"El agua vale más que el litio", reza el cartel que Nicolasa tiene colgado en la puerta de su casa, en Fiambalá, una ciudad al noroeste de la provincia argentina de Catamarca, donde lleva toda la vida cultivando uvas. Entrevistada por las periodistas Susi Maresca y Camila Parodi para su proyecto de investigación La ruta del litio: cartografía de un saqueo, Nicolasa Casas de Salazar es tajante: "Es simple, hay que cuidar el agua y cuidar el agua significa cuidar la vida. Los recursos que sacan, como el agua, son los que no se renuevan".

Se refiere a los extranjeros –primero estadounidenses, ahora chinos– que, desde hace cinco años, desembarcaron en sus tierras y lo han puesto todo patas arriba con la construcción y explotación del megaproyecto Tres Quebradas. Ocupa 30.000 hectáreas destinadas a la minería de ese litio sin el que las baterías de paneles solares, coches eléctricos, smartphones y otros dispositivos móviles no podrían funcionar.

Toda esa tecnología se ha convertido en piedra angular de la era digital y en promesa la transición energética necesita litio. Según la Comisión Europea, su demanda se multiplicará por 18 en 2030 y por 60 en 2050.

Fiambalá está situada dentro del Triángulo del litio, que es la figura geométrica que, desde una imagen satélite, delata a la mayor reserva de este mineral del mundo, en los salares altoandinos que hay entre Argentina, Bolivia y Chile. En los últimos años, su extracción, procesamiento y comercialización no han dejado de crecer.

Estados Unidos y Europa son los principales compradores, hambrientos de este metal para las baterías de todo su arsenal "amigable con el planeta". China lidera su producción y, junto con Estados Unidos, su explotación en suelo latinoamericano, en una suerte de oligopolio en el que las grandes compañías mineras se cuentan con los dedos de una mano y media –Elon Musk, con Tesla, y Bill Gates, con Lilac Solutions están entre ellas–.

Una batería de coche, 16.000 litros de agua

Para los habitantes de esas tierras, el peor problema es el agua, que se usa en grandes cantidades en el proceso de la extracción. Para cada tonelada de litio se necesitan dos millones de litros de agua. Esto significa que para construir la batería de un coche eléctrico, que tiene un promedio de ocho kilos de litio, se necesitan 16.000 litros de agua.

Para cumplir con el objetivo que la empresa china Liex Zijin tiene de extraer 20.000 toneladas de carbonato de litio al año en Fiambalá, hacen falta 40 millones de litros de agua por año, dicen las autoras de este informe. Más o menos, el equivalente al agua que una persona promedio gastaría en España durante 4.000 años.

En el Triángulo, hogar de desiertos de sal, el metal se encuentra en salmuera, una mezcla de agua y sal. Su extracción comienza con la perforación del suelo para el bombeo de grandes cantidades de salmuera. Luego, el agua se deja evaporar y el precipitado resultante pasa por un nuevo proceso de filtrado, con más agua y productos químicos –tóxicos para la salud humana y para el medioambiente–, para acabar convertido en carbonato de litio, formato en que se exporta después.

Un bien escaso en el desierto

Y resulta que el agua se gasta. Y más en las regiones secas por naturaleza que componen el Triángulo: el desierto de Atacama, en Chile; las sierras áridas de Catamarca, en la Puna argentina; o el salar de Uyuni, en Bolivia.

Pero la competencia por un recurso tan precioso no es solo para las personas, ya que la explotación minera está localizada en una red de humedales o salares, reconocida como área protegida. Unos ecosistemas frágiles de por sí, situados a 4.000 metros de altura, con una biodiversidad única y especies amenazadas como el flamenco andino.

"Los salares son humedales que, por su composición, representan reservas de agua dulce de vital importancia para la biodiversidad de la región y para las comunidades indígenas que allí viven. El desbalance hídrico causado por una amplia descarga de agua salobre podría movilizar el agua dulce hacia el área salina, provocando su salinización", advierte un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) argentina.

Por si fuera poco, ese agua que se emplea en la extracción queda contaminada y no solo no puede usarse luego para el riego, sino que además corre el riesgo de intoxicar los acuíferos si no se gestiona correctamente. Eso fue lo que ocurrió en Fiambalá el año pasado, cuando la población empezó a mostrar síntomas de envenenamiento a causa de la ingesta de agua del grifo y, de forma temporal, la Policía minera de Catamarca cerró la mina a primeros de noviembre.

"Gobiernos nacionales y provinciales de distinto color político han promovido la actividad con el objetivo de atraer capitales, pero sin reparar en los potenciales impactos negativos a nivel social y ambiental que la explotación del litio puede acarrear", denuncia el citado informe de FARN.

Son explotaciones que, por otra parte, desoyen "la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establecen la obligatoriedad de consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si sus intereses serían perjudicados, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras", añade.

Si le preguntaran a Nicolasa, ella no dudaría en su respuesta. "Dependemos del agua, tenemos que beber para vivir, tenemos que regar las plantas y cuidar a nuestros animales. Y el agua que usan en la planta no puede volver al riego, ni a la napa, ni a nada", dice a las periodistas Maresca y Parodi.