El juzgado número dos de Puerto Real (Cádiz) ha dictado un auto en el que cierra cautelarmente la perrera 'El Refugio', ubicada en este municipio, e inhabilita al veterinario titular, tras las denuncias realizadas por la organización ecologista del mismo nombre.

Según ha explicado la organización El Refugio en un comunicado, es la primera vez en España que se cierra de forma cautelar una perrera, después de que en este año hayan muerto 566 perros y gatos presuntamente por asfixia después de inyectarles un paralizante.

Desde El Refugio "se aplaude" cada párrafo de este auto de la Juez, que se fundamenta en un informe del Seprona de 64 paginas y en las declaraciones de varios testigos y del los imputados, además de las contradicciones del veterinario titular R.P.B. en su declaración ante la Juez el martes pasado.

"Este auto con el que se cierra cautelarmente la perrera de Puerto Real, es un gran paso adelante en la protección animal y nos anima a continuar trabajando en defensa de los animales", ha manifestado el presidente de El Refugio, Nacho Paunero.

Según el auto judicial, existen "indicios de criminalidad o necesidad de protección inminente de bienes jurídicos y proporcionalidad", así como "indicios suficientes de que el Veterinario titular R.P.B. pudiera ser responsable en concepto de autor de un delito de maltrato de animales domésticos del articulo 337 del código pena, esto es del maltrato con ensañamiento y de forma injustificada de animales domésticos que les cause la muerte".

En cuanto a las explicaciones ofrecidas en su declaración por el veterinario titular R.P.B acerca de la forma en que utiliza la sustancia mioflex en la practica de "eutanasias" a los animales, "no resultan convincentes, máxime cuando por un lado manifestó desconocer cual es el principio activo de esta sustancia pero, por otro, manifestó aplicarla post mortem como miorelajante".

Con este auto, según El Refugio, los ayuntamientos como Cádiz, Puerto Real, Algeciras, entre otros que todavía tienen contratos con la perrera, "tiene la oportunidad de cancelarlos".

El Refugio denunció los supuestos hechos ilícitos ante el Seprona el pasado 15 de junio, después de una instrucción por parte del Equipo de investigación de El Puerto de Santa María de este cuerpo que elaboró un informe de 64 folios, se inicia un procedimiento penal en el Juzgado nº 2 de Puerto Real.

El Refugio esta personado como acusación en el primer procedimiento penal contra una perrera en España.