Las antigüedades de sangre con las que se financia el terrorismo yihadista

El expolio de obras de arte ha constituido en los últimos años una nueva forma de financiación para los grupos terroristas. Según un estudio del Center for the Analysis of Terrorism, el Estado Islámico habría recaudado tan solo en 2015 más de 30 millones de dólares provenientes del mercado ilegal de antigüedades en los países en los que contaba con zonas bajo su control.

El terrorismo contra los bienes culturales no solo pasa por comerciar en el mercado negro, sino que también han atentado contra las obras de arte en los territorios que han ido ocupando. No solo se lucran para obtener financiación, sino que además el expolio y destrucción de estas antigüedades sirve como propaganda y como reivindicación ideológica y religiosa.

La Unesco ha elaborado una base de datos donde recoge una lista de yacimientos arqueológicos en peligro de ser expoliados por los yihadistas. La problemática en torno a los bienes culturales es que su protección está en manos de los gobiernos, por lo que en momentos de inestabilidad política su amparo está en riesgo. Así ocurrió en su día en Libia, Siria o Irak donde muchas zonas del país con grandes patrimonios culturales fueron ocupadas por el Estado Islámico.

En la última década los grupos yihadistas han difundido centenares de vídeos en los que destruyen el patrimonio cultural, como colocando explosivos en el anfiteatro de Palmira, destrozando a mazazos el museo de Mosul o arrasando con los yacimientos de Nimrud. Los radicales buscan difundir su desprecio contra cualquier civilización que no siga la lectura fundamentalista del Corán y destrozan aquellos bienes culturales que sean un atractivo turístico para los occidentales.

Primer caso de tráfico ilícito en España

En España se conoció el primer caso de comercio con bienes expoliados por el Daesh en 2018. La conocida como operación Harmakis incautó en un anticuario de Barcelona 12 piezas históricas de más de 2.000 años de antigüedad -ocho mosaicos y cuatro cabezas y torsos de esculturas romanas, egipcias y griegas- procedentes del saqueo de las ciudades libias de Albaida, Apolonia y Cirene.

La Policía incautó en 2018 unas 12 piezas históricas de más de 2.000 años de antigüedad

Estas piezas habían sido robadas en la región libia de Cirenaica en 2014, cuando el Estado Islámico tenía el control sobre parte del país. Ahora, nueve años después, serán devueltas de manera provisional a la Embajada de Libia debido a que hay un proceso judicial en curso por financiación del terrorismo. Hasta que no se resuelva la instrucción no podrán ser enviadas a su país de origen.

Las antigüedades de sangre, nombre que reciben las obras de arte expoliadas de territorios bajo el control de grupos armados, se han convertido en un habitual para los grupos yihadistas como Daesh. En el momento en el que los terroristas controlan zonas de algunos países, como ha sido el caso de Libia desde 2011 hasta 2016, aprovechan hasta los bienes culturales para hacer negocio y financiar sus actividades.

El modus operandi de los yihadistas en Libia se centraba en obligar a los propios ciudadanos a desenterrar los restos arqueológicos que previamente habían ocultado para evitar su expolio, mientras que en otras ocasiones han llegado a saquear los propios museos tras amenazar a sus trabajadores.

La riqueza cultural de Libia es formidable. Por sus tierras han pasado múltiples civilizaciones -desde los griegos a los otomanos-, por lo que se pueden encontrar obras de un valor incalculable. La antigua polis de Cirene, la más importante de las cinco colonias griegas de la región, ha sido "el principal objetivo de los saqueos de los traficantes de arte", lo que para Mohamed Alfaloos, director de Museos y Arqueología de Libia, es un tipo de tráfico ilícito "comparable al de la droga".

La antigua polis de Cirene es la más importante de las cinco colonias griegas de la región

En este caso, la devolución de las piezas cirenaicas a Libia constituye una entrega histórica, al demostrarse por primera vez mediante vía judicial que el tráfico de piezas expoliadas procedentes de países donde han estado asentados grupos yihadistas servía para financiar el terrorismo. Además de ser el mayor número de piezas devueltas por un país a su legítimo propietario hasta la fecha. "Han sido intervenidas más piezas en otras partes del mundo, pero nunca en una cantidad tan importante, tanto en número como en valor, como las que entrega España", ha recalcado Emilio Ramírez, abogado de la Embajada de Libia en Madrid.

"Los yacimientos de Cirenaica han sido objetivo de los grupos terroristas y también del crimen organizado. Debemos actuar en conjunto todos los países para terminar con esta lacra y defender el patrimonio histórico de Libia y del mundo", sentenciaba el embajador de Libia en España, Walid Abu Abdula.

Operación Harmakis

Los españoles denunciados por comprar las obras originarias de Libia son Jaume Bagot, conocido como "el niño prodigio del arte antiguo" y su socio, Oriol Carreras. Los acusados se dedicaban a la compra de obras arqueológicas originarias de territorios bajo el control del Estado Islámico u otros grupos afines, para luego ponerlas en venta en su galería de arte de Barcelona.

La investigación arrancó a raíz de la denuncia de un estudiante de arqueología belga que trabajaba en su tesis sobre las esculturas funerarias de Cirene, al que le llamó la atención que pudiesen estar en venta ese tipo de piezas. Las ruinas de Cirene son patrimonio de la humanidad desde 1982 y la Unesco estableció la prohibición de la exportación o importaciones de cualquier obra declarada de interés cultural.

Bagot contaba con un amplio catálogo a la venta de esculturas y mosaicos por los que pedía más de 100.000 euros. Además, las piezas presentaban marcas y golpes que demostraban cómo habían sido desenterradas de forma violenta, por lo que no se habían utilizado las técnicas arqueológicas y las medidas de seguridad adecuadas para su extracción y envío.

Bagot y Carreras fueron detenidos en marzo de 2018, momento en el que quedaron en libertad bajo fianza de 12.000 euros, con obligación de comparecencias periódicas ante la Justicia y la prohibición de salir de España. En la actualidad, el proceso judicial sigue en curso bajo el mandato del juez García Castellón en la Audiencia Nacional por financiación de terrorismo.