El Gobierno maneja el mes de mayo para dar un impulso al diálogo con las comunidades autónomas sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, a fin de dar tiempo al nuevo Gobierno gallego a conocer todos los términos de la negociación.

El Ejecutivo considera que el resultado de las elecciones autonómicas en Galicia ha retrasado el cierre de cualquier acuerdo en torno a la reforma del sistema, porque da por hecho que es el nuevo Gobierno de la Xunta, que presidirá Alberto Núñez Feijóo, del PP, el que debe pronunciarse al respecto.

Según han explicado a Efe fuentes de la negociación, esa circunstancia obliga a esperar hasta finales de abril, y casi con toda probabilidad hasta principios de mayo, para que el Ejecutivo gallego pueda disponer de todos los datos.

Después de las elecciones del pasado 1 de marzo, en las que el PP consiguió la mayoría absoluta, el Parlamento gallego se constituirá el 1 de abril, y luego se fijará la fecha para la investidura de Núñez Feijóo como presidente de Gobierno, previsiblemente en la primera quincena de ese mismo mes.

También Euskadi celebró elecciones el pasado día 1, pero, dado que tiene un régimen económico fiscal propio, al igual que Navarra, el resultado de sus comicios autonómicos y la posibilidad de que haya un cambio en el Gobierno vasco no influye en la negociación sobre la financiación de las comunidades.

Una negociación que se encuentra aparentemente en "stand-by" desde poco antes de la campaña electoral vasca y gallega, cuando el Ministerio de Economía y Hacienda comunicó a las autonomías los elementos del nuevo modelo, incluida la cuantía.

A finales de diciembre, el Gobierno propuso un modelo que incluye la creación de tres fondos, entre ellos uno de competitividad, para reducir las diferencias per cápita e incentivar la capacidad y el esfuerzo fiscal de las comunidades, y otro de cooperación, cuyos recursos se distribuirán entre las regiones de menor riqueza.

El tercero serviría para compensar a las regiones que menos crecen en población, un dinero que beneficiaría a regiones como Aragón, Castilla y León, Asturias o Extremadura.

Se trata también de otorgar mayor autonomía financiera a las comunidades a fin de que éstas dependan menos del Estado.

Plantea destinar, asimismo, unos 3.000 millones de euros para cubrir los incrementos poblacionales que hayan experimentado las comunidades desde el último censo, que data de 1999, y que trata de favorecer la actualización de los niveles de población de cada una de las autonomías, algo que vienen reclamando diversos gobiernos regionales.

No obstante, la discreción sobre las cifras ha sido tal que no ha trascendido ningún dato específico, salvo que el coste total estará rondando los 7.000 millones de euros.

La modificación del sistema actual, vigente desde el año 2001, era un compromiso adquirido por el Gobierno socialista durante la pasada legislatura, cuando se responsabilizó de presentar un modelo nuevo antes del 9 de agosto de 2008.

Posteriormente la reforma se fue posponiendo hasta que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, inició el pasado 20 de diciembre una ronda de contactos con presidentes autonómicos para intentar alcanzar un pacto.

Sin embargo, la convocatoria de las elecciones en Galicia y País Vasco volvió a provocar otro retraso.

Cuando el Gobierno presente un documento definitivo, éste será sometido a votación en el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Luego se redactarán los textos de los anteproyectos y la ley con las memorias económicas, jurídicas e informe de impacto de género que, tras su aprobación en el Consejo de Ministros, pasará a las Cortes Generales.