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Amnistía denuncia irregularidades en el caso que dejó impunes las torturas de cinco legionarios en Irak

La organización asegura que la justicia militar no hizo todo lo necesario para identificar a los responsables de los malos tratos y a las víctimas. El caso fue archivado a pesar de que el juez acreditara que se cometieron los abusos. 

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Un legionario español en la base de Diwaniya, al sur de Bagdad, en mayo de 2004. - AFP

MADRID.- A costa de la guerra de Irak se han contado muchas mentiras y, por el mismo precio, se han escondido muchas verdades. Todos los países implicados en la invasión se han visto salpicados por historias de abusos y violaciones de derechos humanos. Entre ellos, España. Amnistía Internacional ha publicado este miércoles un informe en el que revela las irregularidades cometidas durante la investigación de la Justicia militar que dejó impunes a cinco soldados españoles procesados por torturar a dos prisioneros iraquíes en la base española de Diwaniya, a unos 200 kilómetros de Bagdad.

A principios de 2004, un grupo de militares que pertenecían al Tercio Alejandro Farnesio de la Legión, con base en Ronda (Málaga), acudió a la celda donde se encontraban dos iraquíes "con el fin de humillarlos". El Juzgado Togado Militar abrió una investigación después de que el diario El País difundiera en marzo de 2013 un vídeo de 40 segundos en el que se veía cómo tres de los legionarios pateaban a los dos prisioneros en el suelo, mientras otros dos los observaban y un sexto los grababa. Los militares fueron acusados de violar las leyes y usos de la guerra.

"Esta es una mancha en el historial del Ejército español. Si no se hace justicia, estos actos de tortura planearán sobre la actuación de las tropas españolas"

Bajo el título Torturas cometidas por soldados españoles en Irak: 12 años sin justicia, el documento de Amnistía denuncia que el proceso contra los militares "no ha cumplido con las exigencias de exhaustividad contempladas en los estándares internacionales".  Las irregularidades de la investigación militar, asegura la organización, llevaron a que el Tribunal Militar Penal dictara el sobreseimiento provisional del caso en septiembre de 2015.

Amenazas y presiones

La Justicia castrense no ha negado en ningún momento que los malos tratos no se cometieran. Sin embargo, aduce que al no haber acusación popular ─en la jurisdicción militar no está permitida la acción popular─ no puede acusar a nadie y argumenta, entre otros motivos, que archiva la causa porque los presos no han sido identificados y, por lo tanto, no han podido personarse. "Esta es una mancha en el historial del Ejército español. Si no se hace justicia, estos actos de tortura planearán sobre la actuación de las tropas españolas", asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

La organización, que ha tenido acceso a parte del expediente del caso, incluidos los autos judiciales, considera que "no se ha hecho todo lo posible para identificar a los responsables de los abusos y a las víctimas", declara a Público Ignacio Jovtis, autor del informe. La Fiscalía Militar defiende que no hay testigos válidos que constaten los malos tratos. Sin embargo, el investigador de Amnistía destaca que durante el proceso se descartó "sin base jurídica aparente" el testimonio de un testigo que vio el vídeo original y que pudo identificar a cuatro de los cinco presuntos autores de los abusos. En la grabación utilizada en la investigación los rostros aparecen pixelados. Asimismo, está también la declaración de otro testigo, el soldado que grabó las torturas.

Jovtis denuncia que estos dos militares pudieron sufrir amenazas y presiones por parte de altos mandos de la Legión para que no contaran lo sucedido, tal y como ellos mismos declararon. El autor de la grabación en un primer momento identificó y acusó a sus compañeros. En una declaración posterior, ya como testigo en vez de como imputado, se desdijo de sus palabras.

En opinión de Amnistía, las amenazas no fueron investigadas "de manera exhaustiva". La organización muestra su preocupación por que la investigación se centrara en interrogar al testigo principal, cuyo testimonio se habría intentado condicionar, sin que se haya interrogado a los autores de las presuntas amenazas. La cosa no queda ahí. Ni siquiera los propios procesados fueron llamados a declarar y, además, la Fiscalía Militar no estuvo presente cuando el soldado que grabó el vídeo fue interrogado.

Argumentos "sólidos" para reabrir el caso

La Justicia castrense tuvo en su mano otros elementos que, a juicio de Amnistía, tampoco fueron investigados adecuadamente al archivarse el caso de forma provisional, como la identificación de la celda donde se cometieron los abusos o intervenciones de conversaciones telefónicas de implicados en el caso y sus familiares. "Por si fuera poco", insiste la organización, desapareció el libro de registro de detenidos, que hubiera servido para identificar a las víctimas, a las que nunca se intentó contactar.

"Los tribunales militares no reúnen las condiciones de independencia e imparcialidad que son requeridos para la investigación de crímenes de derecho internacional"

Ignacio Jovtis defiende que el informe de Amnistía aporta argumentos "sólidos" para poder reabrir el caso. Representantes de la ONG se reunieron con el Fiscal General del Estado y la Fiscalía Togada a los que solicitaron que la investigación pasara a la jurisdicción ordinaria. Una petición que estará apoyada por una campaña lanzada a través del centro de activismo online de la organización y con la que espera llamar la atención sobre el caso. "Sólo así se impediría que se mantenga un clima de impunidad que dura ya más de diez años en relación a crímenes de de derecho internacional como son la tortura u otros malos tratos, que entre otras características, no prescriben nunca", recuerda Esteban Beltrán.

Preguntado por el caso, la única respuesta que obtuvo Amnistía del ministro de Defensa, Pedro Morenés, al que solicitó en 2013 que la causa se transfiriera a la justicia ordinaria, fue la de mostrar su apoyo a la investigación castrense. "Los tribunales militares no reúnen las condiciones de independencia e imparcialidad que son requeridos para la investigación de crímenes de derecho internacional", sostiene el informe. La organización sigue esperando que las autoridades informen sobre el destino y paradero de las 111 personas detenidas en Irak por las fuerzas españolas.

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