El juez procesa a los exjefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank por el caso Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a los exjefes de Seguridad de Repsol Rafael Araújo y de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño por el encargo al excomisario José Manuel Villarejo para espiar al presidente de Sacyr, Luis del Rivero.

En el auto de procesamiento conocido este lunes, el magistrado incluye también al propio Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al policía Enrique García Castaño, así como al subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de Repsol, Rafael Girona.

El pasado mes de julio el juez archivó provisionalmente la investigación contra el presidente de Repsol, Antonio Brufau, el que fuera su homólogo en CaixaBank, Isidro Fainé, y las dos cotizadas como personas jurídicas.

El magistrado atribuye cohecho activo a Araújo y Fernández Rancaño, en tanto que a Villarejo y Redondo, cohecho pasivo y descubrimiento y revelación de secretos, delito que también achaca a García Castaño.

El proyecto Wine se ocupa del espionaje supuestamente encargado en 2011 y 2012 por los exresponsables de seguridad de Repsol y CaixaBank para salvaguardar los intereses de ambas empresas, frente a la estrategia de sindicación por parte de Del Rivero, entonces presidente de Sacyr, para asociarse con Petróleos Mexicanos (Pemex) de cara a conseguir el control de la petrolera.

Se han detectado siete abonos en dos cuentas de Cenyt (empresa vinculada a Villarejo) con cargo a Repsol (4 abonos) y CaixaBank (3 abonos)" de un total de 413.600 euros, de los que 218.900 euros se abonan con cargo a la primera y 194.700 euros a la segunda.

García Castellón señala que en el momento de los hechos Villarejo era comisario del Cuerpo Nacional de Policía, y no existía ninguna investigación policial en curso que justificase la solicitud de los tráficos de datos relativas a las personas investigadas por el Grupo Cenyt.

Tanto Araujo como Fernández Rancaño, añade el juez, disponían de un elevado grado de autonomía organizativa y contractual, y ambos "disponían de amplios márgenes de contratación, de decisión y de orden de pagos en lo relativo al ámbito de la seguridad de las citadas mercantiles".

Sobreseimiento provisional para cuatro directivos

Al igual que hiciera antes con Fainé y Brufau, el magistrado aparta de la causa de forma provisional a otros cuatro directivos de las sociedades en aquella época.

Se trata del ex secretario general y secretario del consejo de Repsol Luis Suárez de Lezo; el exdirector corporativo de servicios patrimoniales de la petrolera Juan de Amunátegui; el exdirector corporativo de gestión patrimonial Joaquín Uris, y el exdirector general de medios de CaixaBank Antonio Massanell.

Para García Castellón no existen indicios suficientes "que permitan atribuirles la comisión de los delitos investigados", ya que "ninguno de ellos tomó parte en las negociaciones con Cenyt, ni participó en las reuniones, ni dio órdenes de que se llevasen a cabo tales investigaciones".

Insiste el juez en que, a la vista de las pruebas practicadas hasta la fecha, "sendas direcciones de seguridad disponían de un elevado grado de autonomía organizativa y contractual".

Motivo por el que decreta el sobreseimiento provisional de la causa respecto a los cuatro.