Interior amplía el espacio de inadmitidos en Barajas

Miles de viajeros de Argentina, Chile, Brasil o Bolivia, algunos de ellos simples turistas, han comprobado en el último año la dureza de las fronteras aeroportuarias en España. El Ministerio del Interior devolvió en 2007 a 50 personas al día a su país de origen por el miedo a la inmigración irregular. Muchos de esos 18.000 viajeros devueltos denunciaron las condiciones inhumanas vividas en las horas, e incluso días, de espera en la sala de inadmitidos. El Gobierno anunció ayer que el martes estrenará una nueva sala en la terminal T-4 de Barajas. Promete duchas y salas de juegos para niños.

La nueva sala de inadmitidos de Barajas tendrá una superficie de 763 metros cuadrados. Su capacidad será añadida a la existente actualmente en la terminal 1. Según informó Interior a Efe, el nuevo espacio contará con habitaciones para dormir y aseos con duchas, y estará al cuidado de asistentes sociales. Interior no confirmó la capacidad total de inmigrantes que tendrá Barajas a partir.

Algunos de los viajeros devueltos desde Barajas denunciaron la falta de higiene de la sala de rechazados. Aunque la ley dice que quienes no cumplan los requisitos serán devueltos en menos de 72 horas, muchos de los repatriados pasaron hasta una semana incomunicados en las dependencias del aeropuerto.

Uno de ellos fue Walter Ricardo, el ciudadano argentinos devuelto a su país, que en marzo denunció su caso en Público. Estuvo durmiendo durante tres días sobre unos bancos del aeropuerto a la espera de su vuelo de regreso y apenas pudo acceder al agua caliente durante unas horas. Según los funcionarios de Extranjería no cumplía los requisitos para entrar en España, a pesar de que sólo pretendía acudir a la boda de su hermano emigrante.

Los requisitos exigidos a los extranjeros son una carta de invitación, el billete de regreso, una reserva de hotel o una garantía económica de que el viajero tiene dinero para subsistir en el país los días que dice que va a pasar.

El aumento de los extranjeros rechazados en 2007 respecto a 2006 (un 55% más) provocó la alarma de varias ONG. El juez Santiago Torres denunció en mayo que la sala de Barajas no cumplía los requisitos mínimos.