El magistrado Juan Climent se ha visto de nuevo obligado a afear la conducta de Francisco Camps este martes durante la vigésima sesión del juicio por cohecho pasivo impropio.

Si ayer se dedicó a hablar por el móvil y a hacer gestos a los agentes que declaraban, hoy el ex president de la Generalitat valenciana ha tenido que ser reprendido por el magistrado por hacer de nuevo gestos de aprobación o desaprobación a lo que se iba diciendo, esta vez a un perito, funcionario del Ministerio de Economía y Hacienda. 

Climent ha vuelvo a pedir respeto por las formas al ex president, tras solicitar que se colocase correctamente en su asiento para poder verle mejor. "Señor Camps, por favor, estése quieto, no haga gestos de aprobación o desaprobación de lo que dice quien sea. No haga gestos por favor, solo le pido eso", le ha espetado.

La actitud chulesca de Camps empieza a ser una constante en el proceso por la 'trama Gürtel'. Ayer, llegó a dirigirse al público entre grandes gestos y con los ojos fuera de las órbitas y exclamó: "¡Son de la Stasi, de la Policía Comunista! ¡Son unos marxistas!".

Gómez ha prestado declaración esta mañana, en la vigésimo sesión del juicio, en calidad de perito a petición del abogado de la acusación popular (PSPV), y ha relatado ante el tribunal el contenido del informe que elaboró el 13 de abril de 2010 tras solicitárselo el titular del juzgado Central de instrucción de Madrid.

Según ha dicho, el sistema de contrataciones en la Comunitat era "similar" al de otras autonomías, en cuanto al uso de contratos menores —de cuantía inferior a 12.000 euros y sin publicidad ni concurso— y de adjudicaciones.

El perito ha relatado que, en total, 17 centros gestores —entre consellerias, fundaciones y empresas públicas— contrataron con nueve empresas de la trama. También ha concretado, respecto a contratos menores, que no existía la posibilidad de impugnarlos porque no había un proceso abierto.

En cuanto a adjudicaciones, el perito —quien ha afirmado desconocer el porcentaje exacto de los contratos dados por parte de la administración valenciana a empresas del grupo— ha indicado que en algunos casos se pedían ofertas a tres empresas del mismo grupo, por lo que el precio se pactaba entre las mismas.

Si no era así, ha comentado que "se valoraban criterios objetivos con una puntuación baja, mientras que la más alta se dejaba para criterios subjetivos como la creatividad o el diseño". También se fracturaban contratos mayores para evitar los expedientes administrativos.

Gómez ha puesto el ejemplo de la adjudicación de Fitur 2005. Al respecto ha explicado que pese a que se adjudicó a Orange Market, luego se dejó al margen a dos consellerias —Territorio e Infraestructuras— para que pudieran tramitar otros expedientes del evento. Estas dos entidades, ha agregado, contrataron con las mismas empresas y fraccionaron el importe "que debería de haber salido a concurso". Preguntado por si era necesaria la autorización del presidente de la Generalitat para este tipo de adjudicciones, ha contestado que no, aunque sí una "comunicación" al gabinete de Presidencia.