastos de personal: 1.473 millones

Desde 2004 hasta 2010, en plena crisis económica, el consistorio ha incrementado en un 47% los gastos de personal. Así, si los presupuestos de 2004 previeron 1.001 millones por este concepto, en 2010 la cifra ha sido de 1.473.

El mayor incremento de personal en el ayuntamiento en los últimos años se ha producido en los niveles 28, 29 y 30 de la administración, los que preceden a lo que se considera alto cargo. Mientras que en 2004 el consistorio, las empresas municipales y los organismos autónomos contaban con 876 trabajadores de estos niveles, la cifra en 2009 se ha duplicado hasta los 1.636 empleados.

Los socialistas ven "un escándalo" las cifras de cargos de confianza y de libre designación, sobre todo si se tiene en cuenta la deuda municipal, y han solicitado reiteradamente su reducción. Algo a lo que el equipo del alcalde responde con matizaciones.No rebaten las cifras. Pero las atribuyen a la "dinámica de la evolución de la administración en siete años" y al desarrollo de organismos ligados a la Ley de Grandes Ciudades aprobada por el Gobierno central.

Mientras, entre 2004 y 2010, los altos cargos han crecido un 32%. Y el total del personal funcionario, el 18,4%.

Inauguraciones: 500.000 euros

La oposición también ha puesto en el punto de mira algunos de los gastos más recientes del consistorio, como el coste que suponen algunas de las inauguraciones de los últimos proyectos del ayuntamiento. Es, por ejemplo, el caso del medio millón de euros que Gallardón decidió destinar a promocionar la zona comercial de la calle Serrano tras concluir su remodelación.

La mayor parte de estos 500.000 euros ha sido destinada a guías comerciales, folletos turísticos y banderolas. Todo ello, según el equipo del alcalde madrileño, para "dinamizar" una de las zonas que aglutina los comercios más exclusivos de la capital.

El alcalde que no practica lo que predica Rajoy

Mientras Mariano Rajoy no se cansa de cargar contra la subida de impuestos, el Ayuntamiento de Madrid, en manos de uno de los integrantes del Comité de Dirección del PP, camina en el sentido opuesto. Las cifras dan cuenta de ello. En los últimos siete años, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) ha subido un 200% de media, según cálculos del PSOE. Y los madrileños tienen que hacer frente, además, a una nueva tasa de basura. El propio Gallardón ha insistido en numerosas ocasiones en que el IBI no se ha incrementado por decisión del ayuntamiento, sino “como consecuencia de una actualización de los valores catastrales que es responsabilidad del Ministerio de Hacienda”. No obstante, el equipo del alcalde si asume "al cien por cien" la implantación de la tasa de basuras, pero sostiene que, comparado con otros consistorios, Madrid tiene una presión fiscal "baja".

El incremento del 50% de los trabajadores de los niveles 28, 29 y 30 en estos siete años tampoco encaja con lo que predica la dirección nacional del PP. Rajoy ha exigido en múltiples ocasiones al presidente del Gobierno que reduzca los puestos de confianza y de libre designación. También hace aguas la defensa que el PP nacional hace de las pymes y los autónomos. El ayuntamiento ha sustituido deuda financiera por deuda de proveedores, y acumula ya un retraso de nueve meses a la hora de pagar a estos. A día de hoy, Gallardón debe a sus proveedores 900 millones de euros.