El que piense que la decisión del juez Baltasar Garzón de solicitar un traslado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional supondrá la paralización de los procedimientos que el Tribunal Supremo tiene abiertos en su contra, se equivoca. La declaración de una situación de servicios especiales sólo supone que el juez no pierde su plaza, por lo que Garzón seguirá siendo el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, aunque al frente de él esté otro magistrado.

Al no perder su plaza tampoco pierde su condición de aforado, la que determina que sea el Tribunal Supremo el competente para investigarlo y juzgarlo. Por eso, salvo una rebaja sustancial del interés mediático que conlleva cualquier decisión que afecta al todavía juez de la Audiencia Nacional, nada se notará en los procedimientos abiertos en su contra en el alto tribunal.

Garzón conservará la plaza en el Juzgado Central número 5

Es decir, seguirá estando imputado en tres procedimientos: por haber abierto la primera causa penal por los crímenes franquistas; por el patrocinio de los cursos que impartió en Nueva York y, a su vuelta al juzgado, haber archivado una querella contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín; y por haber ordenado la intervención de las comunicaciones de los tres imputados presos en el caso Gürtel y haber escuchado las conversaciones que estos mantenían con sus abogados.

Las tres causas comparten una imputación: el delito de prevaricación, el más grave del que puede acusarse a un juez: dictar resoluciones sabiendo que son injustas. Además, en la de los cursos de Nueva York, también se lo acusa de cohecho y en la de las escuchas, de un delito contra las garantías de la intimidad.

En las tres causas ha tenido que declarar como imputado ante magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo: el 9 de septiembre, en la causa de la Memoria Histórica; el 15 de abril, en la de los cobros; y el pasado día 10, en la de las escuchas de la Gürtel.

La única forma que Garzón tenía de tratar de librarse de la Sala Segunda del Supremo era renunciando a la Audiencia Nacional. De esa forma perdería su condición de aforado y los tres procedimientos pasarían a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. Una fórmula que no entraba en sus planes.

Por investigar los crímenes franquistas 

Es el procedimiento más avanzado. El instructor, Luciano Varela, tiene pendiente el auto de apertura de juicio oral, aunque sería difícil de explicar que lo hiciera antes de que la Sala de lo Penal del Supremo resuelva los recursos de Garzón para pedir la nulidad de los escritos de acusación de Manos Limpias y Falange Española de las JONS. El juez también cuestiona cómo se resolvió la recusación de Varela. 

Por el patrocinio de los cursos en Nueva York 

El juez Garzón declaró el pasado 15 de abril como imputado en esta causa. Desde entonces, el magistrado instructor, Manuel Marchena, ha tomado declaración a dos testigos. Uno de ellos, el ex directivo del Banco Santander Gonzalo de las Heras, tendrá que volver de Nueva York con el expediente completo del patrocinio de los cursos que dio Garzón. El presidente de la entidad, Emilio Botín, está citado para el día 19. 

Por las escuchas del ‘caso Gürtel'

Es la última causa abierta contra Garzón en el Supremo. El magistrado instructor, Alberto Jorge Barreiro, le interrogó este lunes en relación con la intervención de las conversaciones de los tres imputados del ‘caso Gürtel' en prisión. En este procedimiento acusan al juez el ex fiscal Ignacio Peláez, el presunto cabecilla de la trama de corrupción, Francisco Correa, y el considerado su lugarteniente, Pablo Crespo.