De las más de 50.000 multas y sanciones por las irregularidades durante el estado de alarma, como el incumplimiento del toque de queda, fiestas con no convivientes en casas y los numerosos botellones que, todos los fines de semana llenan las calles de España, ni la Comunidad de Madrid, ni el Ayuntamiento, han cobrado ni una sola sanción. Según ha publicado El País, la Consejería de Sanidad de la Comunidad acaba de privatizar la gestión de dichas multas. Además se ha hecho cargo de las del Ejecutivo de la capital. 

La gestión de Ayuso durante la pandemia ha sido la consecuencia de que Madrid siga en los peores puestos en cuanto los efectos de la covid-19. Las pocas restricciones impuestas en la capital se limitan a las que mandan desde el Gobierno central. Según el medio que lo publica, "se han firmado casi 100.000 sanciones en la capital por la covid-19 y se han comprado realmente solo el 2%". 

El Ayuntamiento y la Comunidad justifican los malos datos de la pandemia a la "gran densidad de población" que tiene la capital. Además, al estar ambas gobernadas por el PP, no dudan en oponerse a todas aquellas restricciones que desde el Ejecutivo de Sánchez sugieren debido a la gran incidencia acumulada que sigue teniendo Madrid. Según el medio, el Gobierno regional rechaza dichas restricciones alegando que en otras zonas de España, "los balances estadísticos de la pandemia no son mucho peor" que en la capital, a pesar de tener unas limitaciones y restricciones mucho más duras. 

Sólo este fin de semana en Madrid la Policía ha intervenido en 354 fiestas ilegales. El balance anterior data de la Semana Santa cuando los agentes intervinieron una media de 117 fiestas ilegales diarias. A pesar de ello y de los malos datos que hay en la capital, la Comunidad todavía no ha gestionado las multas impuestas durante el primer estado de alarma. Durante la primera parte de la pandemia, se pusieron 42.751 sanciones, de las cuales únicamente se han tramitado 25.000.  

La falta de inspectores y por lo tanto, de recursos, puede ser la causante de que desde el Ayuntamiento derivaran los trámites de dichas sanciones al Comunidad. Aunque desde el Gobierno de la capital tampoco están muy libres para hacerse cargo de ellas, ya que sus inspectores también están al tanto de las irregularidades relacionadas en el ámbito de la salud por la covid. Las residencias, hospitales y centros de salud han sido también noticia de muchas anomalías en la gestión de la pandemia. 

Según el BOE publicado el pasado julio, la cuantía de las infracciones depende de la gravedad de ellas. "A las infracciones muy graves les corresponde una sanción de multa entre 60.001 y 600.000 euros. A las infracciones graves les corresponde una de multa entre 3.001 y 60.000 euros. Y a leves les corresponde una sanción de multa entre 100 y 3.000 euros".