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Las CCAA se toman el últimátum de Montoro como una "amenaza" y se ponen en pie de guerra

Todas las comunidades, salvo Madrid que ha tenido una respuesta más prudente, han rechazado practicar nuevos recortes en sus cuentas. Catalunya y Andalucía son los territorios más críticos con las nuevas condiciones que pretende imponer Hacienda.

El ministro de Hacienda, Cristçóbal Montoro, poco antes de una intervención en el Congreso. / JAVIER LIZÓN (EFE)

PÚBLICO / EUROPA PRESS

MADRID. — El ultimátum del ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas que incumplieron el déficit no ha gustado nada, sobre todo a las más señaladas, como Catalunya. Casi todas, incluidas las del PP, se han puesto en pie de guerra contra los recortes de gasto que les quiere imponer Montoro.

Hasta primera hora de la tarde se habían pronunciado diez de las doce CCAA que han recibido la citada carta, en la que el Ministerio comienza a aplicarles el artículo 25.1 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es decir, las primeras medidas coercitivas que prevé la Ley para obligar a las autonomías a que cumplan con los objetivos que se les exige.

La respuesta de las CCAA no se ha hecho esperar y todas, salvo Madrid que ha tenido una respuesta más prudente, han rechazado practicar nuevos recortes en sus cuentas. En esta está incluida también Castilla y León, gobernada por los populares, aunque con matices. Mientras algunas de las gobernadas por el PSOE han hablado entre sí y plantean una reunión de la Conferencia de Presidentes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Las críticas han empezado en Catalunya: el conseller de Economía de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha criticado que la carta de Montoro es una "arbitrariedad" y ha asegurado que el Govern no hará nuevos recortes.

"Por muchos requerimientos que recibamos, no aplicaremos ningún recorte añadido a las políticas sociales, recortes a los que nos ha obligado el Ministerio de Hacienda. Por mucho que insistan en esa línea, no cerraremos hospitales ni colegios, ni servicios sociales", exclamó Junqueras. No obstante, y a pesar de esa tajante afirmación, admitió que la carta de Montoro tendrá consecuencias en los Presupustos de 2016.

Por su parte, el secretario de Economía de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, ha afirmado que la carta del Ministerio de Hacienda es "una amenaza política muy clara".

En declaraciones a Europa Press, Aragonès ha criticado la falta de concreción de Hacienda: "No dicen la cifra de déficit definitiva y nos remiten a la web. En lo que hemos de hacer para evitar la amenaza de medidas coercitivas, la carta es muy ambigua".

Ha anunciado que los técnicos de la Generalitat pedirán al Ministerio que concrete la cifra que se debe cumplir, y ha lamentado que Montoro utilice la advertencia de llegar a intervenir a las comunidades incumplidoras, cuando incumplen porque el Gobierno central "desatiende parte de sus obligaciones" con las autonomías.

La Generalitat, sin embargo, sí ha echado sus cuentas: estima que las medidas para reducir el déficit que le reclama el Gobierno central supondrían un ajuste para Catalunya de como mínimo 1.000 millones de euros.

Pere Aragonès ha puesto los ejemplos de la falta de un nuevo sistema de financiación —que la ley obligaba a renovar hace dos años—y que el Estado apruebe medidas que suponen nuevos gastos para las autonomías, sin que reciban mayores ingresos por ello. "Hablan de medidas coercitivas por incumplir unos objetivos de déficit que el Gobierno central fijó de manera arbitraria", según él.

Aragonès ha insistido en que es un problema político que debe solucionarse políticamente, como ya dijo hace unos días, cuando el Ejecutivo central avisó también a las comunidades por carta del incumplimiento de plazos de pago a proveedores.

"Hay que ir a la raíz de los problemas. Si el Estado cumple, nosotros podremos cumplir", dice el secretario general de Economía de la Generalitat

"Hay que ir a la raíz de los problemas. Si el Estado cumple, nosotros podremos cumplir", ha defendido Aragonès . "No estaremos solos, porque es un problema que afecta a muchas comunidades", ha añadido el cargo de la Generalitat, quien cree que que esto trasciende a las diferencias por el proceso de independencia catalán y a la relación bilateral entre administraciones.

Otras comunidades han reaccionado de manera parecida. La presidente andaluza, Susana Díaz, quien dejar claro que descarta más recortes ha preguntado al titular de Hacienda si trata de "intimidar" a las CCAA por el "ultimatum" de Bruselas.

En este sentido, ha calificado de "muy grave" que un Gobierno "interino y en funciones" les haya enviado una carta para que no dispongan de créditos, que ha cifrado en 600 millones para el caso de Andalucía. Según Díez, el Gobierno de Rajoy "está ya en campaña" y por eso echa la "culpa" del déficit a las CCAA.

Mientras, el secretario de Política Federal del PSOE y coordinador de la Interparlamentaria del PSOE-A, Antonio Pradas, reclamaba reunión "urgente" de la Conferencia de Presidentes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar un reparto "justo" del déficit en función de las "prioridades" de las administraciones públicas.

Una petición ésta a la que se ha sumado el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien desveló que había hablado ya con otros presidentes autonómicos, después de recibir la carta de Montoro por haber incumplido el objetivo de déficit en 2015. "La gente está desconcertada" tras recibir una misiva de estas características de un "gobierno en funciones", exclamó.

La consejera de Hacienda de Baleares ha sido aún más dura y ha advertido literalmente que su CCAA se "rebelará" ante lo que considera un "ataque" a las Islas y no practicará los recortes que le piden. Catalina Cladera también se queja de que el Ministerio no les ha adelantado la cifra que deben recortar y ha anunciado la petición de una entrevista con el ministro.

Revilla ha ido un paso más adelante y ha plantado hacer un "frente común" de las CCAA contra la decisión del ministro de Hacienda. "hay que hacer un frente común ante el despeje del balón (de Montoro) para largarnos la pelota a las CCAA", ha dicho el presidente cántabro, quien dejó claro que "de momento" no tiene previsto hacer "ningún ajuste" en el presupuesto regional.

El presidente aragonés, Javier Lambán, que hoy precisamente se ha reunido en Madrid con el ministro de Industria, ha acusado a Hacienda de seguir "apretando las tuercas" a las CCAA y ha advertido que en su CCAA "no se recortará ni un ero más". En este sentido, ha expuesto que en Aragón "es prácticamente imposible cumplir" el objetivo de déficit marcado por Hacienda sin reducir el gasto social.

Este argumento de que el gasto social corre peligro ha sido utilizado por varias CCAA, entre otras, la de Valencia, cuya vicepresidenta, Mónica Oltra, ha advertido de que no va a sacar a los niños de los colegios, ni a los enfermos de los hospitales para cuadrar el déficit.

Oltra ha dejado claro que no ve "ajuste posible" y ha acusado al ministro de "amedrentar" a las CCAA por carta, diciendo "lo que no se atreve a decirle a la cara" a los presidentes autonómicos, en este caso, a Ximo Puig.

En el caso de Asturias, su consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, ha dejado claro que su CCAA no necesita hacer las retenciones de crédito que reclama Montoro porque tiene un presupuesto ligeramente por debajo del de 2015 y las previsiones para 2016 son de un incremento de ingresos.

Castilla y León, gobernada por el PP, también se ha sumado a esta 'rebelión' autonómica al advertir que no puede recortar más sus gastos. La vicepresidenta Rosa Valdeón ha asegurado que ve "imposible" cumplir en 2016 el objetivo del 0,3 por ciento si las CCAA mantienen el 33% del gasto, al tiempo que reprochaba al Ministerio de que culpe a las CCAA del incumplimiento del déficit.

No obstante, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, a pesar de decir que no puede recortar más y cifrar en 328 millones la no disposición de gasto que tendría que aplicar Castilla y León, ha admitido que van a "mirarlo". "Vamos a estudiarlo y vamos a ver si económicamente y legalmente se puede hacer algo", ha dicho.

La Comunidad de Madrid, también gobernada por el PP, ha sido prudente en su reacción al asegurar que analizarán la carta de Hacienda "con detenimiento" y "ofrecerán alternativas desde la garantía de la prestación de unos servicios públicos de calidad".

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