Los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer han recibido 7,93 millones de euros de su socio en Urbanor Julio SanMartín como parte de la devolución de la indemnización de 25 millones que pagaron por el caso Urbanor y que tienen derecho a recuperar al haber sido absueltos por el Tribunal Constitucional.

En una diligencia de constancia fechada el pasado 12 de febrero, la Audiencia Provincial de Madrid, que se encarga de ejecutar las consecuencias de la sentencia absolutoria de "los Albertos", se ordena que se requiera el pago de los 16,67 millones restantes, que adeuda principalmente el arquitecto Pedro Sentieri y confirma la devolución de esa cantidad por parte de 25 miembros de la familia SanMartín.

En concreto, Sentieri debe 9,38 millones de euros, mientras que Francisco Castelló adeuda 5,21 millones y Luis García Alarcón, 2,1 millones.

Según fuentes jurídicas, la Audiencia Provincial de Valencia requirió la semana pasada a los tres afectados -que interpusieron inicialmente la querella contra "los Albertos"- para que en el término de quince días devuelvan las cantidades "bajo apercibimiento expreso de su exacción por la vía de apremio", lo que podría suponer el embargo de dichas cantidades si no se hicieran efectivas.

Después de que el Constitucional absolviera a los dos primos, la Audiencia Provincial acordó en mayo de 2008 que se cancelara el aval de 24,5 millones de euros que presentaron en los juzgados los dos empresarios como garantía por sus responsabilidades civiles e indemnizaciones a los socios minoritarios de Urbanor.

Además, ordenó que se elaborara una relación de los importes que cobraron los socios minoritarios de Urbanor, que una vez redactada sirvió para que la Audiencia ordenara en septiembre la devolución de los otros 25 millones de euros.

El pasado 20 de febrero, el Constitucional anuló la condena a tres años y 4 meses de prisión que el Supremo había impuesto en 2003 a "los Albertos" por estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de la sociedad Urbanor, al considerar que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva al estar prescritos los delitos por los que se les juzgó.

A raíz de esa decisión, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo eximió a Cortina y Alcocer de compensar por la vía penal a los socios minoritarios de Urbanor por los daños que supuestamente les causaron y habilitó a los dos empresarios a reclamar la devolución de los 24,5 millones que pagaron.