Los 87,99 millones de euros considerados en la sentencia del caso Gescartera como déficit patrimonial de la agencia y de los que son responsables subsidiarios La Caixa y Caja Madrid Bolsa suponen el 1,64 por ciento de los beneficios logrados por estas cajas en 2007.

Ambas entidades están obligadas a provisionar esa cantidad en sus cuentas de resultados, según la Circular Contable 4/2004 del Banco de España, lo que detraería una parte de sus beneficios.

La Caixa y Caja Madrid fueron consideradas responsables subsidiarias del agujero creado en la agencia de valores, cuyo dueño, Antonio Camacho, fue condenado ayer a 11 años de cárcel, la mayor pena de prisión impuesta por el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó el caso.

Aunque las dos cajas recurrirán ante el Tribunal Supremo, la normativa vigente les obliga a provisionar las cantidades reclamadas por el criterio de prudencia.

La sentencia hecha pública ayer fija unas indemnizaciones a los afectados por importe de 87,99 millones de euros, a los que hay que añadir los intereses devengados desde que se intervino la agencia de valores, el 14 de junio de 2001.

Con estos intereses, el volumen de las indemnizaciones podría llegar al entorno de los 130 millones en los próximos años, mientras se cierra definitivamente el proceso en la vía judicial.

El pasado año, la Caixa obtuvo un resultado atribuido al grupo que ascendía a 2.488 millones de euros, mientras que Caja Madrid obtuvo un beneficio neto atribuido récord de 2.861 millones de euros, por el aumento de su negocio recurrente y los beneficios extraordinarios generados por la venta de su participación en Endesa.

En total ambas entidades lograron 5.349 millones de euros.

La entidad de ahorro catalana ha declinado hacer más comentarios sobre la sentencia y ha asegurado que se trata de una cuestión legal de alta complejidad, que en estos momentos están analizando sus servicios jurídicos.

Por su parte, Caja Madrid Bolsa defiende su correcta actuación, que, a su juicio, fue "ajustada no solo a la normativa vigente, sino a las mejores prácticas del sector y a las obligaciones que había asumido en sus relaciones con Gescartera".

Para la entidad, el delito juzgado se cometió fuera de su ámbito de actuación, de forma que "no produjo ningún perjuicio patrimonial a los clientes de Gescartera".

La sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal condenó a los directivos de la oficina de La Caixa en el madrileño municipio de Majadahonda; José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats, a tres años de prisión por su complicidad en un delito de apropiación indebida.