José María del Nido, Manuel Ruiz de Lopera, José María González de Caldas, Ángel Lavín Harry y Augusto César Lendoiro son algunos de los expresidentes de clubes de fútbol que han quedado en fuera de juego por sus problemas con los tribunales. La Justicia les ha sacado tarjeta roja.

La última investigación en marcha ha llevado a la dimisión del hasta hace poco presidente del Barcelona, Sandro Rosell, quien dejó su cargo un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz admitiera a trámite la querella del socio Jordi Cases, poco conforme con las cuentas explicadas del fichaje de Neymar el pasado verano.

Y es que el querellante cree que el Barcelona pagó bastante más por la estrella brasileña que los 57 millones de euros que oficialmente se declaró. En su primera rueda de prensa como nuevo presidente azulgrana, Josep María Bartomeu, ya tuvo que explicar algo más el entramado de contratos y cláusulas que se habían incluido en la adquisición. De momento el juez ha pedido más documentación y no estima urgente llamar a declarar a Rosell, que se debate entre solicitar al magistrado responder a sus preguntas o pedir que su causa la lleve un juzgado barcelonés.

Otros directivos ya han pasado del palco al banquillo de los imputados, en causas en la mayoría de las ocasiones relacionadas con los propios clubes, pero también con sus negocios empresariales y que, pese a encontrarse fuera del terreno de juego, han terminado afectando a sus mandatos deportivos.

El 'partido' más sonado fue el que disputó con la justicia el ya fallecido Jesús Gil, en un interminable torneo de irregularidades que llevó al expresidente del Atlético a la cárcel. Desde entonces un notable número de directivos de clubes se han visto involucrados en el rifirrafe judicial, que deja en entredicho el fair play de estas entidades y la connivencia de las autoridades públicas para favorecer los intereses de clubes privados.

Tanto es así que incluso la Comisión Europea ha anunciado, por boca del español Joaquín Almunia, una investigación en profundidad sobre las supuestas ayudas públicas a siete equipos del fútbol español, que suma una deuda con la Seguridad Social de 3.600 millones de euros. La Comisión pretende aclarar si los cuatro clubes que no se convirtieron en su día en Sociedades Anónimas Deportivas se han visto beneficiadas fiscalmente y si la Generalitat valenciana se ha endeudado gracias al dinero prestado a los clubes de la comunidad.

Independientemente del proceso que se siga en Europa, no son pocos los que en su propia casa se acercan peligrosamente al banquillo de los tribunales, hasta el punto de que ya no volverán a sentarse en el palco presidencial.

En su partido más trascendental, evitar entrar en la cárcel, se afana el expresidente del Sevilla José María del Nido, condenado a siete años de prisión por su implicación en el caso Minutas, al haber facturado millones de euros al Ayuntamiento de Marbella por servicios jurídicos que nunca prestó. Ahora pide el indulto y es apoyado por varios presidentes del clubes, por el de la LFP y por el de la Federación. Uno de sus antecesores, José María González de Caldas, fue detenido en su día en el marco de la operación Malaya.

Agapito Iglesias es el máximo accionista del Real Zaragoza y esta misma semana ha sido imputado por un presunto desvío de 50 millones de euros en las obras de construcción de la plataforma logística Plaza en la capital aragonesa.

También el Racing de Santander se ha visto envuelto en la codicia de los que buscan en el fútbol un refugio opaco para delinquir. Los exjugadores del club, hartos del deterioro económico del equipo, presentaron una querella contra la directiva presidida por Ángel Lavín, nombrado por el indio Ahsan Ali Syed, que ha sido el responsable de que los verdiblancos llegaran al 'infierno' de Segunda B.  Tras la no comparecencia del equipo en el partido de Copa ante la Real Sociedad se logró cambiar de directiva, ahora presidida por el exjugador Juan Antonio Sañudo.

Llueve sobre mojado en Santander. Hace diez años el entonces presidente Dimitri Piterman, empresario de origen ucraniano y nacionalidad estadounidense, compareció ante un juez imputado por la querella interpuesta por unos aficionados ante los reiterados insultos y su particulares modos de gestionar el equipo, entre los que se encontraban atribuirse facultades para también entrenar al equipo.

Sin embargo, sus problemas con la justicia no acabaron ahí. Tras dejar el Racing, se hizo cargo del Alavés entre 2004 y 2007. Por su gestión fue condenado a quince años de inhabilitación y a indemnizar al club con 6,8 millones de euros, tras ser considerado culpable de llevar al equipo a un concurso de acreedores.

Unos casos que se unen a la ya larga lista de presidentes imputados por una u otra causa. Han pasado casi catorce años y la justicia no ha olvidado a Josep Lluís Núñez -presidente del Barça durante 22 años-, aunque en esta ocasión para bien (de él). El Tribunal Supremo ha rebajado de seis a dos años la pena por cohecho, falsedad y prevaricación en el denominado caso Hacienda.

Otros históricos presidentes, como Augusto César Lendoiro, el mandamás del mítico Superdepor, se enfrentó a la justicia por presunta falsificación de la firma del exauditor de las cuentas del club para obtener la licencia UEFA.

A los merengues también les ha salpicado las cuentas de algunos de sus presidentes con los tribunales. Aún recuerdan a Ramón Calderón, que tuvo que responder por cuatro presuntos delitos, entre ellos el de fraude en los votos en la Asamblea del club de 2008. Muchos y variados fueron los delitos imputados a Lorenzo Sanz, otro expresidente blanco. Pero sus numerosas causas tuvieron más que ver con sus negocios particulares y fuera ya de la dirección del club.

No ha tenido mucha suerte el Betis. La gestión de varios de sus expresidentes como José León, Luis Oliver o Manuel Ruiz de Lopera ha sido puesta en entredicho. Éste último sigue investigado por la jueza Mercedes Alaya por un posible delito societario y se le acusa de haberse apropiado indebidamente de 25 millones de euros del Betis. En 2010 anunció la venta de su paquete de acciones a Luis Oliver, por unos 18 millones de euros, aunque dicha venta no se llegaría a producir. Actualmente el club se encuentra intervenido judicialmente, y lo dirigen los administradores fijados por la jueza, como son José Antonio Bosch y el exfutbolista Rafael Gordillo.

Ya en el norte, el expresidente del Athletic de Bilbao Fernando García Macua también fue imputado por un delito fiscal, y en campos del sureste de la península, el máximo mandatario del Almería, Alfonso García, se enfrenta a una petición de un año de cárcel por la construcción de viviendas sin licencia de obras. Clubes como el Mallorca, Hércules, Espanyol, Murcia, Girona o Lloret del Mar han sido atrapados en el área de la justicia 'gracias' a sus dirigentes.