El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha mostrado convencido de que la ley Sinde contará con los apoyos necesarios cuando vuelva a ser presentada en el Senado a mediados de enero. Zapatero explicó tras el Consejo de Ministros que, más allá de las "excusas" que los partidos presentaron para rechazarla en el Congreso el pasado día 21, todos han reconocido que hay que regular las descargas de material con copyright en la red. El secretario de organización del PSOE, Marcelino Iglesias, ya explicó la semana pasada que su grupo está trabajando sobre el texto de la ley para armonizar el derecho de los internautas con el de los creadores.

El PP, por su parte, ya se ha mostrado dispuesto a negociar sobre la ley Sinde, algo que no fue posible el día de su rechazo en el Congreso. Su presidente, Mariano Rajoy, animó a ello el pasado martes, destacando que su partido aboga por el respeto a la propiedad intelectual.

En el mismo sentido se expresaron todas las fuerzas políticas en el Congreso, pese a que después votaron en contra de la disposición final segunda que se incluyó en la Ley de Economía Sostenible por diferentes motivos. Las discrepancias surgen a la hora de definir cuáles son los parámetros de la fórmula que permitirían llevar la ley a buen término.

A ese clima generalizado de diálogo podría sumarse CiU, que nunca llegó a mostrarse en contra de la ley Sinde y cuyo portavoz económico, Josep Sánchez i Llibre, explicó en la comisión del Congreso que, si no se legislaba, no surgirían los modelos de alquiler y venta de contenidos en la red. Los elementos de negociación con las diferentes fuerzas políticas estarían centrados en garantizar la neutralidad de la comisión dependiente del Ministerio de Cultura que se encargaría de investigar las páginas a las que denunciasen los titulares de derechos y ampliar sus funciones, así como judicializar más el proceso.

En la última redacción hecha pública de la ley Sinde, el juez de la Audiencia Nacional se encargaría de autorizar el cierre de la web previamente investigada por la comisión, asegurándose de que no se violan derechos fundamentales. Diferentes asociaciones han criticado duramente en el último año que en ese proceso el juez no entra a valorar el fondo del asunto, algo que consideran fundamental.

El ministro de la Presidencia, Ramón Jaúregui, reconoció en declaraciones a Efe que en el momento de la votación quizás no se había logrado un texto bastante consensuado que lograse el equilibrio, pero también ha apuntado a un acuerdo factible que consiga que la ley Sinde pueda continuar su proceso político.