'Es una indecencia política, un pisoteo al Parlamento y un atropello democrático; estamos en la misma situación que hace cinco meses'. Con estas palabras denunció ayer el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, la negativa de la Agencia de Innovación a entregar el expediente sobre la subvención de 10 millones a Minas de Aguas Teñidas (Matsa), donde trabaja la abogada Paula Chaves, hija del vicepresidente tercero y ex presidente andaluz, Manuel Chaves.

La Junta se remite al artículo 7.1 del Reglamento del Parlamento, que impide dar documentos si ello conculca la protección de datos. No obstante, el PP sí pudo consultar ayer el expediente, y por segunda vez, pero no encontró nada nuevo. 'Esto deja a las claras que el PSOE tiene mucho que ocultar y que confunde la Administración con su patrimonio', insistió Sanz, que afirmó no poder presentar formalmente la querella sin documentos. El PP apunta a un 'presunto incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades, prevaricación, nepotismo y tráfico de influencias'.

Tras descargar su adrenalina contra la imposibilidad de sacar un solo papel y exigir la dimisión de Chaves y el consejero Martín Soler, Sanz dedicó unos minutos al contenido del expediente: 'Podemos ratificar que cuando Chaves concede la subvención, el 20 de enero, su hija ya era apoderada de la empresa y así consta en el apoderamiento, de 14 de enero', argumentó en una rueda de prensa en presencia de José Luis Rodríguez y Jorge Ramos, los diputados que vieron ayer y el 12 de mayo el expediente.

Sin embargo, a preguntas de los periodistas, admitieron no poder probar documentalmente que ese poder fuera registrado en la Junta antes de concederse la ayuda. Según ha podido verificar Público, la Administración tuvo constancia oficial el 23 de febrero, cuando Paula Chaves entregó la aceptación de la ayuda, un mes después de la concesión.