Fèlix Millet y Jordi Montull seguirán desde sus casas el complejo proceso judicial por el saqueo del Palau de la Música que ambos, según su propia confesión, protagonizaron. El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Juli Solaz, decidió dejarlos en libertad sin fianza tras interrogarlos ayer por primera vez, 88 días después del registro policial en la entidad.

La decisión del juez se tomó en contra del criterio defendido por la Fiscalía, que había pedido prisión para los dos principales acusados de la trama, alegando el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. A esta petición se sumaron las acusaciones, ejercidas por la Fundació Orfeó Català y por el Consorci del Palau de la Música, que esgrimieron que el riesgo de huida es alto por los 'elevados recursos' de que disponen los querellados, algunos de ellos en el extranjero, y el 'escaso arraigo social y laboral' de Millet y Montull, debido al reproche que ha suscitado su fraudulenta gestión al frente de una institución tan 'singular' como el Palau.

Los interrogados se cruzaron acusaciones por los desvíos de fondos

El juez, sin embargo, se mostró inflexible y, en coherencia con su instrucción hasta la fecha, desestimó encarcelar al ex presidente del Palau y a su mano derecha de forma preventiva. No apreció la existencia de esos riesgos y acordó dejarlos en libertad, imputados por los delitos continuados de apropiación indebida, malversación y falsificación documental, con la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el país.

Durante el interrogatorio, los querellados se ratificaron en su carta de confesión, en que admitían haber desviado 3,3 millones de euros. Los imputados contestaron a las preguntas de todas las acusaciones y ampliaron detalles de ese desvío de fondos, que dicen haber destinado a obras de reforma en sus viviendas y a viajes familiares.

'Han pasado por el escarnio de confesar', recordó uno de los abogados

Sin embargo, ambos se desvincularon de las operaciones en las que, según la Fiscalía, se produjo el desvío de los fondos del Palau, nutrido en buena parte de subvenciones públicas, y se responsabilizaron mutuamente de las mismas. Así, mientras Millet afirmaba que él no intervenía en esas decisiones y que sólo firmaba las operaciones económicas, Montull se escudó en que se limitaba a obedecer las órdenes de su superior. Ambos coincidieron, no obstante, a la hora de exculpar a todos sus familiares, incluida Gemma Montull, también imputada.

La Fiscalía ya ha anunciado que, cuando conozca el auto del juez, se planteará recurrir la decisión, como ya hizo en los últimos meses para solicitar al juzgado que procediera a interrogar a los imputados.

El colofón lo puso la comparecencia de Pau Molins y Jordi Pina, letrados de los imputados. Ambos recordaron que si sus defendidos hubieran querido abandonar el país, 'lo podrían haber hecho en agosto o septiembre'. Además, recordaron que los delitos por los que se les acusará 'no son delitos de 25 años de cárcel', ya que la apropiación indebida se castiga con un máximo de seis, 'aunque hayan tenido lugar en el Palau'.

Los abogados volvieron a lamentar que existe una presión social por el caso, respecto a la cual comentaron lo siguiente: 'Entendemos que a la opinión pública le interesa si habrá o no prisión, pero la Justicia está dentro de estas paredes'.

Fue el epílogo a una jornada que arrancaba con la llegada de Millet a la Ciudad de la Justicia. Lo hizo como en sus años dorados, a bordo de un coche que no conducía él, aunque se le vio muy envejecido, tal vez por algo que recordó su abogado: 'Millet y Montull han pasado por el escarnio y la vergüenza de confesar'. De momento, no afrontarán ninguna otra pena.