Maricarmen se queda en casa. A menos de 24 horas de que se ejecutara su desalojo, la inquilina ha recibido una comunicación del juzgado. Desahucio suspendido. Podrá seguir en el que ha sido su hogar siete décadas hasta que las administraciones competentes le ofrezcan una alternativa habitacional digna. "Es una victoria de la resistencia vecinal, de la lucha por el derecho a la vivienda", valoran fuentes del Sindicato de Inquilinas. Que no por ello dejan de mostrarse críticas: "La única solución pasa por que Maricarmen se quede en su casa".

Maricarmen recibió la comunicación en firme de desahucio hace apenas unas semanas. El 9 de octubre. Desde entonces, siempre de la mano del sindicato, la inquilina ha protagonizado encuentros, pasacalles, protestas y una intensa campaña de comunicación en redes sociales. "No me voy a ningún lado, me quedo", se mostraba firme en cada entrevista. Una resolución que, finalmente, ha surtido efecto. Convirtiéndose en todo un símbolo para cientos de inquilinos que atraviesan una situación similar, dentro y fuera de la capital. "Que salgan, que exijan, que pidamos todas juntas. Porque una sola persona no hace mucho, pero juntas podemos cambiar las cosas", exhortaba la vecina madrileña en conversación con Público.

La situación de Maricarmen viene de lejos. De un contrato de alquiler sustraído por su padre en el año 1956. Cuando ella tenía 17 años. Un contrato que, tras el fallecimiento de su padre, su madre consiguió subrogar y que ella misma subrogó una vez más cuando se quedó sola hace ya dos décadas, en el año 2005. Esta última actualización es la que impugnó en la Audiencia Provincial el fondo Urbagestion Desarrollo e Inversión S.L., propietario de su edificio desde 2018. Después de un lustro de enfrentamientos en los tribunales, el Supremo daba la razón el pasado mes de marzo a la propiedad. Aprovechando el sexismo de la legislación franquista, que impidió a su madre firmar el primer contrato de arrendamiento del piso, y el Decreto Boyer del año 85, que extinguió la fórmula de los contratos de renta antigua en España.

Pero Maricarmen no se dio por vencida. Consciente de que su lucha iba mucho más allá de ella misma. "Todos tenemos derecho a un techo. Nadie debería poder echar a una persona de su casa por dinero. Para hacer negocio", denunciaba la inquilina. Sabía bien de lo que hablaba. En su caso, los nuevos propietarios le ofrecieron una única alternativa: aumentar casi un 300% lo que pagaba de alquiler. De 500 a 2.650 euros al mes. Una cantidad que accedieron a bajar hasta los 1.650 euros, a sabiendas de que la pensión de Maricarmen, su única fuente de ingresos, se queda en los 1.450. "¿Cómo puedo pagar más de lo que tengo y encima vivir?", criticaba con indignación la vecina.

La lucha sigue. Por conservar su casa, por defender su vida. Con este objetivo en mente, el sindicato ha convocado una rueda de prensa a las 9h de este miércoles, 29 de octubre. Tendrá lugar frente al edificio de Maricarmen, en el número 46 de la calle Sainz de Baranda. En ella participarán -además de la afectada- Beatriz Duroa, abogada del caso, y Valeria Racu, portavoz del sindicato. "Porque esto no va solo de ella, sino del miedo y la inseguridad que sufrimos todas las inquilinas por culpa del rentismo, la especulación y los fondos buitre", apuntan desde la organización. Aprovechando para señalar el camino a seguir para revertirlo: promover los contratos indefinidos y facilitar la expropiación de vivienda a los fondos que juegan con ella como si se tratara de un activo. "La vivienda es un derecho. No una inversión o un negocio".