No es ninguna novedad que el presidente de la CEOE, Juan Rosell, cargue contra los funcionarios del Estado, como ha hecho hoy en la cadena SER, diciendo que saldría más barato para el país mantenerlos en casa que en el trabajo.

Los insultos hacia los empleados públicos vienen de lejos. En julio de 2011, los llamó "prepotentes e incumplidores" y defendió la necesidad de "evaluarlos" para hacerles ver que "no son dueños" de su puesto de trabajo. En unas jornadas organizadas por El Economista, el máximo responsable de la patronal criticó también a los desempleados que "se apuntan al paro porque sí", y afirmó que "hay que decirles que no". "Deben forzosamente hacer algo, se ha acabado el no hacer nada", insistió.

Dos meses después, a los mismos funcionarios que tachó de "prepotentes e incumplidores", les pidió "sacrificios como tributo a los que no tienen un contrato para toda la vida" y en compensación por las "ventajas y beneficios" de que disfrutan. "No es el momento de la queja constante, sino de la responsabilidad constante", les dijo en referencia a la crisis económica en septiembre de 2011.

A finales de ese año, Rosell dio un paso más y sugirió la posibilidad de despedirlos, como en las empresas. Pidió que se acabase con los privilegios de los funcionarios y empleados públicos y que se les tratase "lo más parecido posible" a los trabajadores del sector privado. Rosell aseguró que el sector público está sobredimensionado porque parte de los funcionarios "no cumple o no tiene trabajo", a lo que ha añadió que, dadas las necesidades de control del déficit, la Administración necesita equipararse en la medida de lo posible al sector privado y poder despedir al personal sobrante. El presidente de la patronal explicó que hay unos 900.000 puestos creados directamente en las administraciones autonómicas de los que una parte estarían justificados por el aumento durante estos años de la población y otra que habría que suprimir.

Ya en 2009, cuando Rosell era presidente de Foment del Treball y candidato a dirigir la CEOE, apostó por fusionar ayuntamientos catalanes hasta reducirlos a la mitad y aplicar un expediente de regulación a las administraciones públicas para recortar el déficit público en Catalunya. "Sobran al menos 150.000 funcionarios", sentenció.