MADRID. -España está muy lejos de convertirse en el paraíso de la energía solar que se prometían años atrás los inversores. La batería regulatoria del PP en contra de las energías renovables ha dejado prácticamente en estado de coma al sector de la fotovoltaica en nuestro país.

En todo 2014 apenas se han instalado 22 nuevos megavatios de potencia solar, la inmensa mayoría en instalaciones para actividades agrarias y de regadío, de acuerdo con el último informe anual publicado este miércoles por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la asociación que aglutina a casi todo el sector.

El dato es, de lejos, el más bajo desde que en 2009 comenzaran a estancarse este tipo de instalaciones. Si entre 2007 y 2008 la potencia instalada creció en 2.700 megavatios, entre 2009 y 2010 lo hizo sólo en 427 megavatios y siguió disminuyendo entre 2012 y 2013 hasta los 122 nuevos megavatios. La cifra de 2014 es ínfima, además, si se compara con el extraordinario avance de la energía solar a nivel mundial, donde el año pasado se instalaron 40.000 nuevos MW, un 16% más que en 2013.

“Las razones hay que buscarlas en la ruptura de la seguridad jurídica de la ‘contrarreforma’ eléctrica, a la que se ha sumado la incertidumbre sobre una regulación de autoconsumo que, sin llegar a publicarse durante todo 2014, ha logrado sin embargo paralizar las inversiones”, señala el presidente de UNEF, Jorge Barredo, en el prólogo del informe.

El recelo de los inversores, tanto de los pequeños como de los más grandes, se hace patente también en otro dato: de los nuevos 22 megavatios que se han instalado el año pasado en España, la inmensa mayoría, 17 megavatios, fueron construcciones aisladas de la red, que son las que quedan fuera del Real Decreto de Autoconsumo que acaba de aprobar el Gobierno y que penaliza a los autoproductores por consumir la energía que ellos mismos generan.

“La sucesión de borradores y rumores sobre la existencia y valor de cargas impositivas insuficientemente justificadas redujo los niveles de instalación a mínimos”, cita el informe, que asegura también que la merma de puestos de trabajo en el sector se ha visto reducida de los 7.500 empleos en 2013 a los 5.000 en 2014. En 2008, cuando comenzó a expandirse gracias a las subvenciones, la fotovoltaica generaba en nuestro país 41.700 puestos de trabajo.

¿Y de ahora en adelante? Según ha explicado el director general de UNEF, José Donoso, en rueda de prensa durante la presentación del informe, con la nueva regulación ya en marcha las perspectivas a futuro tampoco son positivas. La asociación calcula que de aquí a 2020 la nueva potencia instalada en España crecerá sólo en unos 200 megavatios, frente a los 1.700 que estiman que podría hacerlo en un escenario en el que no se cobrase a los productores el peaje de autoconsumo (más conocido como impuesto al sol).

"Sólo seguirán instalando paneles solares particulares aislados muy concienciados con el medio ambiente", dice Donoso.

Demanda ante el Supremo

La nueva normativa, que se aplicará con carácter retroactivo, ha puesto en pie de guerra a los inversores que en su día decidieron destinar parte de sus activos al sector fotovoltaico español, subvencionado y con atractivos porcentajes de rentabilidad. Por estos cambios regulatorios, España acumula 300 demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) y más de 400 recursos en los tribunales nacionales.

UNEF ha anunciado también que está cerrando un recurso contra el Real Decreto de Autoconsumo ante el Tribunal Supremo y que está estudiando, junto con otras plataformas y asociaciones, la posibilidad de demandarlo ante la Comisión Europea por entender que viola varias directivas comunitarias, entre ellas la de eficiencia energética.
“Creo que cuando un Gobierno tiene que mentir para explicar lo que está haciendo es porque sabe que no está muy bien”, ha dicho Donoso.

El Gobierno ha justificado su reforma en la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico, que factura de media unos 18.000 millones de euros al año. No obstante, UNEF calcula que por cada 100 megavatios de potencia fotovoltaica instalada, la reducción de los ingresos del sistema disminuiría sólo en 2,6 millones de euros.