Después de meses de negociaciones frustradas, hoy habrá reforma de la negociación colectiva. Unilateral, porque, como en otras ocasiones en los últimos años, sindicatos y patronal no han conseguido pactar una reforma que era prioritaria para el Gobierno. Es previsible que el borrador registre algunos cambios. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ya apuntó ayer uno: el tiempo máximo para negociar la renovación de un convenio estará entre 12 y 18 meses, en función de su complejidad, y no en 20 meses, como contemplaba el primer texto, adelantado el miércoles en exclusiva por Público.

Fuentes cercanas a la negociación aseguran que la patronal no ha hecho alegaciones al texto, aunque sí los sindicatos. El Gobierno podría introducir algunas de estas apreciaciones sindicales, aunque aseguran que son de carácter técnico y que sólo afectarían a la redacción del texto, pero en ningún caso a la 'parte sustancial' de la reforma.

Los sindicatos no se sienten 'vinculados' con la reforma

El vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, cenó el miércoles por la noche con los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez. La cena tuvo lugar en el Ministerio de Interior. Según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo reconoce el esfuerzo negociador que ha existido por parte de los sindicatos. De hecho, el ministro de Trabajo animó ayer a centrales y patronal a seguir dialogando para pactar enmiendas que llevar al debate parlamentario. Y es que, una vez que el Consejo de Ministros apruebe hoy la reforma, enviará rápidamente el texto al Congreso.

'El diálogo debe continuar', remarcó Gómez, que precisó que, en caso de que los agentes sociales lleguen a acuerdos para pactar enmiendas sobre flexibilidad interna, 'ni por parte del Gobierno ni del Grupo Socialista habrá ninguna dificultad para trasladarlo en forma de enmiendas'. También señaló los mecanismos de mediación y arbitraje como un punto en el que ambas partes pueden 'avanzar en la negociación'.

Entre los posibles apoyos parlamentarios, el Gobierno no parece contar ya con CiU, que se posicionó ayer claramente del lado de la patronal. Su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, aseguró que el grupo no apoyará la reforma de la negociación colectiva porque el borrador les parece una propuesta 'desequilibrada', tal y como dijo el miércoles el presidente de la CEOE, Juan Rosell. Duran i Lleida señaló que el documento no aborda el absentismo, no menciona la necesidad de ligar los salarios a la productividad y no afronta el tema de las mutuas. 'Es un documento completamente insuficiente', dijo.

Las grandes empresas pagarán los ERE iniciados tras el 27 de abril

Con quien sí cuenta el Ejecutivo es con el respaldo del PNV, que ya se ha mostrado dispuesto a hacer 'un esfuerzo' para apoyar una reforma que consideran compañera imprescindible de la reforma laboral. El Gobierno intentará también pactar con la izquierda parlamentaria, que se ha mostrado cercana al texto.

A pesar de la reticencia de sindicatos y patronal, fuentes gubernamentales se muestran convencidas de que la reforma de la negociación colectiva sí será útil para el mercado laboral y la reactivación del empleo, una vez que arranque la recuperación económica. Además, el Ejecutivo considera que el mantenimiento de la ultraactividad (la vigencia de los convenios una vez han caducado y mientras se negocia otro) es un claro guiño a los sindicatos. También considera positivo que, desde ahora, el convenio de empresa prevalezca sobre el provincial.

Gómez dejó claro ayer que las negociaciones con los grupos parlamentarios nunca supondrán aprobar un sistema de ultraactividad que desproteja a los trabajadores.

Por su parte, los sindicatos dijeron ayer no sentirse 'comprometidos' con la reforma. No obstante, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, admitió que se salvan 'algunos muebles', como la ultraactividad, aunque muchos otros aspectos le parecen 'manifiestamente mejorables'. 'No nos sentimos vinculados con su propuesta', subrayó el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer. Recalcó también que dar preferencia al convenio de empresa es 'romper el acuerdo'.

La posición patronal también se repitió ayer en boca, de José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, que ve la reforma 'insuficiente' para 'el objetivo principal' que persigue y que es 'la creación de empleo, informa Susana R. Arenes.

El PSOE ya ha puesto fecha al nuevo criterio de aplicación de los expedientes de regulación de empleo (ERE). Todas aquellas empresas con más de 500 trabajadores y que tengan beneficios tendrán que compensar al Tesoro Público en los ERE iniciados a partir del pasado 27 de abril. Es el caso de Telefónica, que precisamente anunció su ERE a mediados de abril. La fecha se incluye en una nueva enmienda del grupo socialista a la reforma de las pensiones.