Abengoa en el abismo: de la prima de las renovables al rechazo del rescate por el Gobierno andaluz y la SEPI

Una deuda inmensa –de casi 6.000 millones de euros a finales de 2020–, generada para impulsar sobre todo el negocio de las energías renovables –la solar–, y una serie de erráticas y muy discutibles decisiones empresariales –la Fiscalía abrió una investigación por las actividades de Gonzalo Urquijo, el jefe de la compañía entre 2016 y 2020–, acompañadas de un contexto económico muy complejo, han llevado a la multinacional andaluza Abengoa, una de las mayores empresas del sur de Europa, todo un símbolo del empleo verde y sostenible, al borde del precipicio.

A fecha de 31 de marzo de 2020, Abengoa tenía 13.502 trabajadores. Actualmente, son algunos menos: entre 9.000 y 10.000, según fuentes sindicales, unos 1.300 en Sevilla, unos 2.500 en Andalucía. El resto, en su mayoría, está en el extranjero, donde Abengoa es responsable de numerosos proyectos en la gestión del agua, la energía y el transporte.

En este momento, la empresa matriz, Abengoa SA, está en proceso de liquidación en un juzgado de Sevilla, después de que fracasaran las diferentes vías abiertas durante años para lograr una reestructuración de la deuda que permitiera a la compañía seguir en el tajo, y las principales empresas filiales –hasta 27– en las que permanecen los principales activos de la compañía han solicitado también un preconcurso de acreedores –una negociación con los acreedores que se comunica al juzgado por la mala situación de la empresa– "con el interés de mantener la continuidad de operaciones y la salvaguarda de los distintos grupos de interés", según indicó la compañía hace unos días. 

Los procesos de reestructuración de la deuda iniciados en el año 2016 no han dado resultado. Este lunes, Gobierno y Junta de Andalucía se han sentado para explorar soluciones después de tirarse los trastos a la cabeza y echarse mutuamente las culpas del fracaso de los rescates acometidos.

En 2020, la Junta de Andalucía no encontró o no quiso encontrar la fórmula jurídica –después de años de investigaciones judiciales debido a las ayudas dadas a empresas en crisis: una de las raíces del caso de los ERE es esa– que les permitiera poner 20 millones en avales. Eso dio al traste con una compleja negociación a varias bandas y dejó a Abengoa en el alero. Desde entonces, aunque la Junta se lanzó a la compra de la sede de la compañía para hacer allí la ciudad de la Justicia de Sevilla, en una operación con fondos europeos, se desencadenó un proceso de deterioro de la compañía, que quedó a la deriva y en manos de los administradores judiciales. La pandemia, que paralizó durante un tiempo los proyectos en marcha, agravó la decadencia de la compañía.

La semana pasada, dos años después y tras la crisis del coronavirus, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se ha negado a poner 249 millones en ayudas para una venta de destino y solvencia dudosas. Ante el riesgo cierto, basado en profundos estudios, de que se acabase por tirar el dinero, el Gobierno desistió. 

La reunión de este lunes entre Junta de Andalucía y Gobierno para tratar de poner in extremis sobre la mesa soluciones se saldó con sendas declaraciones de intenciones y la creación de un grupo de trabajo "técnico", además de otras reuniones de carácter "político" para acordar cómo proceder con las herramientas requeridas. La decisión adoptada es la de hacer "ajustes" al plan de viabilidad presentado por la compañía y rechazado por la SEPI con el fin de "acotar el perímetro" de aquellas firmas del entramado empresarial que se pueden "salvar" mediante instrumentos públicos y privados, en palabras de Reyes Maroto, ministra de Industria, según recoge Europa Press. Dicho de otra manera: "La van a trocear y ya se sabe quién se queda con cada trozo", aseguran fuente habitualmente bien informadas.

La empresa cuenta con negocios solventes por todo el mundo. "Esta compañía, a pesar de los pesares, es pionera en todos los aspectos, a nivel de proyectos, tiene una marca total, clientes diciendo que están esperando para darles proyectos. Los puestos de trabajo son de una profesionalidad tremenda", afirma Manuel Ponce, de UGT- Fica en Sevilla.

La compañía sigue, de hecho trabajando en diferentes proyectos, según consta en los comunicados de prensa colgados en su página web. Así, por ejemplo, en los últimos tres meses, "Abengoa participa en el proceso de selección para el desarrollo de la mayor desaladora de África"; "Abengoa recibe nuevos pedidos de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes de Iberdrola para su fábrica de Eucomsa"; Abengoa entrega la fase 1 de la desaladora de Taweelah y se inicia la operación comercial"; "Abengoa ha superado satisfactoriamente las pruebas contractuales de la desaladora de Agadir", y "Abengoa recibe la visita de una delegación alemana en su planta Grasshopper para la producción de energía a partir de hidrógeno".

Enero de 1941

Abengoa se fundó el 4 de enero de 1941, según los datos que aporta la propia empresa en su página web, cuando los ingenieros del Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI), Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, fundaron en Sevilla, junto con tres amigos y familiares –Gallego Quero, Ortueta Díaz-Arce y Abaurre Herrero de Tejada– y otros familiares, la Sociedad Abengoa SL, con un capital social de 180.000 pesetas (1.082 euros). El nombre es el acrónimo de sus fundadores. (A)baurre, (Ben)jumea, (G)allego, (O)rtueta, y (A)baurre.

"Su objetivo inicial era fabricar un contador monofásico de cinco amperios, aunque los problemas de aprovisionamiento que sufría España en aquellos años impidieron el desarrollo del proyecto. Sin embargo, este hecho, unido a las importantes oportunidades que comenzaron a surgir en la época, determinó que a partir de 1943 Abengoa se dedicara a la elaboración de proyectos y estudios técnicos, así como a los montajes eléctricos", afirma la compañía.

El impulso fundamental llegó en los años de Felipe Benjumea al frente de la empresa. Fueron los años de esplendor y fueron los años, también, en que se plantó la semilla de la destrucción: en ese tiempo se generaron las deudas que hoy se comen a la compañía.

En el año 2013, el cambio en la regulación de las renovables hizo un tremendo daño a la empresa, que había apostado fuerte en el sector –hoy Abengoa cuenta con una capacidad de producción de energía solar de 1,3 Gigavatios, una cifra relevante, en el entorno de lo que produce una central de carbón–. Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy cercenó las primas de las renovables que a su juicio eran la causa del llamado déficit de tarifa, que se produjo tras la liberalización de la luz durante los Gobiernos de José María Aznar. 

Abengoa consideró entonces que la medida suponía una "expropiación" a los accionistas y fijó en 5.000 millones de euros el recorte unilateral en las primas. La empresa manifestó en ese momento que la diversificación de tareas le permitía "tener un nivel de resistencia algo mayor" a recortar puestos de trabajo, pero que esa resistencia no era "ilimitada". 

Algunos analistas económicos interpretan este punto como una de las claves, no la única, pero sí importante, a la hora de analizar los problemas de liquidez de Abengoa, consecuencia sobre todo –en las narices una vez más de los órganos reguladores y de supervisión de las compañías cotizadas– de una expansión desmedida, con pies de barro –en diez años, entre 2005 y 2015, su pasivo se multiplicó prácticamente por diez hasta los 27.300 millones de euros– que la han llevado a la situación actual y a que miles de pequeños accionistas tengan en riesgo su inversión y miles de trabajadores en el punto de mira sus salarios –que en algunos momentos han dejado de cobrar– y empleos.

Después, en el mundo postLehman Brothers se produjeron diversos avatares económicos –entre ellos, una crisis en Brasil, donde Abengoa estaba instalada, y la competitividad entonces del barril de petróleo, que se vendía a buen precio– y la compañía comenzó a tener serios problemas con su deuda –llegó a rondar los 9.000 millones de euros– y a perder la confianza de inversores y bancos. Las agencias de calificación pasaron a rebajar la consideración de la empresa –Fitch lo hizo en 2014– y se sucedieron las caídas en bolsa. Abengoa trató de protegerse y dejó la Bolsa de Nueva York, donde había llegado a cotizar, para refugiarse en España.

El Consejo de Administración de Abengoa acordó en el verano de 2015 una ampliación de capital, que no recaudó lo suficiente, y al mismo tiempo se pusieron a la venta activos para ganar liquidez. El asunto derivó en la demolición de Felipe Benjumea, que llevaba 25 años al frente, de la empresa que su padre había creado. La banca puso como condición para suscribir la ampliación que Benjumea dejara la dirección ejecutiva de la empresa, cosa que efectivamente hizo.

Esto llevó a una serie de pleitos que Benjumea puso al Banco de Santander y también a una investigación de la Audiencia Nacional por las espectaculares indemnizaciones que cobraron Benjumea –11 millones de euros– y su consejero delegado –4 millones–, pero todo ello quedó en nada. 

La salida de Benjumea no arregló a la empresa. Por el contrario, la crisis fue a mayores. En 2016, después de otro intento fallido de lograr un socio industrial, la empresa vasca Gestamp, que no logró el respaldo de la gran banca –Abengoa había perdido ya la credibilidad en el mundo financiero, más conservador tras Lehman–, y fue a un preconcurso. Desde entonces, hasta que el juzgado de Sevilla ordenó la liquidación de la matriz, Abengoa había logrado esquivar el concurso de acreedores y su liquidación, con varias reestructuraciones.

El rechazo del Gobierno andaluz a conceder los avales en 2020 y el posterior de la SEPI, estos días, han dejado a la empresa en el abismo. Ahora las administraciones buscan contrarreloj una solución que será parcial. "Si en septiembre de 2020 se hubieran confirmado los avales de 20 millones, no hubiéramos llegado a esta situación, al precipicio. Estamos en un escenario cada vez más complicado. Si quieren las dos administraciones, sí se puede. No es la primera empresa en crisis, a lo mejor con otras cantidades, eso es cierto y se ha solucionado. Salvar el empleo es prioritario", afirma Manuel Ponce, de UGT.