Diecinueve hombres y cuatro mujeres optan a los cuatro puestos de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que debe elegir el Senado, entre ellos los ex miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Francisco José Hernando y Enrique López, las únicas propuestas del PP.

El proceso de elección de candidatos por parte de las comunidades autónomas ha culminado hoy después de que el parlamento más rezagado, el de La Rioja, decidiera a primeras horas de la tarde ratificar a sus dos aspirantes: Enrique López por el PP e Ignacio Espinosa por el PSOE, tras quedarse fuera Carlos Coello, propuesto por el Partido Riojano.

Baleares y Asturias han sido las dos únicas comunidades que han decidido desvincularse de este proceso; la primera de ellas porque prefería un pacto nacional entre partidos y la segunda porque ningún grupo registró a sus candidatos en el plazo establecido.

Una selección que se reinició a finales de julio cuando el presidente del Senado, Javier Rojo, instó a las asambleas autonómicas a retomar el procedimiento que les permite proponer candidatos una vez que el TC lo declarara constitucional al rechazar el recurso del PP.

No ha estado exento de polémica este proceso, sobre todo cuando los "populares" decidieron proponer al ex presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo Francisco José Hernando, y al ex portavoz del órgano de gobierno de los jueces Enrique López.

Ambos han reconocido públicamente su rechazo al Estatuto de Cataluña y a la Ley de matrimonios homosexuales, circunstancia por la que los socialistas han acogido con reservas sus candidaturas.

Pese a toda esta polémica, podría ocurrir que ninguna de las 23 personas propuestas fuera finalmente elegida por la Cámara Alta, que a partir de ahora inicia los trámites previstos para la designación.

Y es que la Mesa del Senado se reúne hoy y, previsiblemente, diseñará ya un calendario que arrancará con la convocatoria de la Comisión de Nombramientos, un órgano que analizará la idoneidad de los 23 candidatos y elevará cuatro de ellos al pleno de la Cámara Alta, en el que deberán obtener una mayoría de tres quintos.