Los grandes consumidores de electricidad de España, entre los que figuran la industria siderúrgica, la cementera o la química, así como los sindicatos y la oposición han recibido con decepción el borrador de medidas que contempla el nuevo Estatuto para los llamados consumidores electrointensivos.

Pese a que reconocen que es una medida que llevaban tiempo demandando, lamentan su falta de ambición para abordar la factura energética que soportan estas empresas con respecto a sus competidores europeos, en un contexto marcado por los anuncios de cierre de las plantas de Alcoa en Avilés (Asturias) y La Coruña, si no se encuentra próximamente un comprador.

¿Qué es el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos?

Para intentar mitigar los efectos de los costes energéticos sobre los grandes consumidores de energía, el Gobierno anunció un proyecto de real decreto para poner en marcha este Estatuto, que contempla mecanismos de apoyo para estas industrias y que se ha abierto a consulta pública.

Sin embargo, el contenido del proyecto ha sido calificado de "insuficiente" por el sector, que advierte de las indefiniciones e incertidumbres que presenta el Estatuto.

¿Cómo lo valora la AEGE?

La  asociación de empresas con gran consumo de energía (AEGE) cree que el proyecto del real decreto para el Estatuto ha "roto las esperanzas" de la industria al no solucionar el problema que sufren por no tener un precio eléctrico competitivo.

De hecho, señala que los datos de 2017 y 2018 ponen de manifiesto que el precio final que pagó la industria española fue de 20 euros/MWh más que el de sus colegas franceses y 25 euros/MWh que el de los alemanes.

También pone el acento en las incertidumbres presupuestarias por la compensación del CO2 y en el posible incremento de precios eléctricos –superiores a 2 euros/MWh– que la eliminación de la suspensión temporal del impuesto a la producción puede suponer a partir del 1 de abril.

Por ello, incide en que quedan pendientes de desarrollo otros mecanismos que exigían un mayor rango normativo, como son los que afectan a la fiscalidad y a los peajes de acceso a redes que, de aprobarse, supondrían un impacto de 10 y 4 euros/MWh, respectivamente.

Las empresas de AEGE, que suman más de 20.000 millones de facturación anual y 186.000 empleos, instan al Gobierno y a los partidos a aunar esfuerzos en este sentido.

¿Qué opina la patronal siderúgica?

El director general de Unesid, Andrés Barceló, cree que pese a ser un intento bienintencionado, es "claramente insuficiente" e incluso decepcionante y una "simple tirita" para afrontar los retos de la industria española.

Así, indica que puede resumirse en dos medidas: la exención del pago por capacidad y la exención a los consumidores electrointensivos del pago por el servicio de interrumpibilidad que, en el mejor de los supuestos, supondrán 2 euros/MWh de alivio para la industria.

"El Gobierno ha decidido que la mejor solución era la de café para todos", lamenta Barceló en un blog.

¿Y la industria química?

La patronal Feique cree que el contenido es "insuficiente" y deber ser mejorado ya que las grandes industrias consumidoras de energía necesitan "mucho más".

El director general de Feique, Juan Antonio Labat, considera que uno de los aspectos a mejorar es que la reducción de 1 euro/MWh en el precio de la electricidad para las industrias que prestan el servicio de interrumpibilidad se extienda al resto de empresas electrointensivas.

También pide ampliar las compensaciones por CO2 o reducir los peajes al consumo, pues en Francia son cinco o seis veces menores.

¿Qué opina la industria cementera?

El director general de la patronal Oficemen, Aniceto Zaragoza, cree que aunque el proyecto de real decreto del Estatuto "es de agradecer", tiene "una ambición limitada" con respecto a las medidas adoptadas por otros países del entorno.

Por ello, insiste en la necesidad de un precio eléctrico competitivo que no lastre a la industria y a su capacidad exportadora.

¿Cómo lo valoran los sindicatos?

CCOO lo considera insuficiente y que plantea incertidumbres muy preocupantes para el sector, mientras que UGT lamenta que no incida en profundidad en una tarifa energética competitiva para la industria. Ambos presentarán alegaciones al texto.

¿Y empresas como Alcoa?

Alcoa alerta de que la viabilidad de su planta de aluminio en el complejo de San Ciprián (Lugo) está en riesgo, si el Gobierno no adopta más medidas que las incluidas en el borrador del Estatuto, aunque no contempla su cierre, que sí llevará a cabo en las plantas de Avilés (Asturias) y La Coruña, si no encuentra próximamente compradores.

¿Y la oposición?

El PP cree que el borrador de Estatuto no es factible al no haber sido aprobado previamente por Bruselas, lo que podría implicar la apertura de un expediente sancionador, y culpa al Gobierno de los cierres de fábricas.

También el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, advierte de que si no hay una bajada del precio de la luz, no hay viabilidad para Alcoa y las empresas electrointensivas no tendrán futuro en Galicia.

¿Qué responde el Gobierno?

La ministra de Economía, Nadia Calviño, apunta que el precio de la electricidad "no es el único factor determinante para la permanencia y continuidad" de las industrias electrointensivas como Alcoa y añade que el borrador de Estatuto es "una propuesta razonable que va hasta el máximo posible con el régimen comunitario".