Los organismos multilaterales difieren del volumen monetario que navega hacia los territorios que facilitan el lavado de capitales procedentes de negocios ilícitos que van desde el terrorismo internacional hasta el narcotráfico, pero que también adquieren otras múltiples modalidades de actos delictivos. Aunque el encaje en la legalidad del dinero sucio sea una figura punitiva por sí misma, Europa ha decidido confeccionar su propia agencia de lucha contra esta lacra, que puede llegar a movilizar entre 600.000 millones de dólares y 1,5 billones anuales, según datos de 2018 del FMI, pero que la institución de Naciones Unidas para la drogadicción y la criminalidad (Unodc según sus siglas en inglés) eleva algo más. Hasta calcular una horquilla entre 800.000 millones y 2 billones de dólares. Es decir, entre el 2% y el 5% del PIB global. Debido -alertan- al fulgurante desarrollo de la tecnología, las redes de comunicación y los negocios financieros.

La terminología al uso define el lavado de capitales como “la práctica de ocultar, esconder o encubrir la fuente, el destino y la identidad de dinero adquirido u obtenido de forma ilegal”. Este ente institucional de Naciones Unidas admite que el cada vez mayor calibre de dinero sucio en circulación obedece a su capacidad para insertarse en el sistema bancario internacional, una habilidad que dificulta la identificación del origen de su ilegalidad y alerta que, aunque el circuito real se aproxime más a la parte baja de la banda de cálculo establecido, “los gobiernos tienen un asunto serio que abordar si quieren alcanzar sus compromisos de torpedear el círculo” en el que opera el lavado de capitales.

Europa parece haber tomado nota de esta recomendación. Los responsables de Finanzas de la UE, con la nueva Comisión Von der Leyen a la cabeza, desean que el Eurogrupo, primero, y la totalidad de los ministros del ramo de la Unión, después, instauren una agencia anti-lavado de dinero, que renueve los cauces de persecución de esta figura delictiva en paralelo a una revisión a conciencia de la estructura operativa actual y de la regulación para erradicar el tránsito hacia la legalidad y la circulación en curso de esta masa monetaria de procedencia ilícita.

El asunto ya está encima de la mesa del Ejecutivo comunitario, según avanza la agencia Bloomberg. Sería una especie de brazo ejecutor que plantearía propuestas para frenar estas prácticas y haría las veces de organismos supervisor de los flujos de capital sospechosos de buscar los espacios de legalidad que les ofrecen, en no pocas ocasiones, las entidades financieras. El Eurogrupo ha manifestado ya en alguna ocasión reciente su preocupación por los escándalos de lavado de capitales que se han desvelado y se están persiguiendo judicialmente y que afectan a varios bancos europeos. La industria de las Finanzas de la UE ya ha sido alertada de la creación de la agencia, que aunaría los esfuerzos de coordinación en materia regulatoria y supervisora de los entes nacionales que operan en la actualidad. En España, el Sepblac es el organismo de vigilancia; el que ejecuta las actuaciones surgidas desde la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, adscrita al Tesoro del Ministerio de Economía. Actúa en connivencia con entidades supervisoras como el Banco de España, la CNMV o la Dirección General de Seguros, además de la Agencias Tributaria o los cuerpos de seguridad del Estado. En la normativa española, derivada del acervo comunitario, los bancos son sujetos obligados -como los notarios-, lo que les conmina a desvelar al Sepblac cualquier indicio sospechoso de blanqueo de capitales.

Los bancos europeos, en el ojo del huracán

El banco sueco SEB AB ha sido el último en salir a la palestra por estas prácticas. Un asunto que está siendo investigado judicialmente. Después de conocerse que una serie de transacciones de dinero, por valor de 90.000 millones de dólares, realizadas por “no residentes” en sus oficinas y delegaciones en Estonia, despertaran las sospechas de alto riesgo de lavado. A este escándalo, que se conoció el pasado mes de noviembre, se unen los de las entidades danesa Danske Bank, el grupo financiero escandinavo Nordea ABP y la holandesa ING Groep NV. Todos ellos han sido responsables, en mayor o menor medida, de la caída de cotización de las firmas bancarias en las bolsas europeas y, más en concreto, de sus valores bursátiles. La agencia europea pretende acabar con la vulnerabilidad que ha irrumpido en las operaciones entre distintos estados de la Unión, lo que exigirá reforzar las regulaciones comunitaria y nacionales y los requerimientos a los bancos. Estonia está en el foco de operaciones de este tipo de prácticas.

El documento oficial respalda que Bruselas “explore, en concreto, las posibilidades, ventajas e inconvenientes de conferir al Ejecutivo de la UE mayores responsabilidades y poderes de supervisión y persecución del lavado de capitales a través de una estructura independiente y funciones directas” para aplicar sus actuaciones. Entre otras, el endurecimiento de sanciones, además de las obligaciones legales. Un proyecto armonizador en toda regla –reconocen en Bruselas–, que implicará nuevas cesiones de parcelas de soberanía; eso sí, bajo el paraguas normativo del GAFI, el llamado Grupo de Acción Financiera Internacional, institución creada en 1989 con carácter intergubernamental por el G-8, que tiene su sede en París, en la OCDE. De momento, las cinco grandes economías del euro -Alemania, Francia, Italia, España y Holanda- han dado el visto bueno a la iniciativa. También Letonia. Todas ellas, partidarias de una supervisión europea.El asunto más espinoso en el que se ha visto involucrada la banca europea es el de Danske Bank. Bajo investigación por Agencia de Servicios Financieros de Dinamarca y de la Autoridad Bancaria Europea. Y que ha propiciado la dimisión de su CEO, Thomas Borgen. Ambas instituciones buscan la revelación oficial del banco sobre el recorrido hacia la legalidad de casi 230.000 millones de dólares de supuesta procedencia ilícita que, según sus pesquisas, se blanquearon en su marca subsidiaria en Estonia durante nueve años. Y, en el proceso abierto, han aclarado que cualquier tipo de responsabilidad legal sobre estas operaciones recaerá sobre el propio Borgen y el comité de dirección del banco.

El escándalo data de 2007, cuando Danske Bank adquirió una entidad finlandesa, Sampo, que también tenía marca y licencia bancaria propia en Estonia. En el periodo 2007-2013, el 44% de la totalidad de depósitos del banco danés procedía de no residentes en Estonia. Entre ese mismo año de origen y 2015, esos mismos clientes -más de 10.000- realizaron 7,5 millones de transacciones. Muchas de ellas -la gran mayoría, de hecho- transcritas en estonio o ruso, dado que la plataforma digital con la que operaba las filiales en Estonia funcionaba con software propio. Lo servicios jurídicos de Danske siempre han declarado que la evolución de las transacciones sujetas al rastreo judicial bajo su red tecnológica nunca coincidió con los registros de su filial estonia.

A vueltas con las ‘listas negras’ del blanqueo

La batalla contra el dinero sucio siempre ha generado polémica. La coordinación nunca ha sido del todo efectiva entre las distintas autoridades, los expertos siguen denunciando un déficit de transparencia y las batallas entre países surgen inexorablemente. Entre otras, las que tienen de protagonistas a Europa y EEUU en torno a sus listas negras de territorios a los que consideran proclives al lavado de capitales. El Departamento del Tesoro americano y la Comisión Europea han chocado este año por la intención de Bruselas de incluir varios enclaves de EEUU dentro de su clasificación, que renueva anualmente, y por acusar a los bancos estadounidenses de eludir las directivas comunitarias. También a la inversa, porque la Administración Trump ha iniciado un proceso contra Deutsche Bank por similares motivos. En su última modificación, de 2019, en la que ha ampliado de 16 a 23 el número de territorios. En el informe, de 35 páginas, incorpora a áreas bajo la jurisdicción de EEUU como la Samoa americana, Guam, Islas Vírgenes o Puerto Rico. Además de lo que en la jerga comunitaria denominan estados frágiles: Entre ellos, Corea del Norte, Irán y Siria. En esta radiografía de 2019, Bruselas ya exigía a las entidades bancarias europeas que reforzaran sus medidas de due diligence (diligencia debida) para evitar nuevos escándalos, combatir la lacra del dinero sucio y eludir los efectos colaterales sobre los mercados. Además de admitir un nítido convencimiento sobre la necesidad de acometer reformas legislativas que permitan perseguir con mayor celeridad y eficacia los delitos de blanqueo de capitales.