Los catedráticos en Derecho Administrativo Tomás Ramón Fernández y Enric Argullol i Murgades, y el Consejero de Estado Enrique Alonso han sido los encargados de abrir hoy las comparecencias en el Congreso de los Diputados sobre la proposición de ley para regular la tauromaquia como Bien de Interés Cultural.

Fernández, primero de los cuatro representantes del grupo popular, versó su comparecencia en la defensa de los toros desde un punto de vista jurídico, al considerar 'indiscutiblemente' que la tauromaquia 'forma parte del Patrimonio Cultural español'. 'Según el artículo 46 de la Constitución, los poderes públicos están obligados a conservar y promover el enriquecimiento del Patrimonio Cultural español, y como tal, la tauromaquia es, inequívocamente, Patrimonio Cultural', señaló Fernández. Y en este sentido, para Fernández, 'la cultura está por encima de la ley, por lo que el legislador nunca debe prohibir ni eliminar ninguna manifestación cultural'.

Además, desde un enfoque puramente jurídico, 'el Parlamento español tiene una deuda con la Fiesta, al haberla ignorado, jurídicamente hablando, desde la era constitucional, y con este texto, por fin, se crea un precedente fundamental para salvaguardar una disciplina artística que hace feliz a mucha gente', finalizó.

El segundo compareciente en esta primera jornada matinal, a propuesta del PSOE, ha sido Enrique Alonso, quien ha tratado de mostrar una actitud 'lo más objetiva posible', abordando la tauromaquia desde distintos puntos de vista. 'No me inquieta que la gente vaya a una plaza de toros, pero sí me molesta ser identificado como español por el toreo, y como yo hay muchas personas que piensan así, por eso esta ley va a generar un conflicto interno entre la sociedad española, a la que va a enfrentar', señaló Alonso.

Para el Consejero de Estado el debate taurino, desde una visión científica, está finalizado: 'El animal sufre, y en este sentido existen leyes que regulan y censuran el maltrato animal, que sólo se permite, como única excepción, por cultura y tradición'. En el aspecto económico 'si el toreo dependiera del bolsillo de los españoles, la Fiesta desaparecía mañana', apostilló.

Además, Alonso llevó a cabo un análisis también ecológico de la importancia del toro bravo en el patrimonio biológico español, como un animal que 'genera dinero en el campo', aunque, a su juicio, 'el cerdo ibérico tiene más importancia en el mantenimiento y conservación de las dehesas y del mundo rural'. No obstante, Alonso señaló que 'respeta' a los que le gustan los toros, un espectáculo con el que 'mucha gente se siente identificado' y 'constitucionalmente es igual de lícita su defensa como su detracción'. 'Pero hoy en día hay que ser consecuentes con lo que significa vivir en Europa, pues la función esencial de un estado liberal es la erradicación del maltrato animal, algo que, por desgracia, ha estado siempre muy ligado a la cultura española', concluyó.

El tercer y último compareciente en el turno de la mañana, Enric Argullol i Murgades, representante en la Mesa de Cultura de CiU, apeló al término de 'pluralismo territorial y cultural', que recoge la Constitución, para iniciar su intervención. 'España es estado plural lingüística, jurídica y constitucionalmente hablando, un país con varias culturas, y en la que hay que ser consecuentes con cada una de ellas, pues no es lógico convertir en uniforme unas tradiciones que no se han aplicado de manera uniforme en todas las regiones españolas', manifestó.

Argullol i Murgades agregó que, basándose en esa pluralidad, el gobierno central 'no debe imponer a ninguna comunidad autónoma la regulación, por ley, de la fiesta de los toros como Bien de Interés Cultural'. 'Debe ser potestad y competencia exclusiva de las autonomías, asumiendo sus estatutos con total independencia, tomar este tipo de decisiones, como bien se hizo en Catalunya en el año 2010', finalizó.