Campos se declara inocente pese a que firmó lo contrario

En el tercer día de declaraciones en la causa por los trajes, dentro del caso Gürtel, es el turno para el exvicepresidente del Consell valenciano Víctor Campos, el ex jefe de gabiente de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret y el exgerente de Orange Market Álvaro Pérez, conocido como 'el Bigotes'.

El primero en hacerlo ha sido Víctor Campos, que se ha declarado inocente del delito de cohecho por el que fue condenado en septiembre con una declaración de conformidad, que según ha dicho firmó "a efectos formales" para "acabar con un drama personal" desproporcionado y "absurdo".

Así ha contestado Campos a preguntas de la representante de la Fiscalía Anticorrupción. "Yo firmé la conformidad a efectos formales, me considero inocente", ha asegurado el exvicepresidente de Francisco Camps, quien junto al exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret aceptó en septiembre el pago de una multa de 9.600 euros por aceptar regalos de la trama Gürtel.

Preguntado por la fiscal sobre el decomiso del dinero que costaron varias prendas de vestir, Campos ha contestado: "Ya aporté la cantidad que se me reclamó -que ha cifrado en más de 5.000 euros- que, en teoría, costaron unos trajes que nunca me regalaron". "Acepté la condena, y punto", ha señalado el exvicepresidente del Consell.

Campos asegura que los cuatro encausados pactaron firmar la declaración de conformidad

Campos ha reiterado que la "idea" de los cuatro procesados era firmar la conformidad y aceptar la condena, y que habló con Francisco Camps en ese sentido la mañana del 20 de julio, el día en que finalmente dimitió como president de la Generalitat. Camps y Costa no firmaron dicha declaración.

A preguntas del abogado de la acusación popular que ejerce el PSPV-PSOE, Campos ha revelado que la decisión de aceptar su culpabilidad por haber recibido regalos de la trama  la tomó en agosto de 2009, cuando sufrió un infarto, y tras sopesar las ventajas de acabar con este "drama" para su familia y su salud.

El exvicepresidente del Gobierno valenciano, preguntado si la firma de los cuatro procesados -él, Camps, Ricardo Costa y Rafael Betoret- era algo acordado, ha respondido: "Entendí que así habíamos quedado los cuatro y ahí se terminaba con todo".

Campos dice que "ni se planteó" tener que declarar como testigo en el juicio

"Pagaba la multa y se acababa esta historia", ha señalado para reconocer que se le puede achacar "cobardía" o de ser "indecoroso" con esa actitud, pero ha insistido en defender que así acabaría con este "extraño proceso, cargado de un tufo político tremendo" desde su punto de vista".

Asimismo, preguntado por el abogado de la acusación popular si contempló la posibilidad de ser llamado como testigo tras ser declarado culpable y evitar así el juicio, ha contestado: "Ni me lo planteé. Creía que ya había acabado todo".

Ha calificado de "obvia" la "relación mercantil de proveedor-cliente" de la firma de la trama Orange Market, dirigida en Valencia por Álvaro Pérez "el Bigotes", con el PP valenciano, y ha tachado de "absurdo" que los consellers del Gobierno valenciano puedan estar "a las órdenes" de un diputado, o que un parlamentario autonómico pueda influir en el Ejecutivo o en los funcionarios de la Generalitat. 

El juez se niega a suspender el juicio

La declaración de inocencia de Campos ha provocado que la acusación popular y el Ministerio Fiscal pidieran la suspensión del juicio al antender que su testimonio contradice la sentencia de conformidad que firmó, algo a lo que el juez se ha negado.

La negaciación por parte de Campos de haber recibido regalos de la trama corrupta supone una "revelación novedosa" en opinión del letrado Virgilio Latorre, representante de la acusación popular ejercida por el PSPV-PSOE. Latorre ha pedido la suspensión de la declaración para redirigir el interrogatorio "sobre todos los extremos en los que se produjo la acusación y pudiera tener repercusión sobre el resto de acusados".

Del mismo modo, la fiscal ha pedido la suspensión para "indagar los términos en los que se produjo su conformidad" con la acusación de haber aceptado regalos.

Betoret se niega a declarar

El siguiente turno era para el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, que se ha negado a declarar en la vista por estar imputado en otros procesos vinculados a este procedimiento.

El ministerio fiscal ha pedido inicialmente que el testigo aclarase si no iba a responder a nada o si, por el contrario, y como sucedió ayer con Pablo Crespo, podría responder a alguna de las partes, y ha solicitado que, en caso de que se negase a declarar, no se le tomase juramento en ningún momento.

Betoret ha permanecido en la sala media hora (entre las 09:55 y las 10:25 horas) y finalmente no ha respondido a ninguno de los interrogatorios, el más extenso de los cuales ha sido el del ministerio fiscal.

Peñas dice que Correa le asesoró sobre un sastre que hacía "todas las cosas" a Camps y Costa

Después, el exconcejal de Hacienda de Majadahonda José Luis Peñas ha asegurado que Francisco Correa -con quien mantenía una estrecha relación por la amistad que tenía con su esposa, que trabajaba en el mismo Ayuntamiento que este testigo- le habló en una conversación sobre trajes que le podía recomendar un sastre con el que la trama hacía "todas las cosas" para Valencia, para Francisco Camps y para Ricardo Costa.

El exconcejal denunció diferentes actividades llevadas a cabo por el conglomerado de empresas liderado por Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes'.

Peñas presentó en 2007 diecisiete grabaciones que hizo durante dos años tras constatar que el grupo de empresas de Correa y Crespo podía estar cometiendo algún delito, en una de las cuales la exadministradora Isabel Jordán -que declaró ayer- le confiesa que ha tenido que adelantar ella el pago de 30.000 euros por unos trajes regalados a Camps.

En su intervención, Peñas ha relatado cómo Crespo coordinaba "todos" los movimientos económicos de las empresas que conformaban la red de Correa, el trato "agradable y cercano" que tenían para poder ganarse la confianza del PP y de gobiernos autonómicos y municipales, y de la existencia de una "caja B real" en la oficina central del grupo, situada en el número 40 de la madrileña calle de Serrano.