El juzgado que instruye la causa abierta contra el ex presidente de Anesvad José Luis Gamarra por la comisión de un presunto delito de apropiación indebida y estafa procesal ha decretado una fianza de 300.000 euros para que el procesado pueda eludir su situación de prisión provisional.

Según un auto hecho público hoy, la titular del juzgado de instrucción número 8 de Bilbao, que instruye este caso, establece que Gamarra deberá satisfacer la fianza para eludir la prisión y, una vez en libertad provisional, tendrá la obligación de comparecer ante el juzgado los lunes de cada mes y no podrá salir del territorio español.

Para ello, la juez ordena que, junto a la fianza, el ex presidente de Anesvad presente su pasaporte.

Además, se le prohíbe aproximarse a la sede y locales de la Fundación Anesvad y comunicarse por cualquier medio con los trabajadores de esa ONG, para lo cual la magistrada dirigirá un oficio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Bilbao para que velen por el cumplimiento de esta medida cautelar de alejamiento.

También se requiere al inculpado la obligación de comunicar al juzgado cuantos cambios de domicilio realice.

El pasado julio la Audiencia Provincial de Vizcaya denegó la solicitud de revocar la prisión provisional de Gamarra al estimar que existía peligro de fuga gracias al capital que posee en cuentas en el extranjero y a su condición de miembro del Cuerpo Consular como cónsul honorífico de Filipinas.

Ahora, la magistrada instructora argumenta que las circunstancias que motivaron la prisión provisional de Gamarra -evitar la ocultación, alteración y destrucción de pruebas y el riesgo de fuga- no han desaparecido pero "sí han cambiado" y por ello "procede modificar la situación personal del imputado".

Respecto al peligro de ocultación, alteración o destrucción de pruebas, la jueza dice que "se puede afirmar que dicho peligro ha disminuido desde que se adoptó la medida cautelar consistente en la administración judicial de la Fundación Anesvad".

"Ello implica que desaparece el riesgo de que el imputado, ya sea personalmente o a través de los antiguos miembros del patronato, pudiera tener acceso a papeles, ficheros informáticos u otro tipo de documentos de la Fundación la finalidad de ocultar, manipular o destruir pruebas relevantes para el proceso", dice la magistrada.

Matiza que, aunque el "riesgo ha disminuido, no ha desaparecido" y por ello justifica su decisión de ordenar la prohibición de acercamiento del imputado a la sede y locales de la Fundación y de "comunicarse por cualquier medio con los trabajadores" "porque a pesar de que muchos de ellos han declarado ante la policía" todavía "quedan pendientes de practicar numerosos declaraciones testificales".

"La no adopción de esta medida implicaría la posibilidad de que el imputado influyera sobre los testigos, dada cuenta que, según manifestaciones de éstos, los trabajadores de Anesvad se limitaban a dar estricto cumplimiento a lo que el imputado les ordenaba", añade.

Explica que tampoco ha desaparecido el riesgo de fuga dado que mantiene la consideración de cónsul honorífico de Filipinas, pero explica que existen otras medidas menos gravosas para evitar el riesgo de fuga, como la retención de su pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado los lunes de cada mes y "ante el órgano judicial que en su día conozca de la causa cuantas veces fuera llamado".

En el auto la magistrada afirma que "existen indicios abrumadores en la causa de los que se derivan que no todas las donaciones recibidas por la Fundación Anesvad se encuentran en el patrimonio de Anesvad así como indicios de que dinero desviado ha sido para beneficio particular del imputado".

Precisa que en la fase de instrucción está tratando de resolver dónde se encuentran diversos cheque "con destino a una cuenta cuyo titular es José Luis Gamarra" con cantidades, entre otras, de 601.012,10 euros, 12.000 y 198.000 euros.

También se desconoce dónde está "la cantidad total de 291.745,90 euros" o "por qué cuentas que se nutren de donativos de particulares no aparecen bajo el control de la Fundación", y queda por "determinar el resultado de las informaciones solicitadas a Suiza y Francia sobre cuentas que el imputado tienen abiertas a su nombre en dichos países", entre otras presuntas irregularidades.