El pleno del Senado aprobará este miércoles, salvo hecatombe política, el texto remozado de la ley Sinde, después de un tortuoso camino que a punto estuvo de condenarla al purgatorio legislativo tras ser tumbada en el Congreso en diciembre. La enmienda conjunta de PSOE, PP y CiU en el Senado salvó un texto que sigue despertando bastantes más recelos que adhesiones en el ámbito jurídico (no digamos ya entre los expertos en internet).

Hay consenso en que esta ley no va a terminar con el tráfico sin autorización de obras sujetas a derechos de autor en la red. Pero lo más desconcertante es que no está claro que vaya a conseguir el objetivo para el que, en principio, está diseñada: cerrar en pocos días las conocidas como páginas de enlaces (Series Yonkis, Películas Yonkis, Cine Tube...), webs que, según las sentencias de numerosos jueces, no vulneran la propiedad intelectual.

"Es irreal que el juez actúe en 24 horas", según Santiago Mediano

"Es irreal que el juez pueda identificar a los responsables de estas páginas en 24 horas. Los juzgados de lo contencioso-administrativo están colapsados y eso convierte la ley en ineficaz. Además, no hay que tener en cuenta tan solo esas 24 horas. Hasta que la petición llegue al juez puede transcurrir bastante tiempo", explicó a Público el abogado especialista en propiedad intelectual Santiago Mediano, que trabaja para la Academia de Cine, entre otros clientes.

La rapidez en los procesos que desencadene la ley Sinde es crucial, principalmente porque quiere proteger los estrenos de películas en cine. La industria cultural hace la siguiente ecuación: cuanto más se tarde en retirar una película de internet, más posibilidades habrá de que la gente no vaya a las salas. La abogada Pilar Sánchez Bleda, especializada en el asesoramiento de empresas del mundo audiovisual y de la industria del entretenimiento, también desconfía de estas actuaciones ultrarápidas y pone un ejemplo: "A la Ley Concursal se le dio una celeridad brutal, se redujeron los plazos y sigue siendo muy difícil cumplirlos. Tengo serias dudas de que se cumplan en este caso".

Más optimista a este respecto es José Antonio Suárez, del bufete Suárez de la Dehesa, especializado en la defensa de los derechos de los autores: "El juez resolverá en el plazo que pueda, pero yo creo que será rápido. Es importante que la judicatura se mueva en los tiempos de internet, no en los tiempos del mundo analógico".

Una comisión administrativa no puede ir en contra de una sentencia

Otro aspecto conflictivo de la ley es el hecho de que ya existen sentencias judiciales previas que consideran que las páginas de enlaces no corrompen derechos de propiedad intelectual. ¿Puede una comisión administrativa del Gobierno (la famosa Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual) contradecir decisiones previas de un juez? Santiago Mediano responde con palabras meridianas: "Si ha habido una sentencia que dictó que lo que hace una página no vulnera derechos, cabría preguntarse por qué se plantea el cierre de esa web. Una comisión administrativa no puede ir contra eso y un juez no puede admitir a trámite la denuncia. Supongo que los responsables de la comisión no actuarán contra páginas web que ya hayan sido enjuiciadas, porque podríamos encontrarnos ante un caso de prevaricación de un funcionario".

Su colega José Antonio Suárez aclara que esos juicios "fueron procedimientos penales y los de ahora serán juicios civiles. Se llevaban a lo penal porque el sistema judicial español, en los procedimientos civiles, no permite identificar al infractor si no se identifica él mismo. Y son casos de ilícitos civiles".

"El juez participa, pero no decide", afirma la abogada Pilar Sánchez Bleda

La actuación judicial en todo el proceso también está en entredicho. El juez aparece en dos momentos del proceso, pero en ningún caso decide sobre si se están vulnerando o no los derechos de propiedad intelectual del demandante, que queda a expensas de lo que decida la Sección Segunda. "El juez participa, pero no decide", afirma Pilar Sánchez Bleda, que califica la ley de "parche". "Será difícil que el juez no entre a valorar el fondo del asunto. Tiene la obligación de entrar y tiene facultades para hacerlo. La ley tendría que obligar al juez, pero el texto está lleno de carencias y conceptos muy subjetivos".

Sánchez Bleda alude incluso a puntos de vista "anticonstitucionales": "Esta ley habla de actuaciones preventivas. Actúa no sólo contra quien causa un daño, sino contra quien sea susceptible de causar un daño. No se puede regular algo de manera preventiva, es algo parecido a lo que ocurre con el canon digital".

Santiago Mediano relaciona la efectividad de la ley con la dotación presupuestaria que reciba la Sección Segunda para ejecutar sus funciones. "Dependerá del nivel funcionarial. ¿Qué medios humanos y materiales se van a dedicar? No pensemos sólo en los vocales y el alto rango, sino en las personas que van a impulsar el trabajo diariamente", cree Mediano.

Otra de las incógnitas que acompañan la ley es qué ocurre con las páginas que tengan el domicilio fiscal fuera de España. Mientras Sánchez Bleda tilda este extremo de "laguna", José Antonio Suárez opina "que se puede ordenar el bloqueo de la IP (la identificación de la web) para el territorio español".

Por último, se critica que una ley de esta relevancia se introduzca como una disposición final en una ley con otros contenidos (la LES). "Por la trascendencia que tiene, que afecta a varias leyes importantes, no tiene sentido de esta manera", concluye Sánchez Bleda. El miércoles, en el Senado, penúltimo episodio de la serie ley Sinde. Dos semanas más tarde llegará al Congreso, donde se producirá su aprobación definitiva.