Las Cortes abonan cada año un total de 2.613.859 euros para costear los distintos complementos de pensiones e ingresos que establece el reglamento aprobado por el Congreso y el Senado. Los datos publicados ayer en su web reflejan cinco tipos de prestaciones.

La más costosa más de un millón al año beneficia a 76 exparlamentarios que perciben una pensión parlamentaria a cargo de las Cortes para elevar su jubilación a la pensión máxima fijada por ley 14 pagas de 2.497 euros mensuales, es decir, 34.970 euros al año. El exdiputado de IU Pablo Castellano recibe la mensualidad más alta (2.877 euros en 12 pagas), seguido por Cristina Almeida, que militó en IU y PSOE (2.589 euros). Ambos han desarrollado una intensa actividad privada como letrados.

Esta pensión se estableció teóricamente para compensar a quienes que no pudieron cotizar por su labor clandestina en la dictadura. El exlíder del PCE, Santiago Carrillo, es un ejemplo representativo. Percibe 693 euros al mes. Paradójicamente, en sus antípodas de origen pertenece a una acomodada familia de la burguesía catalana el exparlamentario y abogado de CiU Josep María Trias de Bes, ahora en UPyD, triplica esta ayuda al cobrar 2.117 euros.

Acebes cobrará 59.000 euros como indemnización por cese de actividad

Emparejada a esta prestación, Congreso y Senado abonan 741.450 euros anuales a 62 viudos y viudas de exparlamentarios. Este derecho se ha eliminado, sin carácter retroactivo, en la última reforma de este régimen de prestaciones.

Este reglamento establece también el pago de un complemento de ingresos, en 12 mensualidades, que perciben 56 exdiputados y senadores por un montante total de 713.083 euros al año.

Ricardo García Damborenea, exdiputado del PSOE condenado por su relación con los GAL, cobra 2.061 euros al mes con esta ayuda, potestativa de las cámaras, cuya concesión se endurecerá la próxima legislatura. Se aplica a los exparlamentarios que no pueden acceder a una pensión de las Cortes por haber tenido un mandato inferior a siete años. Completa sus ingresos durante toda la vida hasta sumar 1.687 euros, el 60% de la asignación constitucional salario base de un parlamentario en activo.

Esa asignación íntegra (2.813 euros) es la mensualidad que reciben los dos diputados que cobran la indemnización por cese en la actividad parlamentaria. Su cuantía equivale a un mes por año de trabajo en las Cortes hasta un máximo de 24 meses. Ángel Acebes, ex secretario general del PP, es uno de sus perceptores. Recibirá 21 mensualidades (59.091 euros en total). El otro beneficiario, Francisco González, renunció a su escaño por enfermedad y tiene derecho a 17 mensualidades (47.835 euros).

Pablo Castellano (IU) es el exdiputado que recibe la pensión más alta

Esta prestación fue retocada también en la reciente reforma del reglamento de los exparlamentarios, declarándola incompatible con otros ingresos. La modificación no es retroactiva, por lo no se puede aplicar a Acebes, que dejó su escaño tras compatibilizarlo con un puesto de consejero en Cibeles (del grupo Caja Madrid) y entrará ahora a formar parte del consejo de Bankia.

En esa reforma se eliminó también el pago de la Seguridad Social a cargo de las Cortes para que los exparlamentarios completaran su cotización. Dos exsenadores del PP, Manuel Cabezas y Javier Sopeña, se benefician de este privilegio. Sopeña, percibe también 1.989 euros al mes, por acreditar carencia de otros ingresos y de patrimonio.