El excopresidente de Novacaixagalicia (NCG), Julio Fernández Gayoso, defendió hoy la legalidad de las indemnizaciones y pensiones cobradas por los exdirectivos procedentes de Caixanova, que en su opinión merecían por ser los 'culpables del éxito' de la entidad, según fuentes jurídicas.

Fernández Gayoso declaró hoy como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el caso de las prejubilaciones millonarias cobradas por cuatro altos directivos supuestamente de forma indebida y gracias a la colaboración del excopresidente.

Fernández Gayoso deberá comparecer cada 15 días ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, que le ha impuesto las mismas medidas cautelares que al resto de imputados procedentes de Caixanova, que se fusionó a finales de 2010 con Caixa Galicia para crear Novacaixagalicia, intervenida en septiembre de 2011 por un agujero superior a 2.600 millones.

El excopresidente de la entidad defendió la buena marcha de Caixanova, entidad que había dirigido, y justificó que la necesidad de recibir ayudas públicas se debió al cambio en el marco normativo que exigió fuertes provisiones para elevar la solvencia del NCG. Tal y como habían declarado el resto de imputados, Fernández Gayoso insistió en que el consejo de administración de la entidad y el Banco de España tuvieron conocimiento de las modificaciones introducidas entre octubre y diciembre de 2010 en los contratos de José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada (procedentes de Caixanova) y Jesús García de Paredes (Caixa Galicia).

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, todos ellos percibieron 18,9 millones de euros, de los que deben devolver 7,87 millones de euros. Durante su declaración, Fernández Gayoso llegó a afirmar que el Banco de España disponía de un dossier en el que se detallaban las modificaciones de los contratos, que Anticorrupción precisó que no consta en el sumario.

No obstante, el excopresidente incidió en que no intervenía en las comunicaciones con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que correspondía realizar al exdirector general, José Luis Pego. En cualquier caso, Fernández Gayoso reconoció ser consciente de las cantidades multimillonarias que correspondía percibir a los exdirectivos, ya que el Banco de España obligó a la entidad a provisionar 28 millones de euros por los cambios en los contratos. Pese a ello, admitió que cuando se aprobó esa provisión no había cifras concretas porque no estaban todos los datos encima de la mesa.

Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción, el excopresidente de NCG se limitó a informar al consejo de administración de la entidad de las modificaciones en los contratos y, posteriormente, de la necesidad de realizar una dotación, sin detallar cantidad alguna.

Tal y como declaró en el Congreso, Gayoso insistió en que no tenía funciones ejecutivas en NCG, aunque perteneció a la Comisión Ejecutiva e informó favorablemente al consejo de administración sobre las modificaciones en los contratos, que previamente había revisado como presidente del Comité de Remuneración. Con la comparecencia de Fernández Gayoso, el juez Ismael Moreno ha finalizado la toma de declaraciones a los cinco imputados en el caso.