El escándalo que ha sacudido en las últimas semanas los cimientos del PP valenciano amenaza con hundir también, ante la ausencia de dimisiones, la credibilidad de los conservadores en el resto del país. A la espera de comprobar la contundencia de las medidas que toma el presidente valenciano, Francisco Camps, casi la mitad de los votantes españoles, un 45,2%, creen que debería ser él mismo quien abandone el cargo. El porcentaje duplica con creces a quienes animan al barón del PP a ignorar los indicios de delito que rodean a su gestión al frente de la comunidad. Sorprende también que un tercio de los encuestados no se pronuncie.

Este contundente rechazo a su permanencia en el cargo puede explicar en parte la decisión de Camps de esquivar uno de los escenarios que se barajaban en el PP para poner fin a la crisis, la convocatoria de elecciones anticipadas.

Uno de cada cinco votantes del PP también pide la cabeza de Camps

La indiferencia del presidente valenciano ante los informes policiales que denuncian la corrupción sistemática en el seno del PPCV, tampoco ha sentado bien entre los votantes conservadores. Un nutrido grupo de quienes apoyaron al PP en 2008, el 21%, cree que la primera cabeza que debe caer es la del presidente valenciano.

También es cierto que un porcentaje mucho más alto de los votantes conservadores, poco menos de la mitad, respalda, sin embargo, la decisión de Camps de aguantar el temporal. El 31%, casi igual que en el conjunto de los españoles, aún no tiene formada una opinión al respecto. Entre los socialistas, no hay duda: sólo un 8% defiende a Camps frente al 66% que cree imprescindible su dimisión.

Independientemente de las encuestas, lo que parece claro es que, a corto plazo, la tormenta desatada por la presunta financiación ilegal del PP valenciano no se llevará por delante a su presidente. Ante las preguntas de los periodistas sobre si asumiría responsabilidades, Camps optó el jueves por la respuesta del sordo. 'La dimisión que pedimos todos los españoles es la Rodríguez Zapatero', se limitó a contestar.

Un 9% de los socialistas se cree la teoría de la persecución

Menos confianza en su futuro pueden exhibir sus subordinados. Tanto el portavoz parlamentario del PP valenciano, Ricardo Costa, como el vicepresidente del Consell Vicente Rambla, ambos implicados en el caso de supuesta financiación ilegal, buscan apoyo dentro del partido. Su cargo, sin embargo, dependerá en gran medida de que Francisco Camps decida o no aplicar las cada vez menos acuciantes recomendaciones de Rajoy y Cospedal.

La reunión que el pasado miércoles mantuvieron el presidente del PP y su barón valenciano en el parador de Alarcón (Cuenca) parece haber pacificado de momento las relaciones de Camps con la dirección del partido en Madrid. Atrás queda el rosario de duras declaraciones que durante la semana pasada se lanzaban desde Génova, 13. Es el presidente valenciano quien gestionará el escándalo con voz, pero sin voto, del PP nacional.

Pero, mientras Camps gana aire, al PP nacional se le empieza a agotar. La teoría lanzada este verano por sus dirigentes según la cual existe una conspiración de jueces, policías y fiscales orquestados por Gobierno para acabar con la oposición no ha conseguido calar entre los votantes.

Un 42,1% de los encuestados considera que las acusaciones de financiación ilegal y corrupción en el PP valenciano, están fundadas. Otro 11,5% coincide en el fundamento de las denuncias si bien cree que se han utilizado como parte de una campaña contra el PP. Sólo un 18,5% acepta sin matices la teoría de los conservadores.

Tampoco entre sus fieles tiene un excesivo predicamento la conspiración denunciada por el principal partido de la oposición. Aunque es la opción mayoritaria, menos de la mitad, un 44%, se alinea en este tema con sus dirigentes. Si sumamos a quienes piensan que las acusaciones están fundadas y a quienes creen que se dan las dos circunstancias, los hechos y la campaña contra el PP, entre los votantes conservadores se alcanza un porcentaje del 34%, sólo 10 puntos por debajo de quienes no cuestionan la versión de Rajoy y los suyos.

De nuevo, entre los socialistas no cabe duda. El 70% considera fundadas las acusaciones y sólo un escaso 9% achaca el escándalo a una persecución dirigida. Sea como sea, será la Justicia quien tenga la última palabra. Y lo que decida no dependerá de una u otra opinión, sino de las pruebas.