Una de las primera cosas que hizo el régimen franquista fue oficializar la represión hacia las mujeres, creando en 1941 el Patronato de Protección de la Mujer, ideado por la esposa de Franco, Carmen Polo, que fue presidenta de honor de la institución, inspirada por el nacionalcatolicismo.

Con aquel organismo, que dependía orgánicamente del Ministerio de Justicia y que tuvo delegaciones en todas las provincias, se pretendía reeducar a las jóvenes descarriadas de la rígida moral católica. Las congregaciones religiosas estuvieron al frente de los centros del patronato, donde miles de niñas, adolescentes y mujeres adultas fueron internadas, entre 1941 y 1985, enviadas por sus padres y hermanos normalmente, o conducidas allí por la Policía, por el simple hecho de mostrar un comportamiento poco recatado. El destino de las jóvenes embarazadas solteras fue, en su mayoría, los centros de reeducación del patronato.

Uno de aquellos centros fue el de Nuestra Señora de la Almudena, más conocido como Peñagrande por el barrio madrileño donde se ubicaba. Abierto en 1955, fue uno de los reformatorios femeninos más grandes de toda España, especializado en jóvenes embarazadas y madres solteras. También se le conoció como la maternidad de Peñagrande, porque había un paritorio donde daban a luz las internas y que estuvo atendido, entre otros, por el ginecólogo Eduardo Vela, vinculado, como se ha demostrado, con las adopciones irregulares durante la dictadura.

Los testimonios de las mujeres internadas allí, recogidos en los últimos años en documentales y reportajes, apoyados, sobre todo, por la memoria histórica del colectivo 'Las desterradas hijas de Eva', de Consuelo García del Cid, dan fe de las penalidades y vejaciones sufridas por las internas a manos de las religiosas.

Pero más allá de los testimonios en primera persona de las víctimas, existen pruebas documentales que los corroboran. Público ha podido acceder a un informe oficial, de 1968, que reseña todas las deficiencias de la vida en el reformatorio de Peñagrande, desde la escasa comida e higiene hasta los castigos físicos y emocionales que recibieron las internas. Imagen antigua del Colegio de Nuestra Señora de la Almudena, conocido como el reformatorio o maternidad de Peñagrande, en el barrio homónimo de Madrid.

Castigos físicos y trabajo esclavo

“Las internas pasan mucho tiempo dedicándose a la limpieza del centro en detrimento de tareas educativas (…) Se dedican a la limpieza de suelos y cristales, cocinan, friegan, lavan, planchan, repasan la ropa, son niñeras, cuidan de los animales de la granja, y tienen que hacer guardias por la noche”, consta en el informe, que denuncia, en definitiva: “Trabajo excesivo sin remuneración por parte de mujeres embarazadas”.

El Ministerio de Justicia, cuyos fondos nutrían al Patronato, quien a su vez financiaba los reformatorios, con partidas anuales a las congregaciones de monjas, encargó un estudio sobre el centro de Peñagrande. Hasta 1968 ya habían pasado por allí miles de mujeres. Varias funcionarias se personaron en el reformatorio, en el que en aquellos momentos estaban internadas 250 mujeres y niñas, con edades comprendidas entre los 12 y los 24 años, y 200 niños, de hasta cuatro años de edad. Estaba gestionado por 36 religiosas Esclavas de la Virgen Dolorosa. Dos años después, serían las Cruzadas Evangélicas las que se encargarían del centro hasta su clausura, a principios de 1984.

Llama la atención el apartado destinado a los castigos. Las funcionarias constataron que “estos más que castigos son vejaciones que no parecen estar conformes con el respeto debido a la dignidad de la persona humana. Las privaciones de comida y de descanso nocturno impuestas a jóvenes madres gestantes y lactantes que trabajan todo el día no están indicadas”, dice el informe.

El estudio no explicita más castigos, además de las privaciones de alimento y sueño. Para las funcionarias, que son citadas en el informe como 'visitadoras', aquellos castigos “deberían desecharse totalmente. Son peligrosos, 'ineducativos', anti legales y contrarios al espíritu cristiano”.

Por algunas de las mujeres que fueron recluidas en aquel centro, este diario sabe que otro de los castigos consistía en no poder atender a los bebés ni darles el pecho aunque lloraran a rabiar hasta que no se hubiera concluido la tarea asignada, por ejemplo, coser pantalones vaqueros, que luego las monjas vendían en el exterior.

Los castigos deberían desecharse totalmente. Son peligrosos, 'ineducativos', anti legales y contrarios al espíritu cristiano

Las autoras del trabajo sobre Peñagrande criticaron el régimen de vida “severo y carcelario de las internas, la censura en la correspondencia, el poco tiempo que las madres podían pasar con sus hijos y lo deficitariamente vestidas que iban
las chicas: “Llevan unas batas mal confeccionadas, desteñidas y en ocasiones no muy limpias”.

En cuanto a la alimentación, las funcionarias constataron lo deficiente que era: pocas proteínas y mucho pan. “Comida insuficiente, abundancia de pan y escasez de carne y pescado (...) Al mediodía, judías estofadas, sin chorizo ni tocino (…) Para cenar, figura chorizo con pan frito (…) que no fue del gusto de las jóvenes”.

Las cuentas de las monjas no cuadran

A las visitadoras les llamó la atención el poco gasto que hacían las religiosas en medicamentos. “Considerando que se producen unos 30 partos mensuales y es preciso añadir la medicación de gestantes, madres y niños, ese gasto es muy reducido”, decían.

En el capítulo económico, la congregación religiosa no salía bien parada. “Los datos que nos proporcionó la reverenda madre sobre subvención por acogida y día, dotación de ropa para los niños, etc. no concordaron con los que teníamos
del patronato”.

Como conclusión, las visitadoras pidieron que el centro cerrara, “se disolviera, y se reorganizara totalmente con un espíritu nuevo”. Pero nada más lejos de la realidad. El informe se guardó en un cajón, no tuvo efecto alguno pese a las graves irregularidades que denunciaba. Las vejaciones a las jóvenes no solo quedaron impunes, continuaron produciéndose 16 años más, como una marca indeleble de la represión franquista hacia las mujeres.

Niños robados y adopciones irregulares

El objetivo del reformatorio de Peñagrande era, sobre el papel: “Acoger a la joven soltera que va a tener un hijo y proporcionarle un ambiente discreto, hogareño, seguro, donde pueda prepararse para ser madre (…) Además prestarle una ayuda que le permita quedarse con el niño si así lo desea”, recordaba el informe, en 1968.

Sin embargo, las presiones a las jóvenes madres para que dieran a sus bebés en adopción, sin que conste en numerosos casos algún certificado oficial que recoja la renuncia de la madre, fue la tónica general en Peñagrande. Las visitadoras proponían que “se organicen urgentemente servicios de adopción, ya que está demostrado que en numerosos casos, esa medida es la mejor solución para el niño y para su madre”.

De aquellas presiones de las monjas a las jóvenes gestantes no hay, al parecer, prueba escrita. Pero los testimonios de muchas de las mujeres que dejaron en el centro a sus recién nacidos, ya fuera porque nacieron muertos, como les aseguraron, o porque no tuvieron más remedio que sucumbir a las amenazas de las religiosas, coinciden en señalar el modus operandi que ya apuntaban las funcionarias del Ministerio de Justicia: “No se trata de sugerirles y menos de imponerles el abandono del hijo, sino de orientarlas para tomar respecto a su hijo la mejor decisión”.

El extraño viaje de los 'papeles' de Peñagrande

El reformatorio de Peñagrande funcionó 29 años, hasta principios de 1984. Toda la documentación que generó su actividad, así como los archivos del Patronato de Protección a la Mujer y de Menor de Madrid, fueron trasladados a la recién creada Comunidad de Madrid. Así lo indicaba el Boletín Oficial madrileño en marzo de 1984.

Sin embargo, nunca llegó a producirse ese traspaso, como desveló una investigación de la revista Interviú en 2016. Esos archivos pasaron a la Dirección General de Protección Jurídica al Menor del Ministerio de Justicia, que en 1988 pasó a depender del Ministerio de Asuntos Sociales. Cuando este gabinete se fusionó, en 1998, con el de Trabajo, los papeles del Patronato en Madrid, incluidos los del reformatorio de Peñagrande, fueron enviados a la sede del Ministerio de Empleo, en la madrileña calle Agustín de Betancourt, donde permanecen.

De las 3.000 cajas de documentación que fueron transferidas al Ministerio de Empleo, solo se conservan 1.500. El resto fueron destruidas en 1996 debido a una inundación de los sótanos del ministerio, como confirmó a la citada revista Luis Casado de Otaola, jefe del Área de Documentación Administrativa del Ministerio de Empleo.

Y ahí, entre las cajas que se han conservado --apenas 30 de ellas contienen material sobre la delegación madrileña del Patronato de la Mujer, el resto versan sobre los servicios de protección al menor del franquismo en Madrid--, se halla el informe de 1968 sobre el reformatorio de Peñagrande. La periodista que firma este artículo descubrió el documento en 2017.

Este diario ha podido saber de antiguas fuentes de la Secretaria de Estado de Justicia que entre el material documental del Patronato de la Mujer en Madrid constan expedientes de mujeres internadas en Peñagrande, del nacimiento de sus hijos y de las posteriores adopciones llevadas a cabo por mediación de los servicios sociales de la dictadura, en manos de religiosas --por ejemplo, en Madrid, era la conocida sor María la encargada de las adopciones, muchas de ellas, irregulares, por lo que llegó a ser investigada--.

Pero esos expedientes, vitales para las personas que buscan sus orígenes biológicos, no aparecen. Puede que la mala fortuna provocó que desaparecieran entre las 1.500 cajas destrozadas por la inundación en 1996.