La pandemia ha pasado factura. Si la situación anterior era preocupante, ahora el panorama es grave y desolador para las seis millones de personas en pobreza severa y los 11 millones de ciudadanos que viven en exclusión social. 

El informe "Sociedad expulsada y derecho a ingresos" elaborado por Cáritas y la Fundación Foessa revela "ensanchamiento del espacio de la exclusión social" debido al aumento en 2,5 millones de las personas que viven en pobreza severa respecto de 2018.

Las conclusiones de la investigación ponen de manifiesto que la pandemia "ha golpeado con más fuerza a los que ya tenían dificultades para mantenerse a flote". "Son los que no han percibido el escudo social, carecen de mecanismos de protección desgastados desde la crisis de 2008", declara Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española.

En este sentido insisten en el "impacto desolador y muy preocupante" que deja la crisis de la covid en las condiciones de vida y el nivel de integración de las familias vulnerables. Los datos detallan una debilitación de la integración social, que ahora solo la pueden disfrutar cuatro de cada diez hogares de España. Supone un descenso de más de 7 puntos respecto del año 2018.

El perfil de los hogares más vulnerables

La investigación dibuja los grupos y colectivos que están sufriendo más la crisis social derivada de la pandemia. Como grupo "tradionalmente débil" ante la exclusión social están las familias numerosas (47%) o de un hogar monoparental, sobre todo cuando la sustentadora principal es una mujer.

Otro de los condicionantes que hacen que se dispare su exclusión social es el origen. La pandemia "ha cronificado" la situación "de desventaja" de la población migrante. Así lo atestiguan los datos: representan un 38% de las personas que sufren exclusión y un 65% de las que padecen exclusión severa.

La brecha digital supone otro obstáculo más y afecta a un 46% de los hogares en situación de exclusión. No disponer de una buena conexión de internet o la carencia de dispositivos electrónicos marca una "fuerte discriminación" que se traduce en menos oportunidades laborales, desventajas respecto a otros alumnos en el entorno educativo, la erosión de las relaciones sociales o la dificultad para acceder a subvenciones públicas.

"Es primordial impulsar medidas y estrategias que garanticen el acceso al derecho a una conexión a internet de buena calidad, a tener dispositivos que permitan esa conexión y el derecho a adquirir competencias o habilidades para desenvolvernos en ese mundo", indica Peiro.