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Los bancos se adhieren al Código de buenas prácticas del Gobierno

La CECA ha anunciado que en los valores de las entidades financieras está "la lucha por la exclusión social"

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Bankia, CaixaBank, Ibercaja, Unicaja, Kutxabank y el grupo BMN también ase suman al Código de Buenas Prácticas que propuso el Gobierno en el Congreso para intentar frenar los desahucios de familias en riesgo de exclusión social y se espera que el resto de cajas hagan lo mismo.

El Código de Buenas Prácticas se incluye en el real decreto-ley de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado sábado. La norma establecía la adhesión voluntaria de las entidades financieras a dicho código, durante un periodo de al menos dos años.

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha informado su adhesión, tal y como lo hizo ayer cuando CatalunyaCaixa y Novagalicia se comprometieron a seguir el código, junto al Banco Santander, Sabadell, Bankinter, Cajamar y el grupo rural CRM. Esta entidad ha señalado que la lucha contra la exclusión social y financiera es uno de los objetivos con los que se fundaron estas entidades.

Ha destacado que la adhesión de Bankia, CaixaBank, Ibercaja, Unicaja, Kutxabank y el grupo BMN tiene 'especial relevancia' ya que las cajas están especializadas en la financiación a empresas y familias y han favorecido el acceso a la vivienda en propiedad de todas las capas de la población.

En principio, en abril se conocerán el resto de entidades que se han acogido al texto y que, según ha reconocido públicamente el Gobierno, espera que sean muchas a pesar de las reticencias que recibió inicialmente del sector financiero.

Las familias que se encuentren en situación extrema, es decir con todos sus miembros en paro y con escasos ingresos que se dedican al menos en un 60 % a la cuota hipotecaria, podrán refinanciar el préstamo con el que adquirieron su única vivienda, que no podrá valer más de 200.000 euros en las grandes ciudades ni más de 120.000 en los núcleos más pequeños.

Si después de estas medidas la cuota a pagar se sigue llevando el 60 % de los ingresos con que cuenta la familia, el cliente podría pedir a su banco que estudie si aplica una quita de parte del capital pendiente de pago. Si no recibe el visto bueno de la entidad o aún obteniéndolo, la familia es incapaz de pagar su cuota, podrá entregar la vivienda al banco y saldar con ello su deuda, teniendo la opción de permanecer en el inmueble en alquiler al menos dos años.

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