El fin de la prestación por cese de actividad asfixia a los autónomos

La cuarta parte de los autónomos, más de 800.000, da por perdido el año ante los efectos de la pandemia de coronavirus y del ‘gran encierro’ y necesitará ayuda para llegar a diciembre, según las estimaciones de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), organización que reclama la prórroga de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad que el Gobierno puso en marcha a mediados de marzo dentro del "escudo social".

"Hay miles de actividades económicas que no son capaces de generar ingresos suficientes para seguir funcionando", advierte Eduardo Abad, presidente de UPTA, que insiste en la necesidad de mantener las prestaciones. "Más del 60% de los 1,4 millones de autónomos que están en cese de actividad necesitan seguir con esa protección social", añade.

La pandemia ha agravado los problemas de un sector, el del trabajo autónomo, en el que ya daba pérdidas uno de cada seis negocios, lo que supone algo más de medio millón de actividades, y que ahora se enfrenta a una crisis en la que centros de estudios como Funcas pronostican una caída de la demanda interna de hasta siete puntos de PIB (más de 85.000 millones), un retroceso del consumo de los hogares de hasta el 10% y desplomes de la actividad cercanos al 40% en la hostelería (-58,3% en verano y -20% en otoño) y al 15% (-27,5% y -3,1%) en los servicios en general.

Ese cuadro apunta a un enquistamiento de los problemas de viabilidad de miles de pequeños negocios en un sector en el que más del 40% de sus integrantes (1,42 millones) ha solicitado la ayuda y en el que más de la mitad de los daños se concentra en tres sectores: el comercio, con 328.767 solicitudes de cese de actividad aceptadas; la hostelería, con 255.493, y la construcción, con otras 134.383).

Una prórroga selectiva por actividades, territorios y facturación

La prestación extraordinaria de cese de actividad por la pandemia, que en el 85% de los casos supone un ingreso de 661 euros (el 70% de la base de cotización) y la condonación de un pago de 283, se acaba el 30 de junio salvo que el Gobierno apruebe su prórroga antes de esa fecha, ya que el decreto que la regula establece su vigencia "hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma".

No obstante, el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, se mostró este jueves, en un foro telemático organizado por el Consejo General de Economistas (CGE), abierto a ampliar la prestación, según informó El Economista, aunque sin entrar en detalles sobre la misma.

Todo apunta, no obstante, a que la prórroga tendrá carácter selectivo y no generalista. Tampoco hay una decisión sobre su duración, que en principio iría paralela a la de los ERTEs por causa de fuerza mayor, que el Gobierno plantea ampliar hasta el 30 de septiembre.

Ambas cuestiones, sobre las que se espera una decisión en el consejo de ministros del próximo martes, se encuentran sobre las mesas de diálogo social, con patronales y sindicatos en el caso de los expedientes y con las organizaciones de autónomos para el cese de actividad.

"Hemos de acabar de concretarlo", confirma Abad, partidario de mantener la prestación hasta final de año y de "combinar los epígrafes de la actividad económica y los factores territoriales, además de la facturación", para conceder las ampliaciones de la cobertura.

¿Qué pasa con los 70.000 autónomos de temporada?

"Tendrá que ir ampliándose", mantiene, mientras llama la atención sobre algunos sectores con fuerte presencia del trabajo autónomo, como el de los eventos o el de los feriantes, a los que las restricciones del estado de alarma y el decreto de la transición a la ‘nueva normalidad’, que obliga a "garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros", han dejado sin trabajo prácticamente para lo que queda de año.

Paralelamente, añade Abad, "el comercio y la hostelería han comenzado a reabrir, pero lo han hecho con un nivel de consumo interno muy bajo" y cuya evolución, por otro lado, no va a ser homogénea en todo el país.

Por último, representantes del Ministerio de Inclusión se mostraron abiertos a buscar una solución para los autónomos de temporada, un colectivo de alrededor de 70.000 personas que han visto cómo su campaña se esfumaba sin que, al mismo tiempo, hayan podido acogerse al cese de actividad por no estar de alta en el sistema el 14 de marzo. Su situación es equiparable a la de los fijos discontinuos.