El Gobierno australiano anunció hoy una novedosa iniciativa para recortar los gases de efecto invernadero. Según anunció por televisión la primera ministra, Julia Gillard, las grandes empresas del país tendrá que pagar un impuesto de 23 dólares locales (7,3 euros) por emisión de una tonelada de dióxido de carbono a partir del 1 de julio de 2012. El objetivo, según Gillard, es reducir en 160 millones de toneladas la emisión de gases contaminantes de aquí a 2020, una cifra que equivaldría a "apartar de la circulación a 45 millones de automóviles". Significa, además, reducir las emisiones un 5 % en relación a los niveles de 2000.

Unas 500 empresas, consideradas las mayores contaminadoras de Australia, tendrán que hacer frente a este impuesto, que aumentará un 2,5% anual hasta julio de 2015, año en que está previsto que entre en funcionamiento un nuevo mecanismo para el intercambio de emisiones cuyo precio estará regulado por el mercado.

Australia contribuye con el 1,5 % de la emisión global de gases de efecto invernadero, pero es una de las naciones más contaminantes del planeta en términos per cápita. El proyecto del Gobierno ha conseguido ya los votos necesarios para que sea próximamente aprobado por el Parlamento. Sin embargo, el líder de la oposición, el conservador Tony Abbott, subrayó que el plan no contribuirá a mitigar el cambio climático, ya que se pronostica que China e India aumentarán sus emisiones un 500% y un 350 %, respectivamente. Abbott exigió que Australia afronte el cambio climático en "un contexto internacional apropiado".

Para mitigar los efectos de su plan, Canberra destinará en los próximos tres años unos 9.200 millones de dólares locales (6.938 millones de euros) para apoyar a la industria afectada por el impuesto, principalmente en el sector siderúrgico, del aluminio y zinc, así como las papeleras. Las críticas en el sector a este plan ha sido, de hecho, demoledoras. La poderosa industria minera Australia es el mayor exportador mundial de carbón de coque ha reaccionado negativamente y ha advertido de que el impuesto causará la pérdida de empleos y una reducción de las inversiones. Alrededor de 40.000 personas trabajan directamente en las minas de carbón australianas y más de 100.000 lo hacen indirectamente.

Por su parte, la comisaria europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, felicitó este domingo al Gobierno de Australia por la medida. "Felicito a Australia por su compromiso de poner un precio a la emisión de dióxido de carbono y de introducir un esquema de intercambio de emisiones a partir de julio de 2015", afirmó en un comunicado.