El déficit de la Seguridad Social, es decir la diferencia entre lo que el Estado paga a los pensionistas y lo que obtiene por las cotizaciones sociales de trabajadores y empresas, afecta a todas las comunidades autónomas de España. Pero son las del norte, especialmente Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria y Euskadi las que ofrecen peores indicadores de sostenibilidad.

La Seguridad Social tiene una caja única y no recauda ni gasta en función de criterios territoriales, sino por lo que corresponde colaborar a cada trabajador cotizante y a su empresa en proporción a su retribución, y a cada pensionista recibir en función de los derechos que se ha ganado a lo largo de su vida. De ahí que resulte demagógico extraer agravios territoriales del déficit, aunque sel análisis por comunidades puede servir para comprobar cómo afecta la crisis demográfica a la capacidad del sistema.

Según los informes de distribución geográfica de ingresos y gastos de la Seguridad Social, la diferencia entre los derechos por cotizaciones sociales y los compromisos de gasto en pensiones contributivas se cerró el año pasado con más de 41.000 millones de diferencia a favor de las segundas. A 30 de noviembre pasado, el déficit ya se acercaba a los 31.000 millones para el ejercicio de 2022.

Sólo Baleares, con un superávit de 127 millones, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 15 millones entre las dos, ofrecían saldos positivos. La siguiente autonomía en mejor situación es la Comunidad de Madrid, con números rojos de más de123 millones de euros, y la siguiente, Canarias, con 260 millones en negativo.

Catalunya, con 5.116 millones en lo que va de este año, y Andalucía, con 4.512 millones, son las comunidades con mayor déficit bruto del Estado, alrededor del 30% del total. En ellas viven más de 16,2 millones de personas, es decir el 34% de la población del país, por lo que su posición en el reparto no parece anómala.

En cambio, entre las cinco autonomías de la cornisa cantábrica suman algo menos de la mitad de habitantes que las anteriores, unos 8,8 millones de personas. Es decir el 18,5% del total. Sin embargo, la diferencia entre pensiones y cotizaciones asciende en ellas a casi 14.000 millones de euros, el 45,3% del total que acumuló la Seguridad Social hasta el pasado 30 de noviembre en todo el Estado.

Galicia es con toda probabilidad la zona cero de esa situación. Porque a pesar de que sus pensiones son después de las de Extremadura las más bajas de todo el país -la media de las contributivas son 934 euros al mes, casi 160 euros menos que los 1.094 de la media nacional-, es la quinta comunidad con mayor déficit bruto, casi 3.400 millones de euros en lo que va de año.

En Euskadi y Asturias, la diferencia ascendió a casi 3.500 millones y a cerca de 2.700 millones, respectivamente, aunque parte de ese saldo negativo puede explicarse porque sus pensiones son las más altas de España. En buena medida, por las condiciones que pudieron obtener en su día los trabajadores jubilados y prejubilados de sectores en reconversión, como la minería y la siderurgia. Un pensionista vasco cobra de media 1.356 euros al mes, y uno asturiano, 1.282 euros. Si se trata sólo de pensiones de jubilación, las cantidades ascienden a más de 1.500 euros al mes en ambos casos.

La cuantía de las de Castilla y León está prácticamente en la media estatal, pero su déficit ocupa el tercer puesto entre los más elevados del Estado -más de 3.500 millones de euros-. Cantabria, con menos de 600.000 habitantes, suma más de 1.550 millones de agujero.

Cifras por habitante y por trabajador cotizando

Los datos relativos también sitúan a las citadas cinco comunidades en la peor situación. En términos de déficit per cápita entre cotizaciones y pensiones de la Seguridad Social son las cinco con las cifras más altas del Estado, con números que van desde los 1.260 euros de saldo negativo de Galicia a los más de 2.660 de Asturias. La media nacional no llega a 650 euros por habitante.

Si esa ratio se mide no por habitante, sino por trabajador ocupado según refiere la última Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), sucede lo mismo. El déficit en España son 1.500 euros, pero Galicia, Euskadi, Castilla y León y Cantabria superan el doble de esa cantidad. Asturias la multiplica por 4,6 hasta rozar los 7.000 euros.

El último de los indicadores que refleja la situación del sistema es la relación entre el número de trabajadores cotizando y el número de ellos recibiendo la pensión que se han ganado contribuyendo al sistema durante su vida laboral. En España hay nueve comunidades autónomas -La Rioja, Catalunya, Andalucía, Navarra, Valencia, Castilla La Mancha, Murcia, Madrid y Canarias, además de Ceuta y Melilla- con más del doble de cotizantes que perceptores de una contributiva. Las cinco autonomías de la cornisa cantábrica no llegan a 1,7 trabajadores por cada pensionista.