El Gobierno ha aparcado la idea de incentivar por medio de impuestos el uso de métodos de transporte que no perjudiquen la calidad del aire. Ayer, la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, aseguró que 'sostenibilidad no es igual a fiscalidad' y descartó que se vaya a tocar el bolsillo de los españoles para combatir la polución. 'La respuesta para la calidad del aire no es más impuestos', insistió la ministra, en compañía del presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, con quien firmó ayer un convenio de colaboración para combatir la contaminación.

Desde el ministerio que dirige Aguilar se ha descartado el uso de medidas fiscales, como podrían ser los impuestos de matriculación, circulación o carburantes, una idea que se tuvo en cuenta al lanzar el Plan Nacional de Calidad del Aire, que se espera tener listo para antes del verano. Castro, por parte de los ayuntamientos, tampoco considera oportuno castigar a los ciudadanos con nuevas tasas propuestas desde las entidades locales. 'No estamos hablando ni planteando nada de fiscalidad', aseguró.

Las medidas que se propongan a partir del protocolo firmado ayer incidirán en su mayoría en la reducción del uso del transporte privado, causante del 80% de las emisiones de las ciudades, según recordó Castro. En este sentido, la ministra resaltó la iniciativa planteada el lunes por el comisario de Transportes de la UE, Siim Kallas, que propuso para 2050 la desaparición de los coches alimentados con combustibles fósiles de todas las ciudades europeas. 'En estos objetivos va a trabajar el Gobierno en su conjunto y van a participar varios ministerios', dijo Aguilar haciendo suyo el espíritu de este Libro Blanco de la Comisión, pero matizó que España se irá incorporando 'poco a poco' a sus demandas, que no tienen valor de ley.

La ayuda que los municipios ofrecerán al Ministerio de Medio Ambiente estará enfocada inicialmente en el desarrollo de los planes nacionales de dióxido de nitrógeno y las partículas en suspensión, los elementos más dañinos producidos por el tráfico de las ciudades. Más adelante, y enfocado a las áreas rurales, se abordará el plan nacional del ozono, otro de los gases que centran la estrategia gubernamental de calidad del aire.

Además, según relató Castro, el protocolo incluye el fomento de la peatonalización del centro de las urbes, el desarrollo de los carriles-bici y todo tipo de medidas que consigan 'poner dificultades a los coches'.