Más de 600.000 profesionales están encuadrados en el Sistema Nacional de Salud (SNS), que lleva semanas librando una dura batalla contra el coronavirus en España.

Este ejército, con más efectivos que el de verdad (las Fuerzas Armadas cuentan con 120.000 militares), tiene ante sí el mayor reto de su historia. Y debe afrontarlo, además, sin haberse recuperado aún de los recortes sufridos durante la crisis, que redujeron su presupuesto en más de 28.000 millones de euros entre 2010 y 2017.

Del conjunto del personal perteneciente al SNS, 143.995 son médicos, lo que significa que ocho de cada diez ejercientes trabajan para la sanidad pública, con independencia de que también desarrollen una actividad privada. En total, España dispone de 177.731 médicos, de los que el 54,3% son mujeres y que en general atesoran una significativa experiencia, pues el 55,8% tiene más de 44 años.

Según el último Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, correspondiente a 2018, hecho público en diciembre del año pasado, los 143.995 médicos adscritos al SNS se distribuyen de la siguiente forma: 35.486 en atención primaria, 80.714 en hospitales, 3.191 en urgencias y emergencias y 24.604 son residentes (MIR), es decir, que están todavía en pleno periodo de especialización.

Igual ocurre con los profesionales de enfermería: de los 175.594 que prestan sus servicios para el SNS, 29.662 se encuentran en centros de atención primaria, 141.132 en hospitales, 2.964 en urgencias y emergencias y 1.836 en formación. En este caso, la presencia femenina es abrumadoramente mayor, con cuatro mujeres por cada hombre.

Pero el SNS no lo mantiene en pie sólo el personal sanitario, por más que sea el que lucha en primera línea. Además de los 319.589 médicos y diplomados en Enfermería, el sistema da trabajo a otros 294.418 profesionales (farmacéuticos, técnicos, administrativos, auxiliares, celadores), cuya labor es imprescindible para prestar a los ciudadanos la atención debida.

La inmensa mayoría de ellos dependen de los gobiernos regionales, que hace años que tienen transferidas prácticamente todas las competencias en sanidad, sobre las que erigieron sus propios servicios autonómicos de salud. Tras el proceso descentralización, el Estado sólo retuvo la responsabilidad sobre esta materia en Ceuta y Melilla, así como la gestión de ciertos organismos de ámbito nacional.

De las comunidades no sólo depende la mayor parte de los recursos humanos del SNS, sino también los físicos: 3.048 centros de salud, 1.081 consultorios y 466 hospitales, de los que 322 son de titularidad pública y el resto tienen conciertos para la prestación de servicios concretos. Entre esos 466 hospitales hay 284 generales, 29 especializados, 106 de media y larga estancia y 47 dedicados a la salud mental y las toxicomanías.

Para sostener en funcionamiento toda esta estructura, las autonomías invierten cada año miles de millones de euros, cada una en función de sus objetivos de salud y de sus posibilidades presupuestarias. En 2019, fueron algo más de 62.000 millones, a los que hay que añadir otros 6.000 y pico que la Administración central destinó a la porción de la sanidad pública que aún depende de ella.

Con esos 62.000 millones se superó, por segundo año consecutivo, la cifra registrada justo antes de que comenzara la oleada de recortes en los servicios públicos acometida bajo el Gobierno del PP, so pretexto de atajar la crisis. Esos recortes hicieron que el presupuesto sanitario del conjunto de las comunidades pasara de casi 60.000 millones de euros en 2010 a poco más de 53.000 millones en 2014.

A partir de entonces, comenzó una remontada que culminó en 2018, cuando se volvieron a alcanzar los 60.000 millones de euros. Pero en medio dejaron de invertirse 28.686 millones, con el consiguiente deterioro en la prestación del servicio. El personal contratado bajó en 30.000 entre 2012 y 2015, y las listas de espera quirúrgicas, por ejemplo, pasaron de 241.339 a 614.101 pacientes en toda España.

La satisfacción de los ciudadanos con su sistema sanitario empeoró consecuentemente, sin que de momento haya recuperado el nivel que tenía antes de la implementación de las medidas de ajuste. A salvo, claro está, de lo que haya ocurrido a raíz de la prueba de fuego que ha supuesto la crisis del coronavirus.