El repunte de las demandas por hipotecas y alquileres impagados preludia un nuevo drama humano de vivienda

El aluvión de demandas de ejecución hipotecaria y de desahucio por impago de rentas de alquiler que han registrado en los últimos meses los juzgados españolas preludia que en los próximos que va a arreciar una crisis habitacional que, aunque redujo su intensidad, nunca acabó de remitir desde el estallido de la burbuja inmobiliaria: las algo más de 1.600 denuncias de ambos tipos presentadas a lo largo del año pasado suponen el inicio de unos trámites que amenazan con dejar en la calle a decenas de miles de familias y con devolver al país a situaciones cercanas a las que se dieron en la anterior crisis, aunque en esta agravada por la confluencia de la pandemia, la guerra y la inflación.

"La gente se está yendo a la calle, tanto con hipotecas como con alquileres", explica Concha Cano, de Stop Desahucios, que recuerda que "los desahucios nunca han estado a cero" y que "se están dando unas circunstancias similares a las del periodo de 2013 y 2014", en la fase de mayor intensidad de la anterior crisis.

Los datos que este lunes hizo públicos el INE (Instituto Nacional de Estadística) revelan un claro repunte de las demandas de ejecución de hipotecas por impago de cuotas, especialmente en el apartado de las viviendas habituales de personas físicas, es decir, de familias: 11.947 en un año, casi 230 por semana, a las que se suman casi 3.000 de segunda residencias y 5.344 propiedad de sociedades, las primeras con un notable aumento(+38,5%) mientras las segundas mantienen la tendencia a la baja iniciada en 2013.

Las primeras, las que afectan a viviendas principales, tuvieron un incremento del 57,4% frente a los registros del año anterior, un porcentaje en el que hay algo de efecto base por la caída que habían conllevado en 2020 el cierre de los juzgados y algunas medidas del escudo social y, al mismo tiempo, una parte notable de herencia de las soluciones de la anterior crisis.

El legado viene de la Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, uno de los remedios que el primer gobierno de Mariano Rajoy puso para la sangrante crisis habitacional que sacudía el país cuyas lagunas no acabó de cubrir el escudo social de 2020.

La ley establecía una serie de moratorias, periodos de carencia y aplazamientos varios para las hipotecas sobre viviendas principales de familias en situación de vulnerabilidad que no pudieran hacer frente a los pagos que les permitían aplazarlos, unas medidas que en la práctica, salvo cuando el proceso finalizaba con una dación en pago, se fueron revelando como meros procesos de acumulación de deuda cuya vigencia se fue prorrogando hasta mayo de 2020.

Para entonces, la batería de medidas sociales para hacer frente a la pandemia había establecido una prórroga de hasta cuatro años (hasta mayo de 2024) para la suspensión de esas ejecuciones hipotecarias, aunque con otros requisitos en los que no siempre encajaban los hogares que habían podido acogerse a las iniciales. Las demandas contra estos últimos son las que ahora están llegando a los juzgados. "Están teniendo el problema ahora. Tienen pendientes deudas muy elevadas a las que ahora tampoco pueden hacer frente", señala Cano, que anota que "en la nueva moratoria entra muy poca gente".

“Estamos reproduciendo los perfiles de 2008”

A esas demandas suspendidas durante varios años se les suman las derivadas de la crisis actual, que está siendo más intensa en los territorios con mayor dependencia del turismo. De ahí que las tres grandes comunidades del arco mediterráneo ocupen los primeros puestos en el ranquin de ejecuciones hipotecarias y que en ellas se concentren dos de cada tres casas afectadas: Comunitat Valenciana (7.573 fincas, 4.402 de ellas viviendas), Andalucía (6.727 y 4.510) y Catalunya (5.287 y 3.703).

"Estamos recuperando los estereotipos de 2008, tenemos los mismos perfiles con una demanda exagerada de segunda vivienda como inversión. Parece que no aprendimos", indica Eduardo Abad, secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), que prevé una menor afección que entonces al colectivo al haber optado sus miembros más por acudir a los avales del ICO (Instituto de Crédito Oficial) al comienzo de la pandemia que por volver a endeudarse.

"Lo que hemos hecho los profesionales no ha sido tanto volver a hipotecar la vivienda como recurrir a los avales del ICO, aunque, por supuesto, claro que hay quien ha tenido que rehipotecar su casa para intentar sacar adelante su negocio. Ha ocurrido, aunque no de manera cotidiana", señala.

Los bancos aprovecharon ese proceso para sustituir afianzamientos de carácter privado por los de carácter estatal que ofrecía el ICO, la liquidación de cuyas primeras cuotas llega el mes que viene tras dos años de carencia de los créditos.

Casi 40.000 peticiones de desalojo en un año

A este flanco del drama habitacional se le añade el derivado del alquiler, cuyos registros resultan de nuevo inquietantes: las tablas del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) contemplan la entrada en los juzgados de Primera Instancia de todo el país de 65.306 demandas de desahucio (lanzamiento) vinculadas a alquileres, unos datos que incluyen, además de los impagos, las negativas a abandonar la vivienda tras haber vencido los contratos.

"Los alquileres están por las nubes y hay gente a la que se le acaba el contrato y no tiene a dónde ir. Son desahucios invisibles", recuerda Cano.

Parte de esas demandas se fueron acumulando durante los meses que los juzgados permanecieron prácticamente cerrados el año pasado. "Ahora tememos un aluvión cuando decaiga la prórroga del escudo social el 30 de septiembre", dice.

Mientras esos pleitos llegaban al juzgado, otros servicios judiciales ejecutaban 39.096 desalojos, 10.103 por ejecución de hipotecas y 28.993 por impago de alquileres, lo que apunta a una nueva aceleración de ambos vectores tras los 28.060 de 2020.

Parte de esas ejecuciones, no obstante, se corresponden con actividades económicas y no con familias, aunque estas siguen siendo con mayor frecuencia las afectadas por los lanzamientos.

Las moratorias hipotecarias

Entidades como la asociación de consumidores Adicae reclamaron este lunes "la necesidad de establecer una nueva moratoria hipotecaria por al menos tres años que impida el inicio de nuevas ejecuciones y paralice las ya iniciadas".

"La realidad es que decenas de miles de familias están afrontando en los últimos años la pérdida de su vivienda en procesos de ejecución en los que, además, se establecen grandes cantidades añadidas a modo de deuda perpetua una vez se produzca el lanzamiento", sostiene esta entidad.

Este repunte de las demandas de ejecución hipotecaria llega unos meses después de que, según los datos del Banco de España, más de un millón de créditos de ese tipo fueran suspendidos ante la imposibilidad de sus titulares de hacer frente a los pagos como consecuencia de la crisis pandémica.

En este sentido, a la moratoria regulada por ley se acogieron 228.000 deudores cuyas hipotecas sumaban saldos por valor de 20.500 millones de euros, mientras que las suspensiones que ofrecieron las propias entidades financieras afectaron a 857.000 con un saldo de 34.000 millones.