'Si a base de voluntarios sin una sede propia ni una oficina hemos conseguido recuperar 1.500 cuerpos de fusilados, el Gobierno podría solucionar todo en tres años. Para eso es un Estado', reaccionó ayer el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva. El apoyo del grupo socialista a la moción presentada por los grupos de izquierda en el Congreso no convenció a los colectivos que llevan diez años recuperando la memoria olvidada de las víctimas de la represión franquista.

El Gobierno achaca el descontento de las víctimas con la Ley de la Memoria 52/2007 a la falta de colaboración de las comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por el PP. Sin embargo, las víctimas creen que ese aspecto es un asunto menor que encierra una trampa. 'No queremos que echen sobre la espalda de las víctimas el debate con el PP. Bastante tienen las familias para estar contribuyendo a un debate que sólo interesa al Gobierno', espeta Silva.

El Gobierno culpa del descontento de los familiares a la oposición del PP

Fuentes del Ministerio de Presidencia aseguran que 'no contemplan modificar la ley que apenas cuenta con tres años de desarrollo, sino potenciar el poder político de la oficina de atención a las víctimas y utilizar su capacidad de presión para obligar a las administraciones del PP a colaborar'. La oficina fue creada en diciembre de 2008 y su ineficacia ha sido tal que la ARMH creó una paralela para atender las peticiones.

'Lo primero que deberían hacer es contar con las personas que llevan diez años especializándose en estos trabajos', analiza el vicepresidente de la ARMH, Santiago Macías. Desde hace una década, cuando fue exhumado el primer represaliado con técnicas científicas y con uso de ADN el abuelo de Emilio Silva, especialistas de varios campos se han especializado en la búsqueda, exhumación e identificación de restos humanos. Ninguno ha sido consultado por la oficina de víctimas para exhumar fosas.

Silva: 'Cada año mueren los hijos de las víctimas sin saber dónde están'

'Con una política pública de memoria estatal y adecuada no se habría alcanzado el problema social que ha supuesto el proceso penal abierto por el juez Baltasar Garzón', analizó en Austria el pasado sábado el conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Saura, durante uno de los actos de homenaje a las víctimas españolas del holocausto nazi.

La Generalitat se adelantó al Gobierno el 25 de marzo de 2008 al poner sobre papel el compromiso de la administración para facilitar los archivos de los registros, las pruebas de ADN y los trabajos de exhumación de las más de 150 fosas identificadas en Catalunya. La falta de concreción de la Ley de la Memoria que no otorga proyectos concretos de exhumación de fosas llevó a muchas víctimas a buscar una vía judicial en la Audiencia Nacional.

El Gobierno ha emprendido hasta ahora un mapa de fosas incompleto por la falta de información de las comunidades gobernadas por los conservadores. 'Con o sin el PP, los mapas de fosas son muy poco operativos. Nosotros hemos exhumado en fosas que no están en esos mapas. Para hacer este trabajo hay que ir a cada pueblo en busca del testimonio oral y no he visto a nadie del Gobierno hacer eso', advierte Macías.

'Es el mundo al revés. Deberíamos ser nosotros los que pidiésemos ayuda a esa oficina de víctimas para aquello inalcanzable para una asociación y, sin embargo, son ellos los que nos llaman para pedirnos la información', añade. 'Es una auténtica vergüenza que hablen de protocolo de exhumación. Basta con que le pongan un sello del Ministerio de Justicia al que ya está hecho en un libro publicado en 2004 en la editorial Ámbito que se titula Memoria de los olvidados', reivindica Silva.

Las asociaciones de familiares lamentan la falta de decisión del Gobierno por una razón decisiva: 'Cada año se mueren los hijos de las víctimas sin saber dónde mataron a su familiar'.