El Parlamento de Cataluña aprobó el jueves una resolución en la que defiende la legitimidad del Estatuto de esta comunidad e insta a la renovación del Tribunal Constitucional, que este mes no pudo ponerse de acuerdo por quinta vez para emitir una sentencia sobre el texto.

cuyo recurso de inconstitucionalidad fue presentado hace cuatro años por el Partido Popular - puesto que el mandato de cuatro de sus doce miembros ha caducado y tiene que cubrir una vacante por defunción.

"El Parlamento de Cataluña constata que, después de cinco intentos fallidos de dictar sentencia, el Tribunal Constitucional no está en condiciones de ejercer las tareas que constitucionalmente tiene asignadas", dice el texto, aprobado con los votos a favor de todos los grupos menos el Partido Popular de Cataluña y el Grupo Mixto.

"En este sentido, el Parlamento promoverá todas las acciones a su alcance con el fin de conseguir que el Tribunal Constitucional se declare incompetente", agrega.

El 16 de abril el Constitucional rechazó la última ponencia sobre el Estatuto de Cataluña tras no llegar a un acuerdo en los aspectos más polémicos del texto, entre ellos el reconocimiento de Cataluña como nación, el deber de conocer el catalán, el derecho de autodeterminación y un papel destacado en las relaciones con la Unión Europea.

El rechazo de la quinta ponencia por seis votos frente a cuatro desató una oleada de reacciones contrarias entre la mayoría de los partidos catalanes, que pidieron la renovación de los magistrados del tribunal.

La presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, denunció posteriormente una campaña de desprestigio contra el alto tribunal por las críticas recibidas tras el último intento fallido de lograr una sentencia, mientras diversos políticos se enzarzaban en un debate sobre la necesidad o no de renovar la Corte.

INEXCUSABLE NECESIDAD

tarea que corresponde al Congreso de los Diputados - y "a desbloquear el procedimiento de designación de los cuatro magistrados (...) , que se encuentra pendiente desde hace más de dos años en el Senado".

La resolución también insta a impulsar en el Senado una reforma de la ley orgánica que regula el Constitucional para evitar que se prolongue forzosamente el mandato de los magistrados.

El Parlamento, que aprobó el Estatuto antes de que fuera sometido a un referéndum, reitera su convicción en la plena constitucionalidad del texto y en que "ha alcanzado la máxima legitimación posible precisamente porque ha sido refrendado por la ciudadanía a que tiene que servir".

A finales de julio de 2006, poco después del referéndum, el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad, que afecta a 114 artículos y 12 disposiciones y tiene más de 400 folios. El PP alegó que su objetivo es defender la Constitución y los derechos de los ciudadanos.

Posteriormente, se admitieron a trámite otros seis recursos de inconstitucionalidad contra la norma catalana: del Defensor del Pueblo y de las Comunidades de Murcia, Baleares, La Rioja, Comunidad Valenciana y Aragón.

El TC está integrado por 12 miembros, cuatro nombrados por el Congreso y cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial.

En el caso del Estatuto de Cataluña sólo intervienen 10, tras la muerte de García-Calvo y la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps, por un trabajo que realizó para la Generalitat de Cataluña sobre las relaciones exteriores de Cataluña, que proponía fórmulas que posteriormente se habrían plasmado en el Estatuto, según las alegaciones del PP admitidas en la recusación.