La plataforma de afectados por las adopciones ilegales en clínicas de toda España que había denunciado en la Audiencia Nacional los casos de niños robados durante la dictadura presentó ayer un recurso en el Tribunal Constitucional para que la Justicia investigue. El recurso se basa en que España ratificó el pasado 24 de septiembre de 2009 la Convención Internacional de la ONU para la Protección de las Desapariciones Forzadas sin que la Audiencia Nacional lo haya tenido en cuenta.

"Se trata de un proceso que iniciamos en 2008 con la investigación iniciada por Baltasar Garzón pero la ratificación de la convención se produjo después", argumenta el abogado de la plataforma y de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Fernando Magán.

El artículo 25 de la Convención reclama a los estados que sancionen "penalmente" la "apropiación de niños sometidos a desaparición forzada" además de la "falsificación, el ocultamiento o la destrucción de documentos que prueben la verdadera identidad de los niños". El Gobierno español está obligado a conceder "auxilio judicial" a los afectados por estos delitos.

La plataforma denuncia los casos de robos que el propio Estado franquista hizo tanto entre los hijos de las presas republicanas como entre los niños repatriados por el servicio exterior de Falange tras la Guerra Civil. Pero también cuentan con pruebas de adopciones irregulares llevadas a cabo en las décadas de 1960 y 1970 en clínicas de toda España, como La Maternidad de O'Donnell o la San Ramón en Madrid.

El fiscal de la Audiencia Nacional recomendó al Ministerio de Justicia abrir una oficina para atender estos casos. El ministro Francisco Caamaño mantendrá una reunión con los afectados el próximo miércoles. Otro colectivo de afectados por adopciones ilegales asociados en Anadir (Asociación Nacional de Afectados por las Adopciones Irregulares) recurrirá a las fiscalías territoriales para investigar caso a caso.