Accionistas denunciando en una junta general las inversiones de la empresa en armamento, o que propicie el cambio climático, o que no haga nada para evitar los cortes de luz que sufren miles de personas. No es una utopía, es el accionariado crítico que llevan a cabo organizaciones sociales de diferentes ámbitos.

Sus activistas protestan ante grandes compañías como Indra, Endesa o Repsol mediante la cesión o compra de los títulos de valor necesarios para intervenir en sus juntas de accionistas.

De esta forma, han llegado al corazón de grandes empresas que cotizan en el Ibex 35 las reclamaciones de movimientos contra el militarismo y la carrera armamentística, la pobreza energética o el calentamiento global que antes sólo podían vociferar desde la calle.

Ese corazón son las juntas generales de accionistas, uno de los principales órganos de gobierno de las empresas de una sociedad de capital que suele reunirse anualmente para que sus propietarios deliberen acerca de las cuestiones más relevantes para la marcha de la compañía.

Una de las últimas actuaciones de este movimiento social tuvo lugar en la Junta de Accionistas de Endesa, convocada el pasado mes de abril en Madrid.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Alianza contra la Pobreza Energética pudieron intervenir en ese espacio restringido a los propietarios de la multinacional energética gracias a las cien acciones adquiridas por la Fundación Finanzas Éticas, la principal organización que promueve en España el accionariado crítico.

Con esas acciones valoradas en unos 2.000 euros, el mínimo requerido para tener derecho a intervenir en la junta, la delegada de Derechos Humanos en Granada, Natalia García, pudo hablar durante seis minutos ante el consejo de administración y los accionistas de Endesa.

La suya fue una intervención muy crítica que comenzó así: "El consejo de administración de la compañía sigue sin abordar un tema que debe preocupar a todos los accionistas por su grave impacto social: los cortes de luz en los hogares de muchas familias usuarias para que entiendan de primera mano el daño que la compañía está causando".

Natalia García se refería a los continuos cortes de luz que miles de personas sufren en el distrito norte de la ciudad de Granada, en barrios obreros de Sevilla, en Almería o en determinadas zonas de Catalunya, en algunos casos desde hace 15 años.

Dichos cortes han sido denunciados reiteradamente ante el Defensor del Pueblo, así como la Administración autonómica, local y estatal, sin que se haya puesto aún remedio del todo.

Antes de poder decir eso, Natalia García tuvo que pasar por un estricto control, en el que un notario verificó la titularidad de las acciones, y depositar por escrito la intervención que iba a leer ante la junta de accionistas.

"Fue una forma de llevar nuestra denuncia a un espacio en el que normalmente no estamos. Fue algo importante, porque pudieron escuchar de primera mano nuestras reivindicaciones y esperamos que tenga alguna repercusión", dice a Público la delegada de la Asociación Pro Derechos Humanos.

Algunos accionistas se acercaron a Natalia García al terminar su intervención para decirle que llevaba razón, que había que arreglar el problema de los cortes de luz. "Me dijeron: Esto no puede ser", asegura.

El consejo de administración de Endesa no lo vio, en cambio, de la misma manera. En una intervención que se alargó cinco minutos, le contestó que la red estaba "adecuadamente dimensionada" para atender el consumo de sus clientes.

Alegó entonces que los problemas tenían su origen en algunos casos en "prácticas delictivas" como el cultivo de marihuana y que se iban a invertir muchos millones, 2.600, en los próximos años para mejorar el suministro.

La réplica a la respuesta de la compañía multinacional que Natalia García no pudo dar entonces en la junta de accionistas la transmite ahora a través de este periódico.

"Estos cortes de luz nunca ocurrirían en las calles principales de las ciudades. Esto depende del código postal, del lugar donde tú vives. Llegamos a la Luna, pero no somos aún capaces de que toda la gente tenga luz en sus casas", asegura.

Un movimiento que nació en EEUU contra el 'apartheid'

Las campañas de accionariado crítico son recientes en España, aunque algunos sindicatos llevan ya años ejerciéndolo para trasladar sus reivindicaciones laborales a las juntas de accionistas.

El origen de esta movilización social se encuentra en EEUU, donde la ICCR, una agrupación de 275 órdenes religiosas de diferente credo, empezó a adquirir acciones de empresas para poder presentar y votar resoluciones en sus órganos de gobierno.

La primera de sus intervenciones fue a principios de la década de los 70, cuando solicitaron a General Motors que retirara el apoyo financiero y comercial a la Suráfrica del apartheid que segregaba a los negros en ese país.

En Europa, el movimiento de accionariado crítico es todavía menor, aunque ya existe una organización que lo aglutina, Shareholders for Change (SFC), compuesta por grupos inversores y organizaciones interesadas en defender en las juntas de las empresas los derechos humanos, la justicia fiscal y la lucha contra el cambio climático.

Uno de los fundadores de SFC es la Fundación Finanzas Éticas, la entidad que desde 2018 está impulsando este tipo de campañas en toda España, en colaboración con organizaciones ecologistas, antimilitaristas y de defensa de los derechos humanos.

Jordi Ibáñez es el director de la fundación que forma parte del Grupo Banca Ética, que cuenta con 50.000 socios entre Italia y España. Su organización participa cada año en dos o tres juntas de accionistas de grandes empresas.

Lo hacen mediante la compra del mínimo de acciones necesarias para una intervención que cede a las entidades sociales que quieren denunciar algún problema relacionado con esa compañía.

"Nuestra actividad contribuye a crear un clima social contra prácticas controvertidas. Es una manera de hacer pedagogía para cambiar los movimientos financieros, poniendo sobre la mesa los impactos sociales. Y la repercusión es muy buena", explica.

Ibáñez asegura que nunca han tenido problemas para participar en las juntas de accionistas, salvo los meramente burocráticos propios del funcionamiento de este tipo de órganos financieros.

Pero en el caso de que la respuesta que les dé la empresa no sea satisfactoria, lo que hacen es volver a intervenir en otra asamblea para reiterar la protesta. O se dirigen a instancias superiores con el apoyo de la red europea SFC.

Así lo hicieron en el caso de Endesa, cuando trasladaron su queja al Grupo Enel en Italia, propietario del 70% de la eléctrica española, para que cumplieran los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

"Lo que hacemos es influir en un clima en el que se hacen más visibles las actividades controvertidas de estas empresas, lo que perjudica su imagen pública y la posibilidad de aumentar sus beneficios", explica.

"Esta es una medida importante, pero que tiene que ir acompañada de un movimiento social en la calle, porque las empresas también valoran a quién representas, cuánta gente está detrás", subraya el director de Finanzas Éticas.

"Desarmar Indra, ganemos vida"

El movimiento antimilitarista es uno de los que más participa en las campañas de accionariado crítico en España. Sus representantes han intervenido en tres juntas generales de accionistas de Indra, una de las empresas armamentísticas y del sector de la seguridad más importantes del país y del mundo.

También se han colado en las de los grandes bancos españoles para denunciar sus grandes inversiones en material militar. 

Con la cesión de las acciones compradas por Finanzas Éticas, una veintena de organizaciones antimilitaristas han podido exponer ante los accionistas de Indra las repercusiones que tiene la actividad de su compañía.

Koldobi Velasco, en representación de Alternativa Antimilitarista MOC, el Centre Delàs de Investigación y Acción por la Paz y otras asociaciones, fue la encargada de plantear sus denuncias en la Junta de Accionistas de Indra.

Acudió a contarles a los propietarios de los valores de esa multinacional que los 3.390 millones de euros de ingresos que habían logrado en 2021, un 8,7% más que en 2020, se habían obtenido a costa "del sufrimiento de las víctimas que provocan los conflictos armados en el mundo y la militarización de las fronteras".

"Apelamos a la conciencia, invitando a todas las personas a que se nieguen a contribuir al negocio de las guerras y la criminalización de las fronteras. La guerra empieza aquí; hay que pararla aquí. Desarmar Indra, ganemos vida", proclamó Velasco el 23 de junio de 2022 en la sede central de la empresa, en la localidad madrileña de Alcobendas.

En la de 2019, al final de su intervención, esta representante del movimiento antimilitarista llegó incluso a solicitar a los accionistas que guardaran un minuto de silencio por las víctimas del material militar que vende su compañía.

"Fue un minuto muy tenso, aunque no hubo una interrupción. Lo que quería es mostrar las consecuencias de lo que hace una empresa manchada de sangre que está colaborando con la violencia y la tortura", recuerda.

Lo que responde el consejo de administración de Indra a sus intervenciones siempre es más o menos lo mismo, según Koldobi Velasco. Aseguran que la empresa colabora con el desarrollo sostenible

Asimismo, sostienen que la compañía no está vinculada a ningún proceso de violación de los derechos humanos, que la defensa militar y el control de las fronteras forma parte del derecho a la protección de una nación.

"Nunca nos dan la razón y por eso repetimos y vamos a la siguiente junta de accionistas", añade.

Las organizaciones antimilitaristas también han participado en las juntas de accionistas del BBVA, Santander, Caixabank y Sabadell, en el marco de la campaña Banca Armada.

En dicha campaña, a raíz de una investigación del Centre Delàs, se ha identificado a 44 entidades financieras en España que destinaron entre 2020 y 2022 más de 14.308 millones de dólares a financiar a 12 armamentísticas que participan en el negocio de la militarización de las fronteras y los Estados del Mediterráneo.

En este caso, no hay una entidad que compre las acciones, sino que son pequeños accionistas de esos bancos, contrarios a las inversiones en la industria militar, quienes ceden sus títulos de valores a las organizaciones antimilitaristas para que puedan intervenir en las juntas de accionistas.

Y tanto en las juntas de las entidades financieras como en las de Indra estas organizaciones siempre han recibido un trato correcto, aunque han notado el malestar que causa su presencia.

"Se nota en las miradas, porque somos los aguafiestas, los que decimos que no todo está bien, que no todo contribuye al bienestar. Somos la mosca en el vaso de leche", explica Koldobi Velasco.

La marcha atrás de Repsol

El movimiento ecologista es otro de los asiduos en las campañas de accionariado crítico. El último episodio se produjo hace solo dos semanas en la Junta de Accionistas de Repsol.

Allí, una representante de Greenpeace, María Prado, criticó la "débil estrategia de descarbonización" de esa compañía multinacional y los daños causados a terceros por algunas de sus actividades.

En concreto, citó la sentencia de un tribunal que declaró a Repsol responsable del derrame de al menos 6.000 barriles de petróleo en el océano frente a la costa de Perú, que afectó a dos reservas naturales protegidas y a los medios de vida de cientos de pescadores.

No es la primera vez que esta compañía recibe las críticas de organizaciones ambientalistas en su junta general de accionistas.

En 2021, la plataforma para la defensa del mar Mediterráneo Alianca Mar Blava le cuestionó sobre sus planes para la extracción y exploración de pozos petrolíferos en España que ponían en riesgo zonas de alto valor ecológico.

A esta denuncia, la dirección de la empresa respondió que ese mismo año iban a cesar tales actividades. Según Jordi Ibáñez, esta respuesta da a entender que las campañas de accionariado crítico pueden traer consigo resultados positivos y cambios en la línea de las reclamaciones que plantean las organizaciones.

El accionariado crítico sindical

Algunos sindicatos llevan ya tiempo haciendo uso del accionariado crítico para llevar a las juntas de accionistas de las grandes empresas sus reivindicaciones laborales. Este mismo año, CCOO ha participado en la Junta de Accionistas del Banco Santander.

En dicha junta, le ha recordado a la empresa que debe demostrar su compromiso con la plantilla, "que es el artífice de los buenos resultados, gracias a su trabajo, esfuerzo y dedicación", con un sistema retributivo más justo y transparente.

Y en la reunión de la Junta de Accionistas de Caixabank del pasado mes de marzo, un portavoz de UGT criticó que los buenos resultados de la empresa se hubieran logrado, a su entender, a costa del sufrimiento de los trabajadores y de persistir en la degradación del clima laboral en la entidad.

Las organizaciones sindicales llevan a cabo el accionariado crítico por dos vías: una, la más antigua, mediante la suma de acciones de trabajadores que delegan sus títulos de valor en la empresa para que un sindicato alce su voz en su representación en la junta de accionistas.

La otra, más reciente, se ejecuta a través de los inversores de los fondos de pensiones de empleo, con la que se centran en impulsar criterios más responsables en el ámbito fiscal, medioambiental, social, de la retribución de directivos y el comportamiento de las empresas.

Según el secretario de Políticas públicas y protección social confederal de CCOO, Carlos Bravo, desde que se ocupan del accionariado crítico en las empresas han pasado por varias etapas.

Unas etapas han tenido más rechazo y han tenido que afrontar una "resistencia enorme" a la participación de los sindicatos en las juntas de accionistas, y otras han sido más transparentes y menos reticentes, a medida que ha ido avanzando su presencia.

La clave, a juicio de este responsable sindical, es avanzar en la agrupación con otros inversores institucionales con criterios de responsabilidad social, como el que representa el PRI (Principios para la Inversión Responsable) de Naciones Unidas.

Esa fue la vía que se utilizó para denunciar la explotación de los trabajadores en las empresas constructoras del campeonato mundial de fútbol en Catar.

Carlos Bravo cree que esta forma de accionariado crítico en las empresas va a seguir creciendo, porque se trata de un "fenómeno creciente" en España, con un desarrollo potencial grande. No en vano, señala al respecto que ya hay acumulados 35.000 millones de euros en fondos de pensiones de empleo.

Esta, asegura, aun siendo una cantidad pequeña respecto a los capitales de las grandes compañías, representa ya una cifra apreciable que bien canalizada puede incidir en las decisiones de las juntas de accionistas.

De parecida opinión es Jordi Ibáñez, para quien el accionariado crítico tiene un largo futuro por delante y también importantes retos. Uno de los más importantes, destaca el responsable de Finanzas Éticas, es conseguir un medio para conectar con los accionistas de las grandes empresas en cuya actividad quiere incidir este movimiento.

Actualmente, el sistema es muy opaco e impide conocer quiénes están detrás de muchas acciones, lo que dificulta enormemente, a su entender, la comunicación con ellos para informarles de sus campañas y tratar de que colaboren con ellas.

El otro reto, según el director de la Fundación Finanzas Éticas, es suavizar los criterios para que los accionistas minoritarios puedan proponer un cambio en el orden del día en la junta de accionistas.

Eso permitiría, explica, introducir puntos a debate que deberían ser votados y, por tanto, conseguir efectos directos en la actividad de la compañía.

Así le sucedió a la compañía Shell en Francia, donde un 3% de los accionistas consiguió que se debatiera la idoneidad del plan de descarbonización de la empresa, que acabó siendo rechazado por la mayoría por considerarlo insuficiente.