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Crisis del coronavirus El mercado defiende al BCE frente a las líneas rojas del Constitucional alemán

Los magistrados conservadores de la Corte Constitucional alemana no sólo han cometido injerencia competencial del Tribunal de Luxemburgo. También han invadido la soberanía del BCE, emblema de independencia, en nombre de la austeridad, para impedir nuevos estímulos monetarios, y en contra del mercado.

El logo del euro, cerca de la sede del BCE en el distrito financiero de Fráncfort. AFP/Yann Schreiber
El logo del euro, cerca de la sede del BCE en el distrito financiero de Fráncfort. AFP/Yann Schreiber

DIEGO HERRANZ

La doctrina constitucional alemana ya puso en entredicho los rescates bancarios que sucedieron a la crisis de la deuda europea. Fue en septiembre de 2012, con la misma línea jurisprudencial que acaban de emplear en su sentencia sobre la legalidad de los programas de compra de activos (y deuda) soberana y corporativa del BCE. Y a la que suelen acudir los altos tribunales nacionales encargados de interpretar las cartas magnas. Porque sus resoluciones impregnadas de claridad y contundencia jurídica siguen siendo la excepción a esta norma casi universal.

En esta ocasión, los magistrados de la Corte Constitucional germana, de marcada inclinación conservadora, con sede en Karlsruhe por esa dinámica federal de diversificar los centros de poder por las diversas capitales de länders, como no podía ser de otra forma (para evitar sorpresas, pero sí suspicacias) no se ha atrevido a prohibir este mecanismo de uso exclusivo del BCE y reglado por su estatuto fundacional. El mismo que confeccionó la cancillería de Berlín para asegurarse que el único de sus objetivos declarados en la definición de su política monetaria fuera la lucha sin cuartel contra la inflación. El sempiterno temor de la ahorradora sociedad alemana desde los duros años de las entreguerras mundiales.

Pero, en cambio, no ha tenido reparos, como ya lo hiciera en 2012, a poner líneas rojas a esta práctica. Considerada maldita por la gubernamental CDU (la formación de Angela Merkel) y su hermana bávara, la CSU y, sobre todo, por el titular de Finanzas que rigió los destinos de la crisis europea desde Berlín, Wolfgang Schäuble, implacable halcón de la teoría de la austeridad en la UE.

No por casualidad, la mayoría conservadora de la Corte Constitucional germana ha emitido sus dos veredictos con amplísimas reservas a soluciones financieras mancomunadas en Europa y la zona del euro con un poder ejecutivo del mismo tinte ideológico.

Detrás del fallo del Constitucional alemán está la idea de Merkel de que “Europa no será una unión de transferencias”

En 2012, el fallo dijo que ni el Mecanismo Europeo de Estabilidad (el nuevamente famoso MEDE, del que emanarán los fondos destinados a mantener el pulso económico durante la Covid-19) ni los recursos monetarios que se desplegaron para modular los rescates bancarios a Irlanda, Grecia, Portugal y España (a los que en 2016 se uniría Chipre) eran inconstitucionales.

Todo un alivio para los defensores de las instituciones comunitarias. Pero no tanto para los contribuyentes -netos- alemanes, parece que demasiado preocupados en garantizarse la devolución de los servicios prestados, a costa de los sacrificios (los que fueran) de los díscolos socios del sur de la Unión. De ahí que la principal de las excepciones jurídicas de su sentencia fuese establecer el límite de 190.000 millones de euros que, sólo unos meses antes de la publicación del fallo, fue aprobado por el Bundestag como tope financiero de Berlín a esta causa colectiva. Es decir, con un cheque al portador made in Germany con techo monetario de la locomotora del euro.

Porque, como dijo Merkel en 2012, al valorar el fallo del Constitucional alemán, “Europa no será una unión de transferencias”; antes de dar su opinión, sin un ápice de tensión, sobre la política expansiva del BCE. “Lo vemos como un apoyo a nuestra línea”, resaltó Merkel, a sabiendas de las líneas rojas que su Alto Tribunal trazó a los programas fiscales.

De izquierda a derecha, los jueces del Tribunal Constitucional de Alemania Ulrich Maidowski, Peter M. Huber, Andreas Voßkuhle (su presidente), Doris König y Christine Langenfeld, en una foto del pasado 5 de mayo cuando publicaron el en el que se pone en cuestión el programa de compra de bonos del BCE iniciado en 2015. AFP

Casi ocho años después, el mismo tribunal, bajo la misma presidencia, la de Andreas Voßkuhle, en lo que en Alemania se interpreta como su última gran servicio al Constitucional antes de que expire su mandato este mismo mes de mayo, ha retirado la bendición que otorgó al Public Sector Purchase Programme (PSPP), el herramienta que habilitaba al entonces máximo responsable del BCE, Mario Draghi, a salvar el euro con su Quantitative-Easing (QE), mediante la compra masiva de deuda corporativa y soberana, durante tres años y medio, entre la primavera de 2015 y el 31 de diciembre de 2018. Y que ahora ha vuelto a rescatar bajo la presidencia de Christine Lagarde bajo las prerrogativas que marca el Pandemic Equity Purchase Programme (PEPP) para combatir la recesión de la Covid-19.

Cambio de rasante, en pleno juego

El metodismo alemán, a veces, brilla por su ausencia. En más ocasiones de las que parece. No es muy genuinamente germano cambiar las reglas en mitad de la partida. Pero su Constitucional se ha saltado varias veces esta norma no escrita del subconsciente colectivo alemán, origen de su supuesta fiabilidad financiera.

No apareció en ningún momento el buen juicio de su Corte Suprema cuando en 2003 en plena recesión alemana por el estallido de la burbuja tecnológica, el déficit de la locomotora alemana se disparó más allá del 3% del PIB que marca el Programa de Crecimiento y Estabilidad ahora aparcado por la crisis del coronavirus ni, por supuesto, que la Comisión Europea hiciera oídos sordos a las sanciones económicas que lleva aparejado todo incumplimiento. Sea de un socio contribuyente neto o no. La premisa que surge tras la sentencia que firma Voßkuhle. 

El BCE se remite al dictamen del Tribunal de La UE  que avala su gestión porque entiende que hay una intromisión en la jurisdicción europea

Como también ha dejado atrás la exigida coherencia doctrinal que debería presidir cualquier trayectoria de un tribunal constitucional. Admite el fallo que el PSPP del BCE no ha subvencionado (financiado) a los Estados miembros del euro, pero alega que la autoridad monetaria se ha extralimitado en su mandato y le obliga a revisar su instrumental de ayuda a la resolución de crisis sistémicas. Es decir, va un paso más allá que su diagnóstico de 2012, cuando la canciller Merkel afirmó que el máximo garante de la Carta Magna germana amparaba el brazo ejecutor del BCE en el mercado.

Al que, por otro lado, el consenso económico y político convino que fue el auténtico tratamiento de choque que devolvió el orden monetario al euro. Aunque, entonces, estableciera sus límites cuantitativos a los rescates, a las aportaciones nacionales de ayuda a socios en dificultades. O, dicho de otro modo: a los planes fiscales europeos. A sabiendas de que, como en la crisis actual, donde una pandemia sanitaria global, de emergencia social, iba a poner en jaque las bases de solidaridad que construyeron el club comunitario.

Esta extralimitación de funciones (que una corte nacional entre en la jurisdicción del Tribunal de Luxemburgo, la instancia judicial suprema de la UE), y de interpretación arbitraria (en clave no sólo germánica, en este caso, sino ideológica, en defensa de la ortodoxia presupuestaria aun en tiempos de suma excepcionalidad que han llevado paradójicamente a Merkel a tildar la crisis del coronavirus como la más grave desde la Segunda Guerra Mundial y a declarar la coyuntura como una economía de guerra) no ha pasado desapercibida para el BCE.

El banco emisor respondió de inmediato a la afrenta del tribunal de Karlsruhe, armada casi por unanimidad (siete votos a favor y sólo uno en contra), y dijo “tomar nota” de la opinión llegada desde Alemania, pero se remitió de inmediato al dictamen que le incumbe: el del Tribunal Superior de Justicia de la UE que avaló la implantación de su plan de adquisición de deuda en el espacio europeo, donde aún siguen sin existir mecanismos mutualizadores como los eurobonos para hacer frente a episodios de crisis de endeudamiento como la de 2008 o la actual.

Aunque queda por ver su reacción efectiva, dado que desde Karlsruhe se exige a Fráncfort que revise su estrategia (QE) en tres meses y a Berlín (tanto al gobierno como al Bundestag) que vigilen, a su vez, al organismo supervisor en el futuro. Todo, pues, en el fondo, queda en casa.

Convulsión en el Ejecutivo comunitario

La resolución del tribunal alemán ha generado un maremoto interno en el seno de la Comisión. En torno a la figura y a la posición política de su presidenta, Ursula von der Leyen, conservadora, de la CDU, delfín político de Merkel y, por supuesto, alemana. De hecho, la incertidumbre sobre esta batalla entre Alemania y la UE pone en riesgo el futuro del euro.

Las amenazas surgen por doquier. Porque la maniobra del Constitucional alemán cuestionar la legalidad de los programas de compra de deuda del BCE en el epicentro de la recesión más voraz sobre la zona monetaria desde su nacimiento. Algunos de los temores que han irrumpido en el cuartel general de la UE, en torno al colegio de comisarios de Ursula von der Leyen, dejan entrever que las costuras de la Unión, sin haber siquiera sellado el divorcio con Reino Unido por el Brexit, están en tensión máxima.

El casi inevitable procedimiento de infracción contra Alemania abrirá crisis de gravedad en el Ejecutivo comunitario

Una de estas incógnitas es conocer cómo puede convivir la sentencia alemana con la que emitió el Tribunal de la UE, en 2018, que otorgó plena legalidad y legitimidad a su estrategia QE, que empleó 2,7 billones de euros en sus tres años y medio de operatividad en el mercado. Hasta que ahora, bajo el mandato de Lagarde y por la crisis de la covid-19, ha vuelto a reactivarse.

Porque el tenor de los tratados europeos obliga a los tribunales nacionales a someterse a los dictados del Tribunal de Luxemburgo. La ofensa de Karlsruhe, que aduce que se extralimitó en su poder al emitir una resolución previa a regulación actual, es la mayor en los 68 años de existencia de la Justicia de la UE. Pese a que Von der Leyen ha querido dejar claro que “la última palabra sobre legislación europea la dicta siempre la corte europea”.

Un segundo factor de riesgo es saber si la jefa del Ejecutivo comunitario se atreverá a eludir la cuestión de si la Unión podría saltarse las leyes europeas. O si, por el contrario, como ha avanzado sin demasiada convicción, el Gobierno que preside emprenderá un proceso sancionador contra su país. Con la consiguiente apertura negociadora bilateral previa.

Porque la Comisión “simplemente no puede ignorar este intento de saltarse el acervo comunitario” dice Miguel Maduro, antiguo abogado general (fiscal) de la Corte Europea. Porque, aduce, la actitud alemana podía ser replicada por otros Estados con los que mantiene litigios abiertos (Hungría o Polonia) por asuntos de extrema colisión con los principios fundacionales de la UE.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, conversa con la canciller alemana Angela Merkel y la presidenta de la Comision Europea, Ursula von der Leyen, al comienzo de la segunda jornada de la cumbre de la UE celebrada en diciembre de 2019 en Bruselas. AFP/Aris Oikonomou

En cuarto lugar, la batalla planteada por el Tribunal Constitucional alemán y el probable proceso de infracción, somete a la arquitectura institucional europea a una tensión excepcional. No son usuales estos procedimientos y, cuando se aplican, suelen ser por planteamientos regulatorios técnicos. Pero el de Alemania no podrá subsanarse con meros retoques legislativos o sanciones y multas. Suena a crisis institucional.

Sobre todo, si, como alerta Maduro a Bloomberg, el litigio se inicia sin “una inteligente y prudente aproximación” previa entre ambas partes. Duelo entre Merkel y su heredera natural en la CDU (así se consideró a Van der Leyen durante su periplo de ministra de Defensa en varios gabinetes de la canciller) sobre dogmas europeístas hasta ahora incuestionables en Berlín, pero entre dos almas ideológicamente gemelas y rigurosas defensoras de la austeridad y, para más inri, de la misma nacionalidad y que han expresado sus deseos de acabar con los pagos de los contribuyentes germanos.

Por ejemplo, evitando cualquier avance en reformas estructurales que pudieran avanzar en una integración ambiciosa entre los socios del euro en los Consejos Europeos del último lustro. En contra del criterio de Draghi, entre otros. Pero las incógnitas siguen fluyendo en el ambiente. Porque, hasta ahora, los procedimientos de Bruselas han sido contra Estado, no contra tribunales nacionales. Pese a que, según el Derecho Internacional, un país debe responder ante cualquier transgresión de alguna de sus instituciones a normas supranacionales.

Pero las dudas subyacen también a la inversa. Porque también puede poner en cuestión si los quince jueces del Tribunal de Luxemburgo que dieron su respaldo a los planes de compra de activos del BCE en 2018 deben inhibirse del affaire alemán, lo que dejaría la resolución en manos de otros 12 magistrados.

Y, entretanto, ¿qué debería hacer el BCE?, ¿interrumpir su estrategia? Erik Nielsen, economista jefe en UniCredit escribe en una nota a inversores que, quizás, el BCE debiera emitir un informe en el que insista en la legalidad de sus acciones. “Después de todo, cuenta con el antecedente de su Consejo de Gobierno de 2015, cuando iniciaron el programa de compra de deuda” y podría incidir en su “independencia” de perturbaciones ejecutivas o judiciales.

También para Alemania el papel que tendrá que jugar resulta delicado. Su Corte Constitucional se ha labrado una imagen de emblema de libertades civiles y tiene una vitola de independencia y rigor. Pero, de perder el caso con Europa, a instancias, además de Von der Layen, podría crear una crisis interna de notable envergadura. A no ser que la canciller logre aplicar paños calientes sin causar una seria disputa constitucional en el país. Algo que será difícil. No por casualidad, voces como la de Schäuble, que durante su periplo ministerial, advirtió con represalias a los socios que mostraran algún tipo de rebelión contra los dictados europeos que exigían austeridad máxima en 2012, han alentado un fallo de su Alto Tribunal que ha generado euroescepticismo.

El mercado, con la supervivencia del euro

La resolución judicial alemana ha irrumpido en pleno despliegue, desde el BCE, de los 750.000 millones de euros del PEPP. En medio de la brutal recesión en la zona del euro por la pandemia del coronavirus. Y lo que es peor. Sometido a “una pérdida de credibilidad en los mercados” por fuego amigo, explica a The Economist Sebastian Grund, ex economista de la autoridad monetaria europea.

Un operador del mercado observa una pantalla que muestra la evolución del FTSE-100, el principal indicador de la Bolsa de Londres. AFP/Daniel Sorabji

Los inversores no encuentran comprensión a esta maniobra. Como tampoco Olli Rehn, gobernador del Banco Central de Finlandia, ex miembro del Consejo de Gobierno del BCE y con pasado como comisario europeo. “Ningún tribunal nacional, salvo la Corte Europea, tiene plena exclusividad jurisdiccional sobre el BCE. Esta es una cuestión existencial para la UE”, advierte al seminario británico para resaltar la trascendencia jurídica y económica de este nuevo obstáculo al euro. Pese a que, desde la órbita de los analistas del mercado, “no hay motivos substanciales para que los planes de compra de activos no sigan adelante”.

El programa de compra de activos del BCE seguirá su curso e, incluso, duplicará su tamaño desde los 750.000 millones actuales

De hecho, Evelyn Herrmann, estratega para la zona del euro de Bank of America Merrill Lynch (BoAML) considera que, “pese a la complejidad” que ha creado en el ambiente la decisión de la Corte Constitucional alemana, “el BCE podrá permanecer ajeno al conflicto”, hasta el punto de que espera “duplicar el arsenal monetario del PEPP”. Aunque, en cambio, afirma que “sí podría retrasar el esperado plan de rescate europeo y perjudicar, irónicamente, la disciplina fiscal en Alemania”. A su juicio, el “BCE se verá en la obligación de actuar más rápido” mientras deja los litigios jurídicos a la Comisión y el Tribunal europeos y la locomotora germana se enfrentará “a mayores problemas de consolidación presupuestaria si la crisis en la zona del euro se prolonga en el tiempo”.

David Lafferty, economista jefe en Natixis, no descarta tensiones en el mercado de bonos, con repuntes de las primas de riesgo, sobre todo la de Italia, aunque haya permanecido en los 240 puntos básicos durante las jornadas posteriores a la emisión del fallo judicial.

Más contendente, sin embargo, se expresa Yves Bonzon, CIO de Julius Baer, para quien la UE “debe cambiar sus reglas porque no se adaptan a la situación actual”. En su opinión, “la sentencia del Constitucional alemán sobre la política del BCE es un sutil recordatorio de los obstáculos que hay dentro de la UE”. Sobre todo, en su “punto más controvertido”, el programa de QE del BCE, que deja en el aire “no tanto la legalidad de las medidas de la autoridad monetaria, sino el marco legal que se estableció con el Pacto Europeo de Estabilidad y que resulta completamente inapropiado para la situación actual”.

En definitiva, dice Bonzon, “las reglas europeas deben ser cambiadas, en lugar de tratar de sortearlas laboriosamente, ya que el espíritu del legislador debería ser siempre respetado dentro de lo que se entiende por un Estado de derecho confiable”. De ahí que revele sus reservas “sobre los activos denominados en euros”. Pese a las garantías que ofrece el BCE para acometer los vencimientos de deuda a corto plazo. Porque el “marco institucional es del todo punto inadecuado”. También a pesar de que “los brutales descensos del PIB” en la zona del euro, de entre el 15% y el 20% en términos interanuales en algunos socios, serán lógicamente temporales, afirma.

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