La Comisión Nacional de la Energía (CNE) prometió este miércoles habilitar en su web una herramienta que permitirá a los consumidores comparar las ofertas de precios de la luz que las nuevas comercializadoras ofrecerán a los clientes domésticos tanto en el mercado protegido (basado en la Tarifa de Último Recurso o TUR) como en el libre. Pero esta página web no estará disponible el próximo 1 de julio, cuando se liberaliza el segmento de baja tensión (clientes domésticos y pymes), el último que faltaba.

En el regulador admiten que la información que ofrecen las eléctricas no es "entendible ni accesible" y que el alcance de las ofertas actuales es limitado: de, como mucho, el 2% en el segmento TUR y de hasta el 12% en el liberalizado, aunque siempre refiriéndose al consumo de energía (la parte variable del recibo).

En el entorno de la presidenta del organismo, María Teresa Costa, se critica la insuficiente información facilitada hasta ahora por el Ministerio de Industria respecto al proceso de liberalización. Como muestra, técnicos del organismo decían desconocer que Industria ha decidido congelar los peajes de acceso (uno de los componentes del recibo) para los consumidores domésticos, una decisión que podría tener repercusiones en la posible subida que finalmente se decida y de la que el Ministerio sólo ha informado a través de una nota de prensa.

En el sector apuestan por que la luz subirá. El presidente de la patronal Unesa, Pedro Rivero, dijo que el recibo "no tiene por qué" hacerlo "en cifras sustanciales" y dejó caer que "igual el cliente hasta paga menos".

A partir de julio, las distribuidoras dejarán de cobrar el recibo y se dedicarán a su negocio, las redes, y el contacto con el cliente será responsabilidad de las comercializadoras, de nueva creación. Preguntado por cómo afrontan las eléctricas la migración de cerca de 25 millones de clientes a esas nuevas empresas, Rivero admitió que la entrada en vigor del nuevo sistema es "mucho más complejo para las compañías que para los clientes". El presidente de Unesa dijo que "si hay un error [en la factura], es humano y comprensible" y es "imposible que se pueda hacer un fraude". Las eléctricas parecen ponerse la venda antes de la herida, a tenor de la polémica que surgió tras la puesta en marcha, a primeros de año, de la facturación mensual.

Otro posible foco de conflicto es el llamado bono social, que supondrá la congelación del recibo para los usuarios más vulnerables, aunque algunos, como las familias con todos sus miembros en paro, tendrán que solicitarlo previamente.

La organización de consumidores Facua denunció que las eléctricas que a partir de julio aplicarán la TUR (las cinco mayores) y el bono social se están negando a aceptar clientes procedentes de otras compañías.